PROGRAMA PSOE: 1986/1990

PARA SEGUIR AVANZANDO POR BUEN CAMINO

INTRODUCCIN

En octubre de 1982 el PSOE ofreci al pueblo espaol un programa 
en el que se planteaba como tarea prioritaria afrontar la grave 
situacin social, poltica y econmica en que se encontraba 
Espaa.

La derecha gobernante hasta entonces se vea imposibilitada para 
abordar los cambios necesarios. Por una parte, porque era la 
responsable de esa situacin tras varios decenios de detentar el 
poder. Por otra, porque estaba sumida en una profunda crisis, 
dividida por sus propios enfrentamientos internos y carente de la 
conviccin necesaria para romper con las hipotecas del pasado.
El pueblo espaol as lo interpret y mayoritariamente dio su 
confianza al PSOE para abrir una nueva etapa que significase un 
cambio cualitativo. Era necesario el cambio poltico, no slo para 
afrontar problemas que hasta entonces se haban ignorado, sino 
porque la sociedad reclamaba tambin una nueva forma de gobernar.
De este modo, el PSOE, un partido joven desde el punto de vista de 
la edad de sus miembros, hubo de pasar a ejercer las tareas de 
gobierno, Se trataba de combinar nuestros ideales de una sociedad 
libre y participativa, igualitaria y prspera con las tareas 
inmediatas de cambio que precisaban el Estado y la sociedad en 
Espaa.

En este contexto, los ejes fundamentales de nuestra oferta 
poltica se centraron en la consolidacin y desarrollo de la 
democracia y en la lucha contra la crisis econmica. Ambos eran 
grandes objetivos cuya concrecin exiga un conjunto de medidas 
que, precisamente, constituyeron el Programa Electoral de 1982.
Ahora, en junio de 1986, los socialistas nos presentamos de nuevo 
ante el electorado para ofrecerle un nuevo programa y recabar su 
apoyo. La situacin es diferente y creemos que lo es en un doble 
sentido.

Por una parte, en octubre de 1982 nos presentbamos desde la 
oposicin y aspirbamos a que la confianza del pueblo nos diese la 
responsabilidad del poder. Ahora, despus de cuatro aos de 
ejercer esa responsabilidad, solicitamos de nuevo la confianza del 
pueblo para continuar la tarea emprendida.

Por otra parte, creemos que estos cuatro aos han supuesto un 
cambio de situacin social, poltica y econmica de una magnitud 
tal que hacen que la urgencia y la gravedad con que se presentaban 
los problemas en 1982 estn ya superadas.

1.	LA CONSOLIDACIN Y DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

La consolidacin de la democracia y su desarrollo constituy un 
gran eje de la oferta socialista en 1982. Y se presenta ahora, en 
1986, como un activo del que todos podemos sentirnos orgullosos, 
porque por definicin, la democracia es una tarea colectiva y, por 
mucha voluntad que tenga un gobierno o una fuerza poltica, sin el 
esfuerzo de la mayora no hay democracia posible.

Para avanzar ms en este compromiso de profundizar la democracia 
los socialistas pedimos de nuevo el apoyo del pueblo espaol, que 
ya recibimos en 1982 porque vio en nosotros la nica fuerza 
poltica que, careciendo de vinculaciones con un pasado que todos 
queramos superar, tena al mismo tiempo la fuerza y la voluntad 
de construir un proyecto social estable.

Cuando asumimos la tarea de gobierno el modelo poltico de la 
transicin estaba ultimado desde el punto de vista de la 
estructura bsica del Estado. Esto no quiere decir que no faltasen 
todava numerosas normas en el desarrollo de la Constitucin. Si 
los primeros aos de transicin iniciaron la definicin del marco 
jurdico-poltico de la democracia, restaba hacer funcionar las 
instituciones, superar una mera concepcin formal de la democracia 
y establecer una relacin entre la sociedad y el poder poltico en 
la que la primaca correspondiese a la sociedad. Creemos que en 
estos aos hemos realizado un gran avance en ese proceso, hasta el 
punto de haber eliminado todo tipo de incertidumbres Hoy la 
democracia se considera en Espaa definitivamente consolidada y se 
han abierto importantes vas de participacin en los procesos 
polticos y en las relaciones sociales:

- Se ha afirmado la autoridad de los poderes polticos 
basados en la voluntad popular.

- El Estado y la sociedad, tradicionalmente divorciados, han 
comenzado a acercarse. El ciudadano ha tomado conciencia de 
la necesidad de cumplir con sus deberes pblicos, al tiempo 
que comienza a exigir calidad y eficacia en los servicios que 
el Estado debe proveer.

- La tarea legislativa ha entrado plenamente en una fase en 
que las leyes abordan los problemas ms cercanos al ciudadano 
y que ste siente como suyos (educacin, pensiones, sanidad u 
otros).

- Los conflictos sociales tienden a manifestarse a travs de 
los cauces previstos en las propias normas, y se ha superado 
la tentacin del planteamiento de tales conflictos al margen 
del sistema legal y democrtico.

- El terrorismo, aunque muy quebrantado por la eficacia 
policial, la coordinacin internacional y la sensibilizacin 
ciudadana, sigue manifestndose. Pero se produce con un 
soporte social y poltico cada vez ms reducido y aislado, lo 
que constituye una condicin imprescindible para su 
definitiva erradicacin.

Los socialistas hemos desarrollado, sin reservas, el modelo de 
organizacin territorial del Estado contenido en la Constitucin. 
Sabamos, que ello, aunque no era fcil, significaba la solucin 
de un problema histrico. Era necesario vencer las inercias de un 
Estado fuertemente centralizado. Hoy el Estado de las Autonomas 
est definitivamente establecido. As, se abre un futuro en el que 
las distintas Administraciones Pblicas servir n de un modo ms 
eficaz al ciudadano, cada una de ellas en las tareas que le 
corresponden y todas ellas a travs de la cooperacin.

En definitiva, Espaa ha dado un paso adelante de una magnitud 
desconocida en nuestra historia. En pocos aos nos hemos 
constituido en una democracia consolidada, en la que el pasado ya 
slo cuenta como referencia histrica y en la que ha quedado 
abierto un proyecto colectivo basado en la paz, el progreso y la 
libertad.

2. LA LUCHA CONTRA LA CRISIS ECONMICA

La llegada de los socialistas al Gobierno, en diciembre de 1982, 
supuso romper con la tmida y vacilante poltica llevada a cabo en 
este terreno por los Gobiernos anteriores. El respaldo mayoritario 
dado por las urnas a un programa electoral basado en la idea del 
cambio legitimaba al Gobierno para poner en prctica una poltica 
de saneamiento de nuestro sistema econmico, de modernizacin y de 
adaptacin a nuevas necesidades. Junto a ello, nos guiamos por la 
idea de que el obligado proceso de ajuste deba hacerse no slo 
por razones puramente econmicas o tecnolgicas, sino por 
exigencias de solidaridad y con la perspectiva de una evolucin 
hacia una mayor igualdad social.

En estos cuatro aos la lucha contra la crisis ha debido centrarse 
en la supresin de profundos y persistentes desequilibrios 
econmicos: la inflacin, el dficit pblico y el desequilibrio 
exterior.

ramos conscientes, y continuamos sindolo, de que la crisis iba 
mucho ms all de esos desequilibrios. Su correccin requera 
actuar decididamente sobre profundos problemas estructurales que, 
en muchos aspectos, hundan sus races muy atrs en el tiempo. 
Era, adems, una condicin imprescindible para cualquier proceso 
sostenido de crecimiento.

En consecuencia, el proyecto de gobierno tena que significar la 
actuacin inmediata en tres frentes:

- El del saneamiento econmico, que permitiese establecer las 
bases para lograr un desarrollo equilibrado que garantizase 
la generacin estable de empleo.

- El de la renovacin y modernizacin de la economa, que 
hiciese que nuestro pas se incorporase al grupo de naciones 
ms desarrolladas, garantizase nuestra competitividad y 
superase nuestro secular retraso y aislamiento.

- El de garantizar que el ajuste se hara en beneficio de la 
mayora de los ciudadanos. para lo que era preciso establecer 
los mecanismos de salvaguardia de modo que el coste del 
ajuste no recayese exclusivamente sobre los ms dbiles.
Todo ello haca absolutamente necesaria una poltica de 
concertacin con las fuerzas econmicas y sociales, ya que su 
participacin en el proyecto era una condicin para aceptar los 
sacrificios que ste exiga.

Un proyecto de tal envergadura no puede llevarse a cabo en el 
tiempo que abarca una legislatura y ha sido preciso establecer 
prioridades de actuacin. Ahora, cuando nos presentamos de nuevo 
para solicitar al pueblo espaol su confianza, podemos afirmar que 
se ha conseguido poner en marcha un proceso de modernizacin 
econmica, cumpliendo as con el compromiso que asumimos con la 
mayora del pueblo espaol en 1982. El balance global obtenido en 
estos cuatro aos de gobierno es claramente positivo, aunque no se 
hayan podido obtener los resultados deseables en cuanto a la 
creacin de empleo.

Es cierto que, cuando en 1982 pensamos que en el plazo de una 
legislatura era posible resolver de un modo importante el problema 
del empleo, nos guibamos ms por nuestra voluntad poltica que 
por las posibilidades que ofreca entonces la realidad econmica. 
Hasta ahora la tarea del Gobierno ha sido decisiva para que la 
economa espaola se sanee y fortalezca durante estos cuatro aos. 
En adelante, el Gobierno deber  estimular el crecimiento sostenido 
en una economa ya saneada, de modo que surjan nuevas empresas y, 
con ellas, la creacin estable de empleo. Esto es lo que nos 
proponemos hacer en los prximos cuatro aos, aplicando en todo 
momento una poltica de promocin activa del empleo.

En suma, la difcil tarea que emprendimos en 1982 ofrece ya 
resultados que permiten plantear una nueva etapa en la que la 
poltica econmica puede tener un mayor margen de maniobra y en la 
que la lucha por la creacin de empleo y a favor de la igualdad 
seguir  constituyendo nuestro objetivo fundamental.

El Partido Socialista Obrero Espaol no ser  simplemente el mejor 
gestor de lo existente. Tiene un proyecto de futuro que ofrecer, 
confiando en que ser  capaz de ilusionar a la mayora de los 
espaoles en su realizacin.

Los espaoles de 1986 debemos mirar ya al ao 2000, para construir 
entre todos la Espaa que queremos.

3.	UNA SOCIEDAD MS  MODERNA Y SOLIDARIA

La sociedad espaola est ya en las mismas tendencias de progreso 
que los pueblos ms desarrollados. En ningn perodo de la 
historia la ciencia y la tecnologa han sido tan determinantes 
como ahora. La sociedad del futuro inmediato se parecer  poco a la 
de nuestros padres. La revolucin cientfica y tecnolgica origina 
una serie de exigencias a las que no podemos sustraernos, y unos 
condicionantes que es preciso controlar.

Los avances cientficos y tecnolgicos permiten un incremento 
constante de la productividad, que ofrece al ciudadano ms tiempo 
de ocio y un nuevo tipo de bienes en forma de mayor calidad de 
vida.

La transformacin social a travs de las nuevas formas de 
produccin, de consumo de bienes y servicios y de demandas 
sociales es ya un hecho. Nuestro pas est empezando a 
experimentar los primeros impactos de lo genricamente conocido 
como nuevas tecnologas y tiene que ser capaz de utilizarlas para 
salir de la crisis, de manera que problemas que hoy nos parecen 
crnicos encuentren nuevas soluciones.

Sin embargo, el desarrollo de la tcnica no garantiza por s mismo 
una sociedad mejor si no conseguimos que todos los espaoles 
puedan acceder a sus beneficios. No podemos aceptar que slo unos 
pocos sean los beneficiarios de un progreso que pertenece a todos. 
Hay que conseguir una distribucin de la renta y de la riqueza y 
unos mecanismos de participacin colectiva de los ciudadanos 
capaces de asegurarla. Ello exige una concepcin social de los 
problemas y de sus soluciones que slo se pueden ofrecer desde 
planteamientos socialistas.

La construccin de un tejido industrial tecnolgicamente avanzado 
en Espaa debe basarse tanto en la iniciativa privada como en el 
apoyo y estmulo del Estado. La sociedad espaola debe prepararse 
para afrontar este reto, Ello significa avanzar fundamentalmente 
en los siguientes aspectos:

- Modificar el aparato productivo con el fin de crear ms 
riqueza y de ofrecer lo que la demanda social exija.

- Conseguir una sociedad ms flexible, en la que el ocio 
enriquecedor, a travs de la cultura, tenga una papel 
preponderante.

- Avanzar decididamente en el progreso cientfico, 
estableciendo el necesario control social en la introduccin 
de las nuevas tcnicas para que se imposibiliten o minimicen 
los costes o efectos no deseados.

- Conseguir una mayor internacionalizacin econmica y 
social, respetando las caractersticas e nuestro patrimonio 
cultural

La Espaa que propugnamos ser  flexible, dinmica, capaz de 
adaptarse a los cambios y de orientarl1os y dirigirlos desde 
planteamientos solidarios. un pas que no mira las innovaciones 
con resquemor sino con inters. que no se aferra a posiciones hoy 
fuera de lugar, que no teme que las cosas cambien, siempre que sea 
desde la voluntad colectiva. un pas joven que afronta el futuro 
con valor y decisin.

El futuro por el que luchamos incorpora una concepcin 
multidimensional del ser humano y debe dirigirse al desarrollo 
ntegro de la persona. El ocio creativo ser  cada vez mayor y 
todos hemos de tener la posibilidad de acceder a l. El 
enriquecimiento cultural es ya un bien colectivo que debe estar 
garantizado en condiciones dignas e iguales para todos y no puede 
depender de la simple iniciativa del mercado donde slo compra 
quien tiene capacidad econmica para ello.

El modelo capitalista de crecimiento ha mostrado sus lmites y sus 
defectos y la crisis de la que estamos saliendo es una prueba de 
ello. Por tanto, los socialistas defendemos un concepto de 
crecimiento ms rico y amplio que garantice el bienestar social.
Un crecimiento que ha de tener en cuenta las restricciones 
impuestas por la escasez de recursos naturales que no se pueden 
reponer.

Un crecimiento que no deteriore el medio ambiente y el ecosistema, 
marco natural e imprescindible en el que se desarrolla la vida 
humana.

Un crecimiento que promueva el desarrollo armnico de los 
distintos sectores econmicos y de las diversas zonas geogrficas 
del pas.

Un crecimiento que rechace el despilfarro y a la vez que garantice 
la provisin suficiente de bienes de consumo social que escapan al 
marco estricto del mercado.

En definitiva, propugnamos un crecimiento como motor de una 
sociedad consciente de s misma y que impulse el desarrollo a 
travs de la participacin de los distintos sujetos sociales 
implicados.

Trabajadores, empresarios, colectivos de usuarios, consumidores 
deben ser artfices del desarrollo, articulando sus demandas y 
necesidades a travs de los distintos mecanismos de participacin 
que la sociedad pone a su disposicin y contando con el Estado 
como garante ltimo de sus derechos e impulsor bsico de un 
proceso de di logo social.

Mejorar la riqueza de todos, las condiciones de trabajo, la vida 
ciudadana y el bienestar colectivo deben estar entre los objetivos 
del crecimiento y deben ser los mviles del mismo. Ello exige 
tanto una clarificacin y mejora de las condiciones en que se 
efectan las transacciones en el mercado como una actitud 
vigilante y activa del Estado a travs de la coordinacin y 
previsin a medio plazo.

4. UNA SOCIEDAD MS  INTEGRADA Y PARTICIPATIVA

La integracin y participacin de los ciudadanos en un proyecto 
social es una de las reglas principales de una democracia 
avanzada. La coincidencia en alcanzar tal objetivo est fuera de 
duda para la inmensa mayora de la sociedad espaola, pero es 
lgico que surjan diferencias entre los que aoran situaciones de 
privilegio que se van agotando y los que estn por un verdadero 
cambio social.

La crisis econmica de la que estamos empezando a salir agudiz 
los desequilibrios sociales. Hay sectores econmicos y sociales 
que estn venciendo la crisis y hay sectores cuya perspectiva de 
futuro es precaria e incierta.

Es ingenuo pensar que la recuperacin de unos va a arrastrar 
automticamente a los dems. No podemos aceptar que importantes 
colectivos vayan quedando progresivamente marginados del resto de 
la sociedad. La superacin de esta situacin slo se lograr  con 
una poltica social y econmica explcitamente dirigida hacia ese 
objetivo.

La creacin de puestos de trabajo para todos es sin duda 
imprescindible y a ello seguiremos dirigiendo nuestros esfuerzos. 
Pero no es suficiente con tener un puesto de trabajo digno. 
Ofrecer un discurso de esperanza a nuestra juventud es algo ms 
que ofrecer un trabajo. Es tambin atender a sus necesidades de 
participacin en todos los niveles y satisfacer sus concepciones 
diferenciadas de vida, Hay que encontrar y ofrecer mecanismos de 
integracin social para que nadie se sienta apartado del destino 
colectivo.

Esto es fundamental para configurar una sociedad ms culta y 
tolerante que reconozca a cada uno el derecho a vivir su vida 
privada como mejor entienda. No sentirse rechazado es el primer 
paso para sentirse integrado.

Nuestra concepcin social se basa en la pluralidad de formas de 
vida dentro de una cohesin solidaria. Defender el derecho a la 
privacidad e intimidad de todos exige una accin social en favor 
de aquellos que an no tienen lo mnimo, que sufren cualquier tipo 
de marginacin discriminatoria, siendo preciso definir polticas 
especficas para estos colectivos de modo que se garantice a todos 
sus derechos bsicos.

Estimamos que siguen siendo mayora los que estn por una 
verdadera transformacin y consideramos necesario alcanzar una 
sociedad participativa, plural e integrada.

Esta participacin e integracin deben conseguirse principalmente 
a travs de las siguientes vas:

- Una mayor igualacin econmica individual, social y 
regional, para que los bienes y servicios producidos sean 
repartidos ms equitativamente y para que todo ciudadano 
tenga cubiertas sus necesidades ms elementales.

- Un mayor control social en el uso de los recursos, tanto 
pblicos como privados, a travs de la participacin activa 
en la gestin de los mismos.

- Sintonizar el funcionamiento de las instituciones con las 
necesidades de los ciudadanos.

- Un mayor grado de concertacin con los grupos o clases 
afectadas para la modificacin de estructuras, 
comportamientos o normas.

- Una profundizacin a travs de la cultura y educacin en 
una mayor conciencia social, para conseguir una sociedad que 
prime los sentimientos de solidaridad colectiva sobre el 
individualismo.

Una sociedad no puede ser feliz mientras todos sus miembros no 
gocen de un nivel aceptable de bienestar y conseguirlo es 
responsabilidad de todos. Si alcanzamos una mayor participacin en 
el proyecto de cambio social habremos logrado una sociedad ms 
integrada y, por tanto, ms rica, solidaria y democrtica.

5. UN PAS CON MAYOR PRESENCIA EN EL MUNDO

Cercano ya el siglo XXI, es imposible trazar cualquier proyecto de 
futuro sin tener en cuenta la posicin de cualquier nacin en el 
contexto internacional y la interdependencia de los problemas y 
soluciones.

Nuestra generacin es testigo de una creciente universalizacin de 
las formas de vida: mediante las nuevas tecnologas se ha 
producido un intercambio cultural, informativo y socioeconmico 
que hace que cualquier intento de solucin deba tener 
necesariamente en cuenta el contexto exterior en que se produce.
Los sistemas econmicos estn cada da ms relacionados entre s, 
crendose una dependencia multilateral que hace imposible el 
mantenimiento de situaciones de aislamiento y proteccionismo 
econmico.

Desde el comienzo de su transicin poltica Espaa ha ido 
afianzando su posicin en el mundo, superando la anterior etapa de 
marginacin que tantos obstculos supuso para la modernizacin de 
nuestra sociedad.

Completado el proceso de incorporacin internacional de nuestro 
pas a todos los foros donde debamos estar, se trata de definir 
una actitud en relacin con el resto de pases acorde con las 
concepciones que propugnamos.

Nuestra accin exterior inmediata se centra, sin duda, en las 
necesidades de adaptacin derivadas de la plena integracin en las 
Comunidades Europeas.

Dicha incorporacin se ha producido en un momento en que las 
Comunidades luchan por superar su propia crisis, acentuada por el 
endurecimiento de la competencia entre Estados como consecuencia 
de la reciente depresin econmica y por una cierta paralizacin 
de los rganos decisorios de las Comunidades. El Acta nica de 
Luxemburgo es, en este contexto, un paso adelante. es an 
insuficiente, pero refleja una voluntad de los Estados miembros de 
avanzar hacia la Unin Europea. Sin la Unin Europea se abrira un 
horizonte de decadencia econmica e impotencia poltica, y por 
ello creemos que debe avanzarse con decisin en el establecimiento 
de los tres pilares de una Europa unida:

- El econmico, que supone una respuesta a la crisis que 
impida el desmantelamiento de las conquistas sociales que han 
hecho de Europa un  rea de bienestar y avance social. Junto a 
esto, hay que profundizar en la creacin de un autntico 
mercado interno europeo en un marco de cohesin econmica, 
hay que propiciar un pacto europeo por el empleo y es preciso 
tambin coordinar todos los esfuerzos y recursos disponibles 
para fomentar y realizar grandes proyectos de investigacin.

- El poltico, ya que la cooperacin plasmada en las 
Conferencias Intergubernamentales y en las reuniones de alto 
nivel debe traducirse en acciones comunes que consoliden la 
realidad de la Europa de los ciudadanos en el terreno de las 
libertades, de los derechos cvicos y en la proteccin de los 
valores democrticos amenazados por el terrorismo.

- El de seguridad, que permita tener una voz y una presencia 
propia de Europa en el mundo y en los procesos de distensin, 
replantendose las relaciones con su principal aliado, los 
EE.UU.

Pensando en la nueva Europa de los Doce, tenemos que definir 
nuestra poltica internacional desde su seno y, a la vez, 
trascendiendo esa realidad, La oferta que presentamos, para lograr 
un mayor protagonismo de nuestro pas en el contexto 
internacional, consiste bsicamente en:

- Promover un nuevo orden econmico internacional ms justo y 
seguro en el que se acorten diferencias entre el Norte y el 
Sur.

- Reforzar y apoyar soluciones de cooperacin internacional 
para problemas relacionados con la salida de la crisis, el 
desafo tecnolgico, el terrorismo y el trfico de drogas.
Junto a ello, debemos insistir en que rechazamos la violencia como 
solucin a los conflictos de cualquier ndole y a los problemas 
que genera la convivencia de colectivos dispares. Propugnamos la 
paz y el desarme, como nica garanta de futuro para la humanidad. 
Agrede a nuestra idea socialista el despilfarro que significa la 
carrera de armamentos cuando en los pueblos del Tercer Mundo 
existen grandes bolsas de pobreza, hambre y miseria.

Pero esta tarea no puede ser abordada unilateralmente. Es precisa 
la colaboracin de todas las partes implicadas para reducir la 
tensin internacional y fortalecer los medios de di logo y 
acuerdo.

Formamos parte del grupo de pases democrticos avanzados que 
tienen un deber moral en relacin a los pueblos que carecen de 
libertad y debemos plantearnos en tal sentido una poltica 
internacional activa.

Espaa debe defender para otros pases los mismos principios en 
los que se basa su convivencia interna: paz, libertad, 
redistribucin de la riqueza, justicia, participacin y cohesin 
social.

1. CRECIMIENTO Econmico Y Concertacin SOCIAL: MAS PROSPERIDAD Y 
EMPLEO

1.1. RETOS DE LA ECONOMA ESPAOLA

1.1.1. La superacin de la crisis

Cuando en diciembre de 1982 los socialistas asumimos 
responsabilidades de gobierno, la economa espaola haba 
alcanzado un estado de degradacin que se manifestaba en una baja 
tasa de crecimiento econmico, en el paro existente, en la atona 
de la inversin, en elevaciones considerables de los precios, en 
bajos niveles de prestacin de los servicios pblicos, en prdidas 
continuadas de las empresas del Estado, en un desbordamiento de 
los dficits pblico y exterior y en una reducida competitividad 
de los productos fabricados en Espaa y destinados a la venta en 
el extranjero.

Mltiples empresas y sectores sufran dificultades, de tal manera 
que su viabilidad estuvo en peligro a causa de un entorno 
internacional adverso y de una poltica econmica carente de 
capacidad, coherencia y El Gobierno socialista, consciente de la 
gravedad de la situacin, realiz desde el primer momento, con 
realismo y determinacin, un esfuerzo considerable destinado a 
disminuir la importancia de estos problemas. El desafo fue grande 
y el balance obtenido es positivo.

Cuatro aos despus, el ritmo de crecimiento econmico se ha 
incrementado considerablemente, el alza de los precios se ha 
reducido, el dficit pblico est  controlado, las dotaciones de 
los servicios pblicos han aumentado, la reconversin de la 
industria espaola ha progresado notablemente, el dficit exterior 
se ha tornado en supervit, los productos espaoles penetran cada 
vez ms en los mercados exteriores y las situaciones crticas que 
padecieron mltiples empresas y sectores han sido superadas.
Excepto en lo que se refiere a la reduccin del paro, todo indica 
que estamos recogiendo los frutos de las medidas aplicadas y que, 
gracias a los esfuerzos de la sociedad, la economa espaola est  
hoy en una situacin ms slida y saneada que en 1982. Estos 
avances, que se estn materializando en una mejora de la 
situacin econmica de muchos ciudadanos, constituyen adems una 
condicin necesaria para la consolidacin de las reformas 
emprendidas.

A partir de los resultados obtenidos en esta primera legislatura, 
los socialistas nos fijamos para la prxima los siguientes 
objetivos bsicos de nuestra poltica econmica:

a) Impulsar la actividad econmica para que alcance, de forma 
sostenida, un mayor crecimiento que permita crear empleo de un 
modo continuado.

b) Aumentar la justicia y la solidaridad mediante el 
establecimiento de prestaciones sociales y servicios pblicos que 
contribuyan a elevar la calidad de vida y a mejorar las rentas de 
los grupos menos favorecidos de nuestra sociedad.

c) Profundizar y ampliar la poltica de reformas econmicas y 
sociales, para permitir una integracin ms r pida e intensa de 
nuestro sistema econmico en el ms amplio y competitivo de la 
CEE.

Para conseguir estos objetivos mantendremos una poltica econmica 
que cuide los equilibrios bsicos e impulse la modernizacin de 
los sectores productivos, y que a la vez contribuya a redistribuir 
la renta y se apoye en el concurso y el acuerdo entre empresarios 
y trabajadores.

Para ello tenemos que preservar los progresos realizados, que han 
exigido un sacrificio importante a nuestra sociedad, adoptando una 
actitud firme en favor del mantenimiento de los equilibrios 
econmicos:

1. Se mantendr  el objetivo de reducir la inflacin, ya que 
la contencin de los precios garantiza el poder adquisitivo 
de los ciudadanos, en especial de los ms desfavorecidos, 
eleva la competitividad de nuestros productos y favorece la 
estabilidad de la cotizacin de la peseta en los mercados 
internacionales.

La poltica antiinflacionista exige una continua vigilancia, 
para lograr que las tasas anuales de la inflacin en Espaa 
se aproximen a las de la CEE.

2. Igualmente debe avanzarse en la reduccin del peso del 
dficit pblico, ya que si ste adquiere una magnitud 
excesiva limita la financiacin que percibe el sector 
privado, sobre todo en perodos de crecimiento econmico 
continuado en los que sus necesidades son ms intensas.

La composicin del dficit no debe ser la consecuencia de las 
presiones ejercidas sobre el Estado por los distintos grupos 
y agentes sociales. Para su control y reduccin procederemos 
a incrementar los ingresos pblicos, no tanto por el aumento 
de tipos impositivos como por el ensanchamiento de las bases 
como consecuencia de una mejor gestin tributaria y de una 
reduccin del fraude fiscal. En cuanto al gasto, 
continuaremos mejorando los instrumentos que permiten 
alcanzar una asignacin ms correcta y eficiente de los 
recursos pblicos.

La reduccin de la inflacin y del dficit pblico crear  las 
condiciones ptimas para conseguir un mayor crecimiento econmico 
y una mayor satisfaccin de las necesidades sociales.

1.1.2. La adaptacin a la  Comunidad Econmica Europea

Una sociedad avanzada, moderna e integrada en Europa, como la que 
nos proponemos conseguir los socialistas, debe ser capaz de guiar 
y apoyar las iniciativas de aquellos individuos o grupos sociales 
capaces de llevar a cabo actuaciones econmicas destinadas a poner 
en marcha nuevas actividades productivas. Esto ir  acompaado por 
el establecimiento de polticas tecnolgicas que contribuyan a 
elevar la competitividad de nuestros productos.

La integracin en la CEE abre la posibilidad de que se desarrollen 
en Espaa nuevas actividades y empresas que contribuir n a la 
modernizacin de nuestra sociedad y a su plena adaptacin a la 
Comunidad.

Este proceso supone un gran reto que ser  importante para la 
economa en su conjunto. El auge de los servicios har  cambiar la 
orientacin de la produccin. Se alterar n las relaciones entre el 
sector privado y el sector pblico, ya que este ltimo dirigir  
preferentemente su actuacin a fijar las reglas del juego, dejando 
que discurra bajo los principios de libertad y responsabilidad de 
las partes, mientras el gasto pblico se orientar  principalmente 
hacia actuaciones que mejoren las condiciones de vida de los 
ciudadanos. Adems, es preciso apoyar el reciclaje permanente, la 
simplificacin de los procedimientos y la toma r pida y eficaz de 
decisiones, mostrando especial preocupacin por el diseo y por 
elevar la calidad de nuestros productos y servicios.

Los socialistas somos plenamente conscientes de la necesidad de 
que los individuos y grupos que ejercen actividades econmicas en 
Espaa incorporen a sus estrategias productivas y comerciales las 
exigencias impuestas por el mercado europeo y por la nueva 
dimensin de nuestra economa.

Para ello, aprovecharemos los avances tecnolgicos que aporten las 
empresas extranjeras que se establezcan en Espaa y destinen su 
produccin a los mercados internacionales. Ahora bien, para 
nuestra progresiva integracin en la CEE no basta con comportarnos 
como meros receptores de empresas, equipos o productos procedentes 
del exterior. Por ello, favoreceremos a aquellas empresas 
espaolas que efecten inversiones reales con el fin de ampliar la 
penetracin de nuestros productos en los pases de la CEE. Se 
dotar  de los medios precisos a la organizacin comercial espaola 
en el exterior para conseguir un cumplimiento ms adecuado de sus 
objetivos.

La experiencia de los ltimos aos muestra claramente que las 
opciones de poltica econmica que pueda efectuar cada pas, si 
son aisladas y particulares, reducen de un modo sustancial los 
mrgenes de actuacin de los Gobiernos respectivos. Corregir los 
desequilibrios internos mediante actuaciones proteccionistas 
resulta contraproducente. Por ello somos partidarios de 
desarrollar una poltica de cooperacin con el resto de los 
miembros de la Comunidad que haga posible la progresiva creacin 
de un espacio econmico y social europeo en el que se adopten unas 
orientaciones generales de poltica econmica compatibles con las 
que se llevan a cabo en cada uno de los pases de la CEE.

1.2. LA POLTICA ECONMICA EN LA PRXIMA LEGISLATURA

1.2.1. Crecimiento econmico y creacin de empleo

Crecimiento econmico y creacin de empleo son dos elementos 
inseparables y dos aspectos de un mismo problema. Conseguir el 
mayor crecimiento posible es el objetivo inmediato de la poltica 
econmica de los socialistas, ya que slo a travs de una 
recuperacin sostenida y duradera de la actividad pueden 
establecerse las condiciones necesarias para la creacin de 
empleo.

Teniendo en cuenta que el saneamiento alcanzado en estos aos y 
las perspectivas que presenta el panorama econmico internacional 
proporcionan unas condiciones ms favorables, los socialistas 
estableceremos e marco que haga posible un crecimiento econmico 
superior al de los ltimos aos, dedicados fundamentalmente al 
ajuste de la economa.

El PSOE piensa realizar una poltica econmica que estimule un 
crecimiento sostenido y que vaya acompaada de una creacin 
estable de empleo. Ello exige potenciar intensamente una 
progresin armnica del consumo y de la inversin, sin menoscabo 
de las reformas de las estructuras productivas.

Conscientes de que el relanzamiento de la actividad econmica ser  
insuficiente por si solo para solucionar el problema del paro en 
un plazo razonable, los socialistas aplicaremos adems una serie 
de medidas, basadas en la solidaridad, que reduzcan 
fundamentalmente la dimensin de este problema.

El PSOE considera que se adquiere mayor coherencia en la 
definicin y cumplimiento de la poltica econmica cuando se 
llevan a cabo procedimientos de programacin econmica a medio 
plazo. En sta se establecer n los objetivos y las prioridades a 
realizar, configurndose como elemento de referencia para 
encuadrar las actuaciones del sector pblico y orientar las de los 
agentes econmicos y sociales del sector privado.

1.2.2. El sector exterior

Durante 1983 y 1984 el sector exterior ha contribuido de forma 
destacada al crecimiento de nuestra economa. En los prximos aos 
la incorporacin a la CEE, con la consiguiente adaptacin 
arancelaria, permite prever que su aportacin al crecimiento ser  
creciente pero no tan notable. La actual recuperacin de la 
inversin privada est  haciendo crecer fuertemente a las 
importaciones no energticas, mientras las exportaciones se 
mantienen.

Para impulsar las exportaciones, el Gobierno llevar  a cabo 
actuaciones que permitan a nuestros productos conseguir nuevas 
oportunidades de colocacin en los mercados exteriores. Entre 
estas actuaciones es preciso mencionar:

* promocin y fomento de las exportaciones a travs de la 
puesta en marcha de los correspondientes planes.

* estmulos a las iniciativas privadas que creen y 
desarrollen redes comerciales en el exterior.

* apoyo a las actuaciones de promocin del Instituto Nacional 
de Fomento a la Exportacin.

* fortalecimiento de la red de oficinas comerciales del 
Estado para que a travs de ella sea posible conocer de forma 
precisa las oportunidades que estn al alcance de nuestros 
productos en aquellos pases en los que ms nos interese 
penetrar.

Habindose reducido considerablemente la deuda exterior de Espaa 
y poseyendo en estos momentos un volumen de reservas 
suficientemente importante como para que el dficit exterior no 
constituya un obstculo significativo al crecimiento de la 
economa, las actuaciones de fomento de la exportacin se 
completar n con otras destinadas a conseguir mayores facilidades 
en la financiacin de proyectos espaoles, principalmente de 
bienes de inversin y equipo, a realizar en otros pases.

1.2.3. La recuperacin del consumo y la inversin

Para conseguir el mayor grado de crecimiento econmico, compatible 
con el mantenimiento de los equilibrios bsicos ser  preciso 
potenciar sobre todo la inversin y el consumo. Esto se completar  
con actuaciones especficas y diferenciadas para continuar 
resolviendo los problemas estructurales de los sectores 
productivos.

La poltica salarial

La poltica de moderacin salarial que se ha desarrollado durante 
la crisis ha permitido reducir la inflacin, mantener la 
competitividad de nuestros productos en los mercados exteriores y 
restablecer la rentabilidad de las empresas.

En los prximos aos, los aumentos salariales deber n fijarse en 
torno a la inflacin prevista. Se propiciar  que los acuerdos 
salariales garanticen el mantenimiento global del poder 
adquisitivo de los salarios.

Estos acuerdos podran asimismo establecer que parte de los 
incrementos salariales estn parcialmente ligados a los resultados 
de las empresas. Al mismo tiempo, la negociacin colectiva debe 
enriquecerse incluyendo a la productividad. Los aumentos de 
productividad harn posible que se recuperen la inversin y el 
empleo, que se reduzcan los costes y que suban los salarios sin 
generar por ello nuevas presiones inflacionistas.

Con el fin de realizar una poltica econmica que ayude a los 
sectores ms desfavorecidos de la poblacin, el Estado fijar  un 
Salario Mnimo Interprofesional suficiente y realizar  una 
poltica de transferencias sociales a travs de la cual se 
incrementar  la renta disponible de dichos colectivos.

La inversin

Por primera vez tras diez aos consecutivos de cada, en 1985 se 
ha producido una recuperacin espectacular de la inversin. En los 
prximos aos se consolidar  esta tendencia, ya que muchos 
sectores han llevado a cabo un profundo saneamiento, lo que ha 
permitido que dichas empresas sean hoy mucho ms solidas que lo 
eran cuatro aos atrs.

Esta solidez va a permitir que hagan frente al proceso de 
innovacin y de modernizacin que exige la integracin de Espaa 
en la CEE, as como la creacin de nuevos puestos de trabajo. Para 
apoyar el crecimiento de la inversin privada se adoptar  un 
conjunto de medidas destinadas a:

a) Acentuar la tendencia hacia el descenso de los tipos de 
inters.

b) Establecer una fiscalidad que favorezca los procesos de 
inversin real en el seno de las empresas.

c) Prestar atencin al desenvolvimiento de las entidades de 
capital-riesgo y a las nuevas empresas.

d) Reducir gradualmente el peso de las cotizaciones sociales 
en la financiacin del sistema de la Seguridad Social.
La situacin econmica nacional e internacional va a permitir una 
evolucin positiva de la inversin que realizan las distintas 
Administraciones Pblicas. A tal fin se ampliar n las dotaciones 
presupuestarias en favor de nuevas infraestructuras y servicios, 
ya que de esta manera pueden conseguirse importantes beneficios 
sociales, se fomenta la actividad econmica y se crean mejores 
expectativas para el sector privado.

La experiencia del Acuerdo Econmico y Social hace que en los 
prximos aos sea conveniente realizar planes de inversin pblica 
destinados a la creacin de empleo, cuya aplicacin podr  ser 
acordada entre el Gobierno y los firmantes de los acuerdos.

La influencia de factores exteriores: el petrleo y el dlar
La reduccin del precio del petrleo y de la cotizacin del dlar 
pueden tambin contribuir a elevar el nivel de la actividad 
econmica en Espaa.

Gracias a ello la factura energtica est  disminuyendo y, en 
consecuencia, nuestra renta nacional podr  aumentar.

Si se mantienen estas tendencias, los consumidores ver n aumentada 
su capacidad de compra y los empresarios tendrn menores costes de 
produccin. En esta situacin se tendrn en cuenta los criterios 
que el Gobierno ha sostenido respecto de los precios de los 
productos petrolferos.

1.2.4. Mercado de trabajo

En la primera legislatura de gobierno de los socialistas se han 
creado las condiciones necesarias para la recuperacin de la 
inversin y para la creacin de puestos de trabajo en diferentes 
sectores de la economa. Tambin se han establecido nuevas 
modalidades de contratacin, adaptadas a la situacin del mercado 
de trabajo y a la realidad econmica.

Esta poltica est  obteniendo resultados positivos. Por primera 
vez desde el inicio de la crisis, las colocaciones han aumentado 
considerablemente y, tambin por primera vez desde 1973, en el 
ltimo ao se han creado ms puestos de trabajo que los que se han 
destruido. Por ello nos proponemos desarrollar las siguientes 
actuaciones:

1. Continuar y consolidar las medidas de fomento del empleo 
adoptadas, ya que la estabilidad de las mismas constituye un 
requisito bsico para lograr la eficacia deseada. Se 
intensificar  la difusin y promocin de las nuevas 
modalidades de contratacin, con especial incidencia en las 
que se dirigen a los colectivos peor situados en el mercado 
de trabajo.

2. Coordinar las actuaciones que puedan realizar las 
distintas Administraciones Pblicas para el fomento del 
empleo y de la formacin profesional, prestando particular 
atencin a los acuerdos con Comunidades Autnomas, 
Municipios, Fondos de Promocin de Empleo e interlocutores 
sociales y econmicos.

3. Las condiciones de la economa hacen preciso adaptar la 
mano de obra a los requerimientos de la produccin, elevando 
la cualificacin profesional de los trabajadores. El Plan 
General de Formacin e Insercin Profesional y los recursos 
del Fondo Social Europeo permitir n prestar especial atencin 
a los jvenes demandantes de primer empleo, a las mujeres, a 
los parados de larga duracin y a los trabajadores 
procedentes de sectores en reconversin.

4. El Gobierno apoyar  una accin solidaria con los 
desempleados, que ha de incluir el reparto del tiempo de 
trabajo disponible y la reduccin de jornada, por ello 
estimular  acuerdos de este tipo entre los interlocutores 
sociales, siguiendo las tendencias que en este terreno 
existen en los pases de la C.E.E.

5. Las cooperativas y las sociedades annimas laborales 
exigen un esfuerzo de atencin y fomento. Para ello se 
intensificar n las ayudas para la creacin, financiacin y 
gestin de este tipo de instituciones.

Los socialistas apoyaremos las nuevas iniciativas de empleo, tanto 
autnomo como asociado, y la creacin de empresas que procedan de 
grupos especialmente afectados por la crisis. A tal fin se 
promover n y difundir n medidas como la capitalizacin de las 
prestaciones por desempleo o las ayudas para las iniciativas 
locales de empleo.

1.3. LA Concertacin SOCIAL Y LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL

La concertacin social, que a lo largo de la transicin poltica 
ha dado lugar a acuerdos-marco entre empresarios y trabajadores, 
en algunos casos con la participacin del Gobierno, es un activo 
que debemos conservar y que los socialistas nos proponemos 
impulsar en la prxima legislatura.

La concertacin representa una va para la profundizacin y 
consolidacin de la democracia, ya que ha fortalecido a las 
organizaciones de los trabajadores y empresarios, y ha hecho 
posible su participacin en decisiones de poltica econmica y 
social que afectaban a sus intereses, sobre la base de la 
solidaridad y el consenso social. Al mismo tiempo, ha sido un 
instrumento para avanzar en la resolucin de los graves problemas 
de la economa espaola, provocados por la crisis. La experiencia 
demuestra que la concertacin:

- Posibilita el control de la inflacin sin reduccin de la 
capacidad adquisitiva de los salarios.

- Permite progresar en la redistribucin de la renta, a 
travs del aumento de las prestaciones sociales, acentuando 
la solidaridad en la sociedad espaola.

- Delimita un marco para la negociacin colectiva, que 
disminuye la conflictividad laboral y contribuye a crear el 
clima y las condiciones necesarias para el desarrollo de la 
actividad econmica y, con ello, de la recuperacin de la 
inversin y el empleo.

- Consolida el papel de los sindicatos como instituciones 
insustituibles en la sociedad democrtica en la defensa de 
los trabajadores.

La necesidad de consolidar estos avances y de seguir combatiendo 
solidariamente los efectos de la crisis econmica lleva a los 
socialistas a seguir favoreciendo esta poltica, que tiene amplias 
perspectivas ante las nuevas expectativas econmicas y la 
incorporacin de Espaa a la CEE.

Por ello el PSOE apoyar  las distintas modalidades de acuerdos que 
resulten de la concertacin, sealando el protagonismo que en la 
misma deben desempear los acuerdos-marco de carcter bilateral 
resultantes del juego de la autonoma colectiva. Ello no excluye 
la participacin del Gobierno en la negociacin de materias cuya 
naturaleza escapa a la autonoma de los interlocutores sociales y 
econmicos.

En la medida en que la concertacin constituye un medio para una 
salida solidaria de la crisis econmica, la posible participacin 
del Gobierno en estas materias podra facilitar la coherencia 
entre los acuerdos de las partes y la poltica econmica y de 
empleo del Gobierno.

El PSOE considera que el  mbito de la concertacin no debe quedar 
limitado a las rentas salariales, sino que debe incorporar otros 
aspectos de la democracia industrial. En este sentido, y 
prioritariamente en el marco de los acuerdos bilaterales, la 
concertacin debera abarcar tambin:

a) La regulacin de las condiciones  de trabajo relativas al 
sistema de calificacin, ascensos, cualificacin y reciclaje 
profesional, productividad, condiciones de salud e higiene en el 
trabajo, reparto del tiempo de trabajo y reduccin de jornada y su 
incidencia en el empleo: incorporacin de tecnologas en los 
sectores y empresas y su repercusin en cuanto a la ordenacin del 
trabajo y el empleo, derechos de informacin y control de los 
trabajadores.

b) Los procedimientos de canalizacin de quejas y reclamaciones 
laborales en la empresa, as como el establecimiento de sistemas 
no jurisdiccionales de solucin de conflictos laborales que se 
basen en la conciliacin y arbitraje voluntario.

c) La profundizacin de la participacin sindical en la empresa a 
partir de la experiencia del acuerdo firmado para la participacin 
sindical en la empresa pblica.

Despus de la modificacin del Estatuto de los Trabajadores y de 
la aprobacin de la Ley Orgnica de Libertad Sindical, que 
establecen el marco bsico de relaciones laborales, se han sentado 
las bases para consolidar las estructuras orgnicas de los 
sindicatos y fortalecer su funcin de defensa de los trabajadores.
No obstante, el PSOE considera que el Gobierno debe apoyar el 
cumplimiento de los objetivos que la Constitucin Espaola seala 
a los sindicatos, as como su papel como instituciones 
vertebradoras de la sociedad. Por ello, los socialistas 
adoptaremos las siguientes medidas:

1. Regulacin del derecho de huelga, que desarrolle el 
artculo 28 de la Constitucin, recogiendo los criterios del 
Tribunal Constitucional sobre esta materia.

2. Desarrollo de determinados aspectos de la Ley Orgnica de 
Libertad Sindical y concretamente el que hace referencia a 
las exenciones y bonificaciones fiscales de los sindicatos.

3. Reforma del marco jurdico de los procedimientos 
laborales, a fin de adecuarlos a las exigencias actuales.

4. Fortalecimiento de la participacin institucional de 
sindicatos en los organismos de gestin de intereses y 
derechos que les afectan. Creacin del Consejo Econmico y 
Social.

II. LAS NUEVAS TECNOLOGAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

2.1. EL AVANCE Tecnolgico

El Partido Socialista convoca a los ciudadanos a asumir el desafo 
tecnolgico, con la conviccin de que la sociedad desea alcanzar 
este objetivo crucial. La meta es situar a Espaa entre los pases 
tecnolgicamente desarrollados. meta a la que debe llegar por su 
potencialidad cultural, creatividad y capacidad innovadora. La 
magnitud del empeo exige un esfuerzo colectivo y continuado del 
conjunto de la sociedad que debe movilizar a sus instituciones, a 
los trabajadores y a los empresarios como protagonistas 
fundamentales de este proceso de adaptacin y desarrollo 
cientfico y tecnolgico.

El proyecto de progreso tecnolgico que proponemos tiene un 
alcance sustancial que trasciende al campo de la propia actividad 
econmica, El progreso tecnolgico va a afectar a la totalidad de 
nuestros hbitos de vida: desde la ampliacin del tiempo de ocio y 
las posibilidades de esparcimiento, hasta la enseanza, la salud, 
la expresin cultural o la preservacin del equilibrio ecolgico. 
aumentar, a su vez, la capacidad productiva y abrir , por lo 
tanto, unas perspectivas indudables de mejora de los niveles de 
bienestar y de calidad de vida.

Las enormes posibilidades que ofrece el desarrollo tecnolgico 
deben ser situadas en el horizonte de la conquista de los grandes 
objetivos de libertad, de solidaridad y de progreso. Ello exige un 
compromiso social que permita instrumentar la aplicacin de las 
nuevas tecnologas en un proceso de modernizacin responsable. 
Proceso que, obviamente, debe ser afrontado sin recelos 
desfasados, ni desde corporativismos y mucho menos, como una forma 
de claudicacin a una dependencia que pueda impedir el pleno 
desarrollo de las potencialidades y posibilidades del sistema 
productivo espaol.

La experiencia de gobierno de los socialistas ha permitido 
constatar la disposicin favorable de los distintos sectores 
sociales a las importantes iniciativas que se han tomado_ en esta 
direccin. Durante estos aos, la accin de la Administracin se 
ha orientado a iniciar una primera etapa de creacin de 
infraestructuras tecnolgicas y a desarrollar el marco jurdico 
apropiado.

Se ha logrado que amplios sectores sociales y, especialmente, los 
ms dinmicos, tomen conciencia respecto a la importancia 
trascendental de la tecnologa avanzada ' Se ha reforzado la 
capacidad investigadora nacional, se ha logrado una fuerte 
incorporacin de tcnicos a nuestras empresas y entidades 
investigadores, y se ha puesto en marcha un incipiente movimiento 
de creacin de nuevas empresas que participan en proyectos de 
tecnologa punta, con una creciente incorporacin de empresas 
espaolas a los programas de cooperacin tecnolgica 
internacional, como el programa europeo EUREKA, la Agencia Europea 
del Espacio o el Programa ESPRIT.

Los socialistas proponemos que estas iniciativas tengan una 
adecuada continuidad con el desarrollo de una poltica integral, 
que permita el avance definitivo de nuestra sociedad para afrontar 
en condiciones ptimas la revolucin cientfica y tecnolgica.
2.1.1. Este avance es una exigencia necesaria para la 
superacin de la crisis econmica, y a la vez un factor 
estratgico decisivo para el definitivo alineamiento de 
Espaa con los pases ms desarrollados.

En estos momentos en los que se empiezan a abrir perspectivas 
ms positivas de un mayor crecimiento econmico, se acenta 
la oportunidad de que las nuevas tecnologas se extiendan e 
incorporen a toda nuestra estructura econmica. Esta ser  la 
garanta de una salida positiva de la crisis, definitiva y 
sin retorno posible, hacia un futuro de crecimiento 
sostenido, de prosperidad material y de mejora de la calidad 
de vida.

2.1.2. El desarrollo cientfico y tecnolgico espaol ha de 
tener como marco de referencia permanente en sus actuaciones 
el  mbito de la Comunidad Econmica Europea, tanto en cuanto 
a los objetivos como en lo referente a los recursos 
econmicos y humanos.

La necesaria coordinacin entre los objetivos espaoles y los 
de la CEE en este campo se produce en estos momentos en el 
marco de la redefinicin de las polticas europeas sobre el 
particular.

2.1.3 Los socialistas entendemos el compromiso de 
enfrentarnos con el desafo tecnolgico como un compromiso 
activo, que no se basa exclusivamente en una mera 
receptividad pasiva de nuevas tecnologas. De este modo, 
concebimos el avance tecnolgico que proponemos como un 
factor de afirmacin de nuestras propias posibilidades y de 
reforzamiento de nuestra capacidad productiva, de forma que 
pueda aumentarse la influencia de Espaa en un mundo cada vez 
ms interrelacionado.

2.1.4. El progreso tecnolgico exige la eliminacin de las 
rigideces que an subsisten en nuestras estructuras y que 
constituyen un factor retardatario. La adaptacin de nuestra 
sociedad al progreso tecnolgico ha de producirse con una 
gran flexibilidad, adaptando la gestin de la poltica, en 
este campo, desde la Administracin, reorientando empresas y 
adecuando el sistema educativo a las nuevas necesidades de 
capacitacin de tcnicos y de profesionales, de acuerdo con 
las demandas que impone la evolucin del sistema productivo.

2.2. EL PAPEL DEL SECTOR  PUBLICO Y DE LOS  AGENTES Econmicos Y  
SOCIALES

Los grandes objetivos de la poltica en el terreno de la alta 
tecnologa se orientan a la creacin de un marco estructural 
adecuado para la generacin, desarrollo y aplicacin de nuevas 
tecnlogas. Para ello proponemos una actuacin decidida en los 
siguientes campos:

- La integracin de la educacin, la ciencia, la tecnologa y 
la empresa como partes de un proceso que permita un avance 
tecnolgico continuado.

- La asimilacin y difusin de las nuevas tecnologas y la 
adaptacin de la sociedad al impacto de las nuevas 
tecnlogas.

- El desarrollo de un papel dinamizador por parte del sector 
pblico en los objetivos de integracin y difusin de las 
nuevas tecnlogas. Este papel dinamizador es especialmente 
importante en las etapas iniciales del progreso tecnolgico.

- La participacin activa de la colectividad en el compromiso 
de hacer avanzar la sociedad por el camino del progreso 
tecnolgico.

La necesidad de lograr un avance integrado en la poltica 
tecnolgica supone la participacin de los sectores 
investigadores, de las empresas y del sector financiero en la 
definicin de prioridades y en la ejecucin de polticas 
tecnolgicas.

La concertacin y la participacin de las organizaciones 
sindicales resulta un elemento fundamental para lograr la 
adecuacin de las actividades productivas al cambio tecnolgico, y 
es la mejor garanta de una poltica ajustada a las necesidades 
sociales y preservadora de los posibles efectos no queridos del 
impacto tecnolgico.

2.3. LNEAS GENERALES DE Actuacin

La poltica a desarrollar se regir  por las siguientes lneas 
generales:

1. Acciones orientadas a generar nuevas tecnologas y fomentar su 
difusin.

La plena integracin de nuestra economa en  reas supranacionales 
y el importante papel que en la generacin de nuevas tecnologas 
tienen las empresas multinacionales exige poner en prctica una 
poltica activa de recepcin de transferencias de tecnologa desde 
el exterior. Pero ser  esencial su combinacin con acciones de 
asimilacin que aseguren la efectiva incorporacin y difusin de 
la tecnologa.

En esta lnea, la participacin en programas y proyectos 
internacionales constituye uno de los pilares fundamentales de la 
poltica socialista.

2. Promocin empresarial de pequeas y medianas empresas 
tecnolgicamente avanzadas.

La poltica que pretendemos desarrollar exige la creacin de un 
tejido industrial complementario para la difusin tecnolgica, 
basado, fundamentalmente, en el desarrollo de pequeas y medianas 
empresas avanzadas tecnolgicamente y capaces de generar puestos 
de trabajo en condiciones de estabilidad y alta rentabilidad.
Esta poltica se orientar  haca las  reas tecnolgicas de 
vanguardia y estimular  la incorporacin de las nuevas tecnologas 
a los procesos de produccin de los diversos sectores de nuestra 
economa.

3. Programas de formacin de recursos humanos.

Para mejorar la disponibilidad de recursos humanos adecuados a las 
exigencias del desarrollo tecnolgico se avanzar  hacia la 
implantacin de sistemas flexibles de formacin permanente que 
favorezcan una r pida integracin de personas cualificadas en la 
investigacin cientfica y en las actividades productivas.

4. La integracin de las actuaciones entre los sectores 
productivos y los centros de investigacin.

Se efectuar  a travs del desarrollo de los mecanismos previstos 
en la Ley de Fomento y Coordinacin de la Investigacin Cientfica 
y Tcnica.

El desarrollo de una poltica integrada tendr  como eje el Plan 
Nacional de Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico, que 
permitir  globalizar prioridades y una utilizacin ptima de los 
recursos, de tal modo que haga posible una permanente adecuacin 
de las grandes prioridades de la poltica cientfica. La 
adecuacin de estas prioridades, en el marco de dicho Plan, se 
producir  en el contexto de una poltica global concertada.

2.4. INSTRUMENTOS DE LA POLTICA DE PROGRESO Tecnolgico

La poltica de progreso tecnolgico propuesta por el PSOE se 
concretar  en los siguientes puntos:

1. Generacin de nuevas tecnlogas
En este terreno, las acciones se dirigir n a promover la 
produccin interna de nuevas tecnlogas, a favorecer la 
competitividad tecnolgica y a impulsar su implantacin.

a) Produccin interna de nuevas tecnlogas.

La mejora de la oferta interna en este campo se efectuar  
mediante:

- La ejecucin de programas especficos para el desarrollo de 
nuevas tecnologas en  reas prioritarias, tales como la 
biotecnologa, la agroalimentacin, la tecnologa de la 
informacin, la energa, los nuevos materiales, las 
comunicaciones.

- El desarrollo de planes espaoles para el aprovechamiento 
de las posibilidades de financiacin y de investigacin que 
ofrece la CEE, efectuando evaluaciones peridicas de los 
resultados.

- La articulacin de la poltica tecnolgico-industrial en 
empresas que, por su dimensin, su desarrollo y su capacidad 
de incidir en otras empresas y actividades econmicas 
relacionadas, permitan una mxima rentabilizacin de los 
apoyos. Para ello, se instrumentar n programas concertados 
Administracin-Empresas.

b) La competitividad tecnolgica se favorecer  mediante:

- El fomento de la exportacin de tecnologa, posibilitando 
la aplicacin de incentivos a la exportacin con calidad 
tecnolgica.

- El fomento de la coparticipacin de empresas espaolas con 
empresas extranjeras de vanguardia en nuevas tecnlogas.

c) Favorecer la importacin de tecnologas a travs de:

- La liberacin y flexibilizacin del rgimen de 
transferencias de tecnologa. Para ello se coordinar  la 
demanda existente con la mejora de la oferta tecnolgica a 
partir de las posibilidades que abre el desarrollo de la Ley 
de Patentes.

- Apoyo a empresas espaolas que participen en programas y 
proyectos internacionales.

2. Reindustrializacin y difusin tecnolgica.

La poltica de reindustrializacin y difusin tecnolgica se 
concretar  en las siguientes medidas:

- Potenciacin y extensin, en colaboracin con las 
Comunidades Autnomas, de la Red de Asesores Tecnolgicos.

- Establecimiento de ayudas para la creacin de unidades de 
Investigacin y Desarrollo en el  mbito empresarial, 
profundizando en los criterios ya establecidos para la 
contratacin de nuevos tcnicos.

- Incentivacin del desarrollo de programas de colaboracin 
entre grandes y pequeas empresas, mediante el fomento de la 
subcontratacin de procesos y productos de alto contenido 
tecnolgico.

- Apoyo especfico a los esfuerzos de asimilacin de la 
tecnologa importada por nuestras empresas.

- Profundizacin en la modernizacin e implantacin de nuevas 
tecnologas en los servicios dependientes de las 
Administraciones Pblicas.

Otras medidas a adoptar ser n las siguientes:

- Desarrollo de los servicios de informacin y divulgacin 
sobre las oportunidades tecnolgicas y de recursos de los 
diferentes programas de la Comunidad Europea.

- Agilizacin y simplificacin de los trmites de los 
procesos de financiacin de los proyectos de Investigacin 
Tecnolgica.

- Creacin de un sistema de informacin con bancos de datos y 
lneas especficas de publicaciones para la orientacin 
profesional y de oportunidades empresariales en  reas de las 
nuevas tecnologas.

- Realizacin de un censo de los recursos tecnolgicos de las 
empresas espaolas en los distintos campos de nuevas 
tecnologas.

3. Capacitacin de recursos humanos

Las acciones se dirigir n a mejorar y adecuar el sistema educativo 
espaol a las nuevas exigencias tecnolgicas, as como a fomentar 
la preparacin de tcnicos en el extranjero, sin excluir las 
polticas de incorporacin a nuestras empresas de tcnicos de 
otros pases especialmente cualificados.

a) La mejora y adecuacin de nuestro sistema educativo se centrar  
en el desarrollo de las siguientes iniciativas:

- Orientar la poltica educativa de acuerdo con las 
exigencias de la demanda de profesionales en nuevas 
tecnologas.

- Tener en cuenta el desafo que plantean las nuevas 
tecnologas en la reordenacin de los planes de estudio de 
los centros de enseanza secundaria.

- Establecer mecanismos que permitan una movilidad recproca 
de investigadores entre centros de investigacin y empresas.

- Asociar los distintos incentivos que la Administracin 
concede a las empresas productoras de nuevas tecnologas con 
la exigencia de incorporar a su plantilla personal en perodo 
de formacin.

- Aplicar programas especficos orientados al reciclaje de 
los trabajadores de las distintas categoras a las nuevas 
exigencias de los sistemas de produccin tecnolgicamente 
avanzados.

b) La poltica de formacin de tcnicos en el extranjero se 
orientar  a:

- Consolidar y potenciar el actual programa para el 
entrenamiento de tcnicos en empresas extranjeras, con 
mecanismos de integracin posterior en el sector industrial.

- Poner en marcha programas urgentes para la formacin de 
cientficos y tcnicos en el extranjero, en las  reas de 
Electrnica, Informtica, Telecomunicacin, Robtica, Nuevos 
Materiales, L ser, Biotecnologa y Tecnologas Marinas.

- Favorecer la incorporacin de clusulas que permitan la 
formacin de tcnicos y postgraduados en el exterior en los 
contratos con empresas extranjeras en los que intervenga la 
Administracin.

- Facilitar la colaboracin y la reinsercin de 
investigadores y tcnicos espaoles actualmente establecidos 
en el extranjero.

c) La incorporacin eventual de tcnicos extranjeros altamente 
cualificados se orientar  bsicamente hacia la formacin de 
tcnicos espaoles en  reas de inters estratgico.

4. Favorecer la relacin Investigacin-Empresa.

La mejora de la relacin del proceso de investigacin con el 
productivo se lograr  a travs de las siguientes medidas:

- Impulso a la investigacin bsica de calidad, as como a la 
dotacin de equipamientos en las Universidades y Centros de 
Investigacin.

- Reordenacin de los organismos de investigacin, desarrollando 
el contenido de la "Ley de la Ciencia".

- Apoyo preferencial a los proyectos de investigacin que 
contengan previsiones de aplicacin y de aprovechamiento de los 
resultados de la investigacin.

- Fomento y desarrollo de centros de investigacin teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: autofinanciacin, demanda de la 
industria, relacin funciona y econmica con las empresas, 
dimensin reducida y movilidad e personal.

5. Compromiso de la sociedad.

El proceso de implicacin de la sociedad en el avance tecnolgico 
deber  basarse en el compromiso colectivo de toda la sociedad, lo 
que exigir  un gran esfuerzo de concertacin y movilizacin social 
que se apoyar  con las medidas siguientes:

- Desarrollo del Consejo Asesor y del Consejo General, de la 
Ciencia.

- Realizacin de campaas de informacin y sensibilizacin sobre 
los efectos y posibilidades de las nuevas tecnologas, 
estableciendo acuerdos con los medios de comunicacin que 
faciliten 1 movilizacin de la sociedad.

- Desarrollo de Campaas de Calidad y Tecnologa, como la ya 
iniciada en 1986.

- Seguimiento de la evolucin de la opinin pblica ante la 
temtica de las nuevas tecnologas y estudios sociolgicos 
prospectivos sobre las posibles consecuencias de los desarrollos 
tecnolgicos.

- Apoyo a los sectores sociales implicados, especialmente a los 
sindicatos, para que puedan realizar estudios, proyectos y 
encuentros que permitan mejorar el nivel de conocimiento de los 
trabajadores sobre las perspectivas que abren las nuevas 
tecnologas, aportando las informaciones pertinentes que 
contribuyan a optimizar su participacin en los procesos de 
concertacin social en este campo.

III. REFORMA Y Renovacin DE LA ECONOMIA

Al hacer referencia al proceso de modernizacin de las estructuras 
productivas han de tomarse en consideracin tres elementos 
bsicos:

* Los problemas de ajuste (financiero, laboral o productivo) 
que se han presentado en los denominados sectores bsicos y 
que en nuestro caso eran aquellos que tradicionalmente se 
venan desarrollando.

* La incidencia que sobre el tejido industrial plantea la 
incorporacin de nuevas tecnologas.

* La adecuacin que en la estructura productiva y comercial 
se produce como consecuencia de la adaptacin a las 
Comunidades Europeas.

Avanzar en la modernizacin de los distintos sectores en la 
economa es uno de los objetivos permanentes de los socialistas. 
Por ello desde 1982 se inici una estrategia en la que se 
combinaron actuaciones destinadas a conservar los antiguos 
sectores con otras cuya finalidad era incorporar tareas que no 
estaban desarrolladas en Espaa.

Combinar reconversin con reindustrializacin es algo que se llev 
a cabo en la siderurgia, la construccin naval, el sector textil, 
la electrnica, la informtica y la energa, sectores todos ellos, 
en los que se tomaron medidas que incrementaron las inversiones 
productivas, auspiciaron nuevas actividades e impulsaron tanto la 
investigacin como el desarrollo.

Gracias a tales medidas se ha podido reconstruir el tejido 
industrial en las zonas ms castigadas por la crisis y se han 
mantenido los puestos de trabajo de la inmensa mayora de los 
empleados en ellas. Los sectores bsicos y tradicionales tienen 
hoy futuro gracias a la mayor competitividad que han alcanzado.
La reindustrializacin se est  desarrollando mediante los Fondos 
de Promocin y Empleo y las Zonas de Urgente Reindustrializacin, 
que estn permitiendo la promocin y la diversificacin 
industriales.

3.1. POLTICA INDUSTRIAL

Ante la nueva actuacin que plantea nuestra presencia en las 
Comunidades Europeas, los socialistas entendemos que la poltica 
industrial para los prximos aos debe tener como eje fundamental 
la promocin industrial. Esta poltica deber  levarse a cabo 
mediante actuaciones que afectan con carcter general a todos los 
sectores industriales y tambin empleando medidas especficas en 
aquellos otros en los que se pretenda realizar acciones 
particulares.

3.1.1. Lneas horizontales de promocin

En el sentido que acaba de indicarse nos proponemos llevar a cabo 
las siguientes actuaciones:

a) Poltica de promocin de la innovacin tecnolgica, mediante la 
creacin de una infraestructura que prepare a nuestras empresas 
para enfrentarse al reto tecnolgico, a la llegada de nuevos 
procedimientos de produccin y a la creacin de un marco en el que 
la investigacin cientfica sea un factor determinante.

b) Poltica de promocin de intangibles, potenciando el diseo y 
las marcas nacionales en los sectores en los que debido a su 
creatividad, podemos conseguir una situacin competitiva. Esta 
poltica, ya iniciada en el Plan de Diseo y Moda, se llevar  a 
cabo promocionando estructuras bsicas para la creacin de diseo, 
incorporando posteriormente ste al producto para, por ltimo, 
individualizarlo a travs de la marca.

c) Poltica de ahorro y de diversificacin energtica, que abarate 
el consumo de energa por unidad de producto, con el fin de 
facilitar la competencia de la industria espaola.

d) Poltica de financiacin de la iniciativa empresarial, que se 
llevar  a cabo utilizando las siguientes medidas:

* Potenciacin de los crditos participativos como 
instrumentos de captacin de recursos para las PYMES.

* Acentuacin de la tendencia a rebajar los tipos de inters 
en las operaciones de crdito concedidas por las entidades 
oficiales.

* Modernizacin de los sistemas de avales y afianzamiento, 
fortaleciendo las sociedades de garanta recproca y haciendo 
ms operativa la Sociedad Mixta de Segundo Aval.

* Ampliar las frmulas de capital-riesgo como instrumento de 
animacin de la iniciativa empresarial.

* Creacin de segundos mercados para permitir el acceso de 
las PYMES a los mismos.

3.1.2. Promocin de empresas

En el  mbito de la difusin y promocin de la actividad 
empresarial los socialistas consideramos que:

1. Los recursos humanos son un factor bsico, por lo que el PSOE 
dirigir  su actuacin a establecer los mecanismos que posibiliten 
la formacin de trabajadores, tcnicos e investigadores, para 
impulsar la innovacin y el dinamismo empresariales.

2. Se continuar  con la poltica de simplificacin y reduccin de 
trmites administrativos para la creacin de empresas. En este 
sentido, se establecer n las ventanillas nicas o Centros de 
Gestin para la creacin de empresas.

3. En lo concerniente a la poltica de desarrollo de la 
informacin, promocin y asistencia tcnica a las empresas, se 
potenciar  la creacin de estructuras intermedias de promocin y 
gestin de iniciativas empresariales a nivel local o comarcal. 
Estas habrn de estar dotadas de alta operatividad, con la 
finalidad de que se conviertan en verdaderos instrumentos de 
prestacin de servicios de promocin y apoyo a las empresas.
Un eficaz funcionamiento de estas estructuras intermedias 
permitir  aumentar la fluidez para que se hagan efectivas las 
ayudas econmicas oficiales concedidas a las iniciativas 
empresariales.

4. Se emprender n actuaciones tendentes a intensificar la 
colaboracin entre Universidades, Centros de Investigacin y 
Desarrollo y Empresas, aprovechando los proyectos de cooperacin 
internacional y Comunitarios, as como la utilizacin de sus 
fondos.

3.1.3. Lneas sectoriales de promocin

a) La poltica electrnica e informtica, que se dirigir  a paliar 
las deficiencias del sector, con el fin de ir acercando su nivel 
de desarrollo al de los pases de nuestro entorno. Las  reas 
fundamentales de actuacin ser n la microelectrnica, la 
electrnica de consumo, los componentes electrnicos, las 
telecomunicaciones, la informtica, la electrnica para la 
Defensa, la electrnica industrial y la electromedicina.

b) La poltica de aprovechamiento de recursos minerales, en lo que 
se refiere a las medidas dirigidas a la explotacin y a las 
propias del fomento de la minera energtica.

c) La Poltica industrial de sectores en crisis. En todos los 
sectores afectados por la reconversin se seguir n llevando a cabo 
acciones de promocin de nuevas actividades y tecnologas, la 
reorganizacin de las estructuras productivas y comerciales y la 
ejecucin de los programas de inversin previstos. Por otro lado, 
se continuar  la lnea de mantenimiento del tejido industrial en 
las zonas ms afectadas por la reconversin a travs de las ZUR y 
los Fondos de Promocin de Empleo.

d) La poltica de promocin de diseo y moda impulsar  los 
programas de intangibles de las empresas textiles para mejorar su 
competitividad, as como las inversiones necesarias en lo que se 
refiere a las acciones colectivas institucionales.

3.2. ECONOMIA SOCIAL

Para los socialistas, la Economa Social y el Cooperativismo, en 
la que los propios trabajadores resuelven los problemas de 
produccin, distribucin, consumo y comercializacin, constituye 
un mecanismo eficaz de creacin de empleo, siempre que afronten 
con xito el reto de competitividad que les exige su entorno 
econmico.

Habrn de ser, asimismo, realidad en breve plazo las estructuras 
asociativas de las Cooperativas y Sociedades Laborales, que, aun 
manteniendo su independencia de la Administracin, obtendrn el 
apoyo necesario para su desarrollo.
Para ello proponemos:

1. Aprobada la Ley de Sociedades Annimo-Laborales, deber  
continuarse el programa de desarrollo legislativo remitiendo de 
nuevo a las Cortes de la Ley de Cooperativas, as como fijando un 
nuevo rgimen fiscal para el sector y promulgando las normas 
bsicas del Cooperativismo de Crdito que, tras su saneamiento 
financiero, exige una democratizacin de sus estructuras.

2. Crear el Consejo Superior de Cooperativismo, como lugar de 
encuentro entre la Administracin y los sectores sociales que 
componen la Economa Social. En otro orden de cosas, debe llevarse 
a cabo la creacin del Registro Especial de estas empresas.

3. Auspiciar la participacin de este sector en los foros 
comunitarios.

4. Establecer un conjunto de medidas administrativas que permitan 
un r pido cumplimiento de los programas de desarrollo de estas 
empresas, contemplando materias tan importantes como la formacin, 
la asistencia a la gestin empresarial y, destacadamente, un 
conjunto global de medidas financieras:

- Deber n perfeccionarse los conciertos de colaboracin con 
las entidades de Crdito Oficial, ampliando las ayudas, tanto 
para mantenimiento y/o renovacin interna de las empresas y 
creacin de entidades de segundo grado, como para ayudas a 
capital circulante no necesariamente unidas a la inversin en 
activos fijos.

- Se estudiar n frmulas que permitan la flexibilizacin del 
ofrecimiento de garantas, bien a travs de una mayor 
atencin a la viabilidad de los proyectos, bien posibilitando 
la creacin de Fondos de Avales o Sociedades de Garanta 
Mutua.

5. Apoyar la contratacin de tcnicos y gerentes adecuados, as 
como la formacin especfica del componente humano en el sector.

6. Establecer frmulas  giles de participacin del sector pblico 
en estas iniciativas, particularmente a travs de conciertos 
especficos para desarrollar las innovaciones tecnolgicas, su 
incardinacin en planes regionales y su colaboracin con 
Sociedades de Desarrollo Regional.

3.3. EMPRESA PUBLICA

El PSOE considera necesaria la existencia de un sector pblico 
empresarial que est presente en sectores bsicos, servicios 
pblicos y sectores de carcter estratgico. En el  mbito de la 
empresa pblica, el objetivo fundamental ser  la consolidacin de 
un conjunto empresarial viable que afronte las exigencias de 
competitividad derivadas de nuestra integracin en las Comunidades 
Europeas.

En este sentido, el PSOE llevar  a cabo las siguientes 
actuaciones:

1. La reduccin de las prdidas es el objetivo prioritario que nos 
proponemos conseguir a corto plazo. De esta forma podr  
disminuirse progresivamente la carga que representan las 
aportaciones, que con destino a las empresas Pblicas, se incluyen 
en los Presupuestos Generales del Estado.

2. Mejorar los resultados econmicos de estas empresas exige 
continuar con la poltica de saneamiento financiero, modernizar 
las instalaciones y adecuar las organizaciones de 
comercializacin. Las empresas Pblicas habrn de ser 
especialmente activas en la introduccin de nuevas tecnologas, la 
aplicacin de innovaciones y mejoras en productos y procedimientos 
y el incremento en los niveles de calidad ofrecidos.

3. El Sector Pblico Empresarial presenta todava una estructura, 
derivada en parte de ordenamientos anteriores, que es preciso 
adaptar a las nuevas realidades. Por ello, para hacer ms eficaz 
la estructura actual se profundizar  la desconcentracin de las 
decisiones en la lnea de Constitucin de grupos empresariales 
homogneos (subholdings) para conseguir una respuesta eficaz ante 
las exigencias del entorno.

4. La mejora de gestin habr  de adecuarse de tal modo que permita 
conciliar los dos aspectos principales del inters pblico: el 
mejor conocimiento de la situacin de entidades que administran 
recursos pblicos y la necesaria flexibilidad y autonoma, que 
posibilite a los gestores una administracin eficaz de dichos 
recursos pblicos.

5. El PSOE considera que la participacin de los trabajadores en 
la empresa pblica es una condicin para la consecucin de los 
objetivos enunciados. A partir de ello se desarrollar  el Acuerdo 
existente sobre participacin sindical en la empresa pblica.

3.4. AGRICULTURA Y PESCA

3.4.1. Agricultura

La integracin de nuestro pas en la CEE abre grandes 
posibilidades para el sector agrario espaol, al ampliar y 
consolidar una demanda creciente de productos agro-alimentarios en 
el marco europeo, a la vez que se inserta dentro de una Poltica 
Agraria Comunitaria, que ha permitido asegurar las rentas de los 
agricultores e impulsar los procesos de modernizacin y 
competitividad de las estructuras agroalimentarias europeas.

La oportunidad que se ofrece a la agricultura y ganadera 
espaolas exige, sin embargo, continuar el esfuerzo de adaptacin 
que se viene realizando en los ltimos aos y profundizar en la 
modernizacin de nuestra agricultura, tanto en sus estructuras 
productivas como en las comerciales, a la vez que se acelera el 
proceso de capacitacin y formacin de los agricultores y 
ganaderos a los sistemas de asociacin y organizacin que la nueva 
realidad comunitaria demanda.

Los desequilibrios estructurales y la diversidad de realidades 
agrarias en Espaa exigen, como un objetivo bsico de la poltica 
agraria, continuar y reforzar las actuaciones tendentes a la 
mejora de las rentas y de las condiciones de vida de aquellos 
colectivos sociales y de aquellas comarcas ms desfavorecidas 
dentro del sector rural, con una poltica decidida no slo de 
sostenimiento, sino de reequilibrio de rentas dentro del sector 
agrario.

La modernizacin y la continuacin del cambio, que debe ser 
acelerado como consecuencia de nuestra integracin en las 
Comunidades Europeas, exige seguir priorizando la incorporacin de 
los jvenes titulares de las explotaciones agrarias, as como un 
decidido impulso al relevo generacional, en un campo demasiado 
envejecido, en el que los jvenes siguen encontrando dificultades 
para ejercer un necesario protagonismo social.

3.4.1.1. Poltica de produccin y mercados

Nuestro tradicional desajuste agrario, con una inadecuada 
respuesta entre la oferta agraria y la demanda de numerosos 
productos, que generaba fuertes dficits en la balanza comercial, 
a la vez que acumula excedentes crecientes difciles de financiar, 
se ha corregido estos ltimos aos gracias a una contencin de la 
oferta de ciertos productos excedentarios, a la lnea de fomento 
mantenida para determinadas producciones y a un aumento de la 
demanda exterior para una gama de productos cada vez ms amplia. 
Una muestra de los anteriores resultados la constituye nuestra 
balanza comercial agraria, que ha sido positiva durante 1984 y 
1985 despus de ms de 25 aos de ser negativa.

La anterior poltica de ajuste entre oferta y demanda, es 
necesario continuarla con todo rigor, situndose en un marco 
nuevo: el comunitario-europeo. Ello exige una r pida acomodacin 
al mercado europeo, una preocupacin reforzada por la 
competitividad de nuestros productos, una mejora en su 
normalizacin y calidad, hacindoles capaces de competir en un 
espacio ms abierto y con mayores posibilidades, donde aparecen 
productos de otros pases. Esta nueva situacin obliga a:

- Mantener las lneas de fomento de ciertas producciones ya 
en curso: cereales- pienso, forrajeras, leguminosas y 
oleaginosas, ganadera ligada a la tierra, etc., as como al 
sostenimiento de nuestra tradicional agricultura de 
exportacin, mantenindonos en una lnea de competitividad, 
de acuerdo con el resto de las producciones comunitarias.

- Continuar el tratamiento especial de sectores en procesos 
de reestructuracin ya abordados (azcar, leche, olivar, 
vino, etc.) para permitirles un desarrollo normal en el marco 
comunitario, de acuerdo con las demandas del mercado europeo, 
la poltica de ajuste que se est  abordando en la CEE y sin 
provocar excedentes estructurales. El aumento de la 
productividad, la contencin y racionalizacin de la 
produccin, as como las adaptaciones a la demanda de los 
consumidores europeos, deben orientar los cambios que se 
estn produciendo en dichos sectores.

- Lograr una presencia ms activa de los agricultores y 
ganaderos en el mercado comunitario obliga a potenciar la 
creacin de "Asociaciones y Uniones de Productores Agrarios" 
a desarrollar el almacenamiento privado, a intensificar la 
informacin de precios y mercados que lleguen a los agentes 
econmicos agro-alimentarios y a reforzar la poltica actual 
de normalizacin de productos y de presencia en los mercados 
intra-comunitarios.

Todo ello a la vez que los agricultores y ganaderos se 
encuentren protegidos por unos precios de garanta 
comunitarios, que implican una seguridad y un elemento de 
sostenimiento de rentas superior, en la mayor parte de los 
casos, al vigente en Espaa con anterioridad a la adhesin a 
la CEE.

Los acuerdos interprofesionales, el desarrollo de los 
contratos agrarios y los nuevos sistemas de relacin entre 
agricultura e industrias agroalimentarias deben permitir 
abordar la nueva realidad del mercado europeo.

- Reforzar y extender el actual plan de investigaciones 
agrarias, que seguir  teniendo como un elemento fundamental 
la priorizacin de recursos y programas de acuerdo con 
nuestra realidad productiva, la realidad social de la misma y 
los requerimientos de un mercado agroalimentario ms abierto 
en el que nos insertamos.

Alcanzar estos objetivos exige un mayor dinamismo empresarial, 
junto con un esfuerzo de colaboracin y cooperacin entre el 
sector privado y el conjunto de las Administraciones Pblicas.
Especial atencin merece la situacin de la produccin agrcola de 
las Islas Canarias, de forma que se establezcan tanto 
procedimientos de promocin de sus productos para permitir el 
acceso de los mismos a sus mercados tradicionales como actuaciones 
dedicadas a resolver sus problemas estructurales.

3.4.1.2. Polticas de estructuras

La poltica de estructuras tiene como objetivo bsico desarrollar 
los diversos tipos de explotaciones agrarias para hacerlas ms 
competitivas como elemento fundamental en el que apoyar la mejora 
de las renta de la poblacin rural y satisfacer la necesidades y 
exigencias del con junto de la sociedad.

La competencia con el resto de la agricultura comunitaria obliga a 
acelerar la actual poltica de estructuras y a desarrollar 
importantes recursos hoy infrautilizados. A la vez, Espaa 
mantendr  la necesidad de reforzar tanto la poltica de 
estructuras dentro de la Poltica Agraria Comn como los fondos de 
financiacin de la CEE para esta finalidad.

Conscientes de la oportunidad comunitaria y de acuerdo con las 
prioridades ya establecidas, los socialistas impulsaremos, entre 
otras, las siguiente acciones:

1. Apoyo a los agricultores jvenes que fomente su acceso a la 
actividad agraria y que facilite la adquisicin de tierra y otros 
medios de produccin para la formacin de nuevas explotaciones y 
la mejora de las ya existentes. Seguiremos apoyando la 
incorporacin de la juventud, favoreciendo el relevo generacional 
y la transmisin de la titularidad de la explotacin.

2. Apoyo a la cooperacin agraria para ampliar el movimiento 
cooperativo, mejorar su articulacin y conseguir una mayor 
presencia e intervencin de estas entidades agrarias en la 
organizacin comn de mercados.

3. Reforzamiento de ayudas a los pequeos y medianos agricultores 
de tipo familiar, no slo impulsando la actual lnea de 
modernizacin de la explotacin familiar sino agotando plenamente 
las posibilidades del Reglamento Comunitario sobre Mejora de la 
Eficacia de las Estructuras Agrarias.

4. Desarrollo del Programa de Zonas de montaa y  reas 
desfavorecidas, que mejore el nivel de vida de las poblaciones en 
dichas zonas, rompa el deterioro en la actividad productiva de las 
mismas e impulse el desarrollo econmico y social de estas  reas 
geogrficas. El actual programa ser  ampliado de acuerdo con las 
posibilidades y recursos financieros contemplados en la 
correspondiente Directiva Comunitaria.

5. Fomento de la industrializacin agroalimentaria y de la 
comercializacin agraria que consiga un mejor funcionamiento de la 
cadena de produccin y consumo, modernice la estructura de la 
industria alimentaria y favorezca de forma permanente a los 
productos directos. El fomento de zonas desfavorecidas o en 
reconversin y el cooperativismo en este campo, ser n elementos 
prioritarios.

6. Fomento ganadero, incrementando los cultivos forrajeros, los 
recursos pastables y saneando la cabaa ganadera, para permitir el 
desarrollo de una ganadera ms ligada a la tierra y ms 
competitiva.

7. Desarrollo del sector forestal mediante la puesta en valor de 
las masas forestales en su triple vertiente productiva, protectora 
y paisajstica. El desarrollo del sector forestal debe 
equilibrarse con otras actividades, con la utilizacin de recursos 
ociosos y con las necesidades conservacionistas.

8. Las reformas estructurales ms especficas, de acuerdo con la 
realidad socioeconmica de cada  rea geogrfica, ser n abordadas 
por las Comunidades Autnomas segn sus competencias. Las 
actuaciones de inters general de la Nacin se llevar n a cabo 
priorizando su desarrollo segn las necesidades, recursos y 
objetivos de la ordenacin de mercados y producciones, los 
objetivos socioeconmicos y el equilibrio interregional.

9. Propiciar la Investigacin agraria orientndola hacia el 
abaratamiento de los costes de produccin, el fomento de nuevos 
cultivos, el aprovechamiento de recursos y la mejora de calidades 
y ahorro de energa.

3.4.1.3. Poltica de rentas

Se aplicar  una poltica de rentas agrarias tendente a reducir las 
desigualdades entre el medio rural y el urbano, as como a superar 
desequilibrios dentro del sector, protegiendo especialmente 
aquellos colectivos y comarcas ms desfavorecidos. Ello conlleva, 
entre otras, las siguientes lneas de actuacin:

- Mejorar la capacidad productiva de las pequeas 
explotaciones a travs de su reforma estructural, y mantener 
la poltica comunitaria de sostenimiento de rentas adecuada a 
la realidad del campo espaol. El sistema de precios de 
garanta y sus correspondientes modalidades de intervencin 
comunitaria, junto con la presencia activa y organizada de 
los agricultores y ganaderos en el mercado debe facilitar el 
proceso. Ello obliga a mejorar los procesos de 
comercializacin y transformacin de los productos agrarios, 
asegurando una estabilidad y penetracin en el mercado 
comunitario y en los centros de consumo nacionales.

- Continuar desarrollando el sistema de seguros agrarios y 
fortalecer los contratos agrarios, para mantener y 
estabilizar las rentas del sector.

- Desarrollar actividades no agrarias en muchas comarcas 
rurales con la finalidad de completar y mejorar las rentas de 
las familias agrarias.

- Incorporar a los jvenes constituye no slo un aliciente 
para modernizar nuestra agricultura, sino un instrumento 
bsico orientado a facilitar su empleo y aumentar su nivel de 
vida.

- Generalizar y extender los sistemas de Seguridad Social, 
mejorar el equipamiento social de los ncleos rurales, 
especialmente en las  reas ms desfavorecidas, constituyen 
componentes fundamentales en la elevacin de las rentas y en 
la mejora de las condiciones de vida de las comunidades 
rurales.

- Fomentar el acceso del agricultor y ganadero a la 
financiacin necesaria para la modernizacin de la actividad 
agraria lo que ser  impulsado a travs de la mejora en el 
sistema de avales y del desarrollo de los objetivos del Grupo 
Asociado Banco de Crdito Agrcola. En este sentido, 
completar el saneamiento de las Cajas Rurales y el proceso de 
democratizacin de sus rganos rectores debe permitir una 
mayor cercana del crdito pblico y cooperativo a las 
necesidades reales de los agricultores y ganaderos.

- Fortalecer el desarrollo de las asociaciones profesionales, 
sindicales y empresariales, de acuerdo con las nuevas 
realidades que la integracin en la CEE establece y con las 
necesidades sentidas hoy por el medio rural. Se continuar  el 
apoyo a las entidades asociativas, al proceso cooperativo en 
sus diversas modalidades, lo que implica continuar con los 
proyectos actuales de reforma de las C maras Agrarias y del 
sistema cooperativo vigente, para adaptarlos al pluralismo 
existente, a los principios de la libre asociacin y a la 
realidad asociativa y de servicios que hoy demanda la 
agricultura espaola.

3.4.2. Pesca

Por su importancia alimentara, la pesca se configura como un 
sector con futuro en el que aparecen grandes posibilidades para 
Espaa desde la entrada en la CEE, ya que podremos participar con 
el resto de los pases miembros en la definicin de la Poltica 
Comn de Pesca, contribuyendo, adems, a desarrollar la Europa 
Azul.

Nuestra poltica pesquera dotar  a este sector del dinamismo 
necesario para proseguir la modernizacin de las estructuras 
productivas, gestionar adecuadamente, salvaguardando y potenciando 
los recursos del caladero nacional, impulsando la presencia de la 
flota pesquera espaola en un mayor nmero de zonas de pesca y 
manteniendo la renta de los pescadores.

La poltica de recursos consolidar  la reglamentacin y ordenacin 
del caladero nacional e impulsar  la investigacin pesquera y 
martima en todos los aspectos que inciden en la pesca. En cuanto 
a los recursos externos, adems de extender la presencia de la 
flota, se proceder  a una especializacin por zonas y por 
especies, de acuerdo con la evolucin del mercado internacional.
La poltica de estructuras atender  a la modernizacin de la 
flota, al desarrollo y potenciacin de la acuicultura y el 
marisqueo, la realizacin de las repoblaciones necesarias, as 
como la instalacin de arrecifes artificiales.

La poltica de mercados debe insertarse en el  mbito comunitario, 
para lo que desarrollar  el rgimen de precios instaurado a raz 
del ingreso en la CEE, as como a la consolidacin de las 
Organizaciones de Productores en tanto que agentes centrales de 
los mecanismos de ajuste entre la oferta y la demanda.

3.5. POLTICA ENERGTICA

La poltica energtica socialista tendr  como prioridad el ajuste 
de la estructura energtica, la optimizacin del gasto para llegar 
a un mayor crecimiento econmico y con ello a una mejor 
distribucin de la riqueza.

Las lneas generales de actuacin ser n:

1. La mejora de la calidad del medio ambiente, asumiendo el reto 
tecnolgico de la combustin limpia y el incremento de seguridad 
en las instalaciones energticas mediante el desarrollo de 
controles y normas legales, investigacin aplicada a la seguridad, 
mejoras tecnolgicas en los proyectos energticos y protecciones 
aplicadas a la emisin de contaminantes.

2. Se potenciar  el autoabastecimiento energtico con un impulso 
al aprovechamiento del potencial hidroelctrico pendiente de 
desarrollo, a la produccin nacional de gas, petrleo, carbn, 
energa solar y otras energas alternativas. La planificacin de 
nuevas plantas de produccin de energa se har  con criterios de 
mxima austeridad con el objeto de reducir el actual 
sobreequipamiento de la produccin de energa y de mantener una 
dimensin ajustada.

3. La poltica de precios tendr  como objetivo estimular la 
competitividad y aprovechar la coyuntura de precios bajos 
internacionales para mejorar los costes de nuestra produccin 
industrial, manteniendo en lo posible el autoabastecimiento y la 
estructura energtica diversificada.

4. En cuanto al ahorro energtico, se promocionar n empresas de 
servicios energticos que faciliten a la industria un uso ms 
eficaz y rentable de la energa. Asimismo, estas empresas de 
servicios energticos permitir n al consumo domstico disponer de 
una mayor orientacin para una mejor calidad de vida sin mayor 
gasto energtico.

5. El sector energtico es un campo donde debe estar presente la 
Empresa Pblica, de forma que fomente la aplicacin de la poltica 
energtica.

6. Avanzada en la anterior legislatura la etapa de planificacin 
de la oferta y el diseo sectorial, se seguir  optando por 
acciones de consolidacin de los sectores y se adoptar n medidas 
de gestin empresarial.

3.5. 1. Carbn

El carbn, como materia prima autctona, seguir  siendo uno de los 
pilares de nuestra dieta energtica. Se continuar  la poltica de 
apoyo al carbn nacional, incrementando la produccin en las  reas 
de mejor rendimiento econmico y dando una respuesta concertada 
con los agentes sociales a los problemas de las cuencas mineras.
En este sector se exige acometer una completa planificacin de su 
desarrollo, contemplando unos niveles de precios competitivos con 
los que rigen en la CEE y fomentando las actividades de desarrollo 
tcnico.

La cobertura del incremento futuro de la demanda elctrica ha de 
materializarse con la instalacin de nuevos grupos trmicos que 
sean proyectados de acuerdo con el tipo de carbones existente en 
las diferentes  reas geogrficas de nuestro pas, donde se prevea 
esa instalacin.

La mejora de la seguridad minera, y en especial en las 
explotaciones subterrneas de carbn, es uno de los objetivos 
irrenunciables del PSOE. En este sentido, las futuras actuaciones 
de la Administracin seguir n apoyando la formacin profesional, 
la investigacin, la aplicacin de nuevos y ms seguros mtodos de 
explotacin, el aumento de las inversiones dedicadas a la mejora 
de la seguridad y el incremento de vigilancia sobre las normas de 
seguridad en las mismas mediante la participacin de los 
trabajadores en esta materia, segn establece el Estatuto Minero.
En cuanto a las cuencas mineras, se desarrollar  el plan a largo 
plazo que prev el PEN, complementndolo con actuaciones 
integrales dirigidas a corregir la actual situacin 
medioambiental, de infraestructuras, de equipamientos urbansticos 
y a favorecer la diversificacin de la economa de estas zonas.
Se dictar n medidas que fomenten la integracin de la produccin 
de energa elctrica con la de carbn, de modo que las centrales 
trmicas tengan inters en el consumo de este combustible.
De un modo semejante al realizado para el sector elctrico, ser  
preciso que la Administracin disponga de auditoras de las 
empresas mineras que le permitan conocer, con suficiente grado de 
aproximacin, la realidad econmica de las explotaciones.

3.5.2. Electricidad

Es fundamental continuar las actuaciones de saneamiento econmico 
financiero y de contencin de los costes en las empresas 
elctricas, con el fin de conseguir las tarifas ms bajas 
posibles. Para ello se desarrollar n las normas legales adecuadas, 
se mejorar  el sistema de compensaciones entre las empresas 
elctricas y se mantendr  el di logo y la negociacin con las 
mismas para exigir la consecucin del equilibrio financiero.
La competitividad de la economa espaola y el logro de niveles 
ms elevados de calidad de vida para todos los ciudadanos exige un 
mayor compromiso por parte de los suministradores para garantizar 
el servicio con la calidad adecuada en todo el territorio y una 
gestin empresarial dirigida a asegurar una fuerte reduccin de 
los costes de suministro, en especial de los de capital, que 
inciden fuertemente en las tarifas, a fin de conseguir un servicio 
pblico eficiente y barato.

Las nuevas instalaciones de produccin de electricidad se harn 
aprovechando preferentemente el potencial hidroelctrico no 
desarrollado y construyendo los complejos mineros elctricos 
nacionales posibles. Se continuar  el desarrollo de la Red 
Elctrica de Espaa, ampliando la estructura regional con el fin 
de conseguir la produccin elctrica ms adecuada a los intereses 
de Espaa.

Teniendo en cuenta el carcter de Servicio Pblico del suministro 
de electricidad, se ampliar n las normas legales que garanticen la 
calidad del suministro y sancionen adecuadamente las deficiencias. 
Tambin se seguir  insistiendo en la electrificacin rural para 
mejorar la calidad de vida de las zonas menos pobladas 
demogrficamente y con una economa necesitada de aporte 
energtico.

Es conveniente potenciar la capacidad de interconexin elctrica 
con los pases vecinos por razones de seguridad y de fomento de 
los intercambios comerciales.

En relacin con el programa nuclear se adoptar  un conjunto de 
medidas, en la lnea de las desarrolladas en los ltimos tres 
aos, dirigidas al control del funcionamiento de las centrales y a 
garantizar la mxima seguridad. Se seguir  tambin con la gestin 
adecuada de los residuos radiactivos.

Para ello, se elaborar  un plan de residuos, conteniendo las 
acciones previstas para su tratamiento y se potenciar  la 
actuacin del Consejo de Seguridad Nuclear para el seguimiento e 
implantacin de las medidas de seguridad utilizadas en 
instalaciones dedicadas a las actividades nucleares.

3.5.3. Gas

Tras haber sentado las bases requeridas para una poltica de 
garanta en el abastecimiento de gas, que permita en el prximo 
futuro la diversificacin de las fuentes energticas, deben 
emprenderse las acciones concretas que aseguren su penetracin en 
el conjunto de la oferta energtica. Estas son:

- Expandir la infraestructura del transporte para dar 
cobertura al mximo nmero de poblaciones y ncleos 
industriales de alto consumo energtico.

- Lograr la necesaria flexibilidad del sistema mediante la 
habilitacin de almacenamientos en territorio nacional, la 
conexin de nuestro sistema a la red de transporte europea y 
la intensificacin en la exploracin de yacimientos 
nacionales.

- Impulsar la integracin de actuaciones de las empresas 
gasistas y las Instituciones Locales mediante el desarrollo 
de las bases establecidas en el protocolo de ordenacin del 
sector, para la consecucin de una mayor eficacia de los 
recursos aplicados.

- Promover la utilizacin de los gases licuados como 
combustible de los medios de transporte colectivos, ya que de 
esta forma se pueden alcanzar importantes mejoras en la 
reduccin de contaminantes atmosfricos.

3.5.4. Petrleo

La nueva situacin en el sector, producida por la cada de los 
precios del crudo, la incorporacin de Espaa a la CEE y la 
transformacin del monopolio, obliga a desarrollar nuevas lneas 
de actuacin que consoliden el mantenimiento de nuestro sector 
petrolero, a saber:

- Continuar con las medidas de ahorro energtico y 
sustitucin del petrleo por otras fuentes energticas, en 
busca de un equilibrio entre la situacin del mercado y la 
poltica de sustitucin a medio plazo.

- Disminuir y reordenar la cuota en rgimen de Comercio de 
Estado, reafirmando sus finalidades de seguridad, instrumento 
comercial y apoyo a acciones en el exterior.

- Mantener los planes de exploracin y niveles de inversin 
en el interior y exterior. Ser  decidida una poltica de 
compra de reservas probadas.

- Abordar un plan de modernizacin y flexibilizacin de la 
flota petrolera para hacerla competitiva y operativa.

- Reestructurar el refino para adecuarlo a condiciones 
futuras de competencia en costes y calidades, a la nueva 
tendencia de la demanda y a frmulas de precios que 
incentiven la competitividad.

- Alcanzar una presencia suficiente de la empresa de 
comercializacin y distribucin para mantener y fortalecer 
los intereses nacionales.

3.5.5. Energas renovables

Se va a Intensificar el aprovechamiento de los recursos 
energticos renovables, en especial los residuos forestales y 
agrcolas, la energa hidrulica, la solar y la del viento. Para 
el desarrollo de las energas renovables se va a seguir fomentando 
la creacin de empresas. Estas empresas garantizar n el correcto 
uso del monte, y, con la gestin adecuada, la comercializacin de 
combustible de origen renovable para su uso por la industria o el 
sector domstico.

Empresas fomentadas desde el sector pblico se ocupar n asimismo 
de la construccin y explotacin integral de los recursos 
hidrulicos aun no utilizados, abandonados o deficientemente 
explotados. Una actuacin similar se llevar  a cabo para la 
utilizacin intensiva de la energa del viento y de la energa 
solar. En este ltimo caso, la utilizacin en hospitales, 
polideportivos, residencias y en general en instalaciones Pblicas 
permitir  mostrar la eficiencia y el inters de su 
aprovechamiento. Para la energa del viento, la instalacin de las 
m quinas adecuadas permitir  el rendimiento de terrenos marginados 
o tierras baldas.

Todas las actividades tendentes al desarrollo de las aplicaciones 
de las energas renovables van a ir acompaadas de un esfuerzo de 
coordinacin entre todas las Administraciones Pblicas implicadas.

3.5.6. Investigacin y desarrollo en la energa

Es preciso acentuar los esfuerzos en el campo del desarrollo 
tecnolgico, consolidando el Plan de Investigacin Energtica y en 
especial la accin de las Oficinas de Coordinacin de la 
Investigacin que se han puesto en marcha en los sectores de la 
produccin de energa elctrica, de carbn, del gas y del 
petrleo.

La existencia de una sociedad estatal permite llevar a cabo con 
ms eficacia las actividades de fomento de ahorro y 
diversificacin. Una especial atencin se dedicar  a difundir 
entre las empresas beneficiarias los resultados de la 
investigacin. Para ello se buscar  que las empresas se 
responsabilicen de identificar las  reas de investigacin y 
desarrollo en sus campos de actividad. Las empresas relacionadas 
con la energa contar n con los estmulos necesarios para buscar y 
tener acceso a las soluciones tcnicas que mejoren su competencia 
y calidad.

3.6. INFRAESTRUCTURAS:  OBRAS PUBLICAS,  TRANSPORTES Y  
COMUNICACIONES

La modernizacin de la economa lleva aparejado el incremento de 
la dotacin de infraestructuras existentes, ya que a travs de 
estas actuaciones se conseguir  una mayor integracin del mercado 
interno, una mejor ordenacin del territorio y se proporcionar  al 
ciudadano servicios indispensables para elevar el nivel de vida.
En obras Pblicas y transportes, la poltica de los socialistas en 
la prxima legislatura se dirigir  a conseguir una oferta de 
servicios de ptima calidad, tecnolgicamente adecuados y 
econmicamente integrados en la poltica econmica general. Se 
regular n las relaciones entre el cliente, los tcnicos de las 
diversas disciplinas y las empresas constructoras. Asimismo, se 
pondr  especial inters en la calidad y diseo de las obras 
Pblicas.

3.6.1. Obras Pblicas

Carreteras

Disponer de una red de carreteras que satisfaga las necesidades 
espaolas en el  mbito de la CEE es uno de los objetivos que para 
los prximos aos plantea el Plan General de Carreteras. Las 
actuaciones de este Plan se agrupan en cuatro programas:
a) El programa de autovas, que completar  una red estatal de alta 
calidad, en la que se disminuir n los tiempos de recorrido, 
aumentando la seguridad vial.

b) El programa de acondicionamiento, que modernizar  los 
itinerarios de larga distancia y realizar  las variantes 
necesarias en las poblaciones de menos de 50.000 habitantes.
c) El programa de reposicin y conservacin pretende que la red 
estatal alcance y mantenga las debidas condiciones de capacidad, 
acabado y sealizacin, de tal manera que el usuario perciba un 
servicio adecuado desde los puntos de vista de la seguridad y la 
economa.

d) El programa de actuaciones en el medio urbano tiene por objeto 
garantizar la continuidad de los itinerarios estatales a su paso 
por las principales poblaciones, as como el acceso a los puertos 
y aeropuertos de inters general del Estado. El desarrollo de este 
programa hace conveniente el acuerdo con Ayuntamientos y 
Comunidades Autnomas.

Obras Hidrulicas

Con la aprobacin de la Ley de Aguas se produce una nueva 
ordenacin de la poltica hidrulica que debe manifestarse en el 
 mbito legislativo, en el organizativo, en la planificacin 
hidrulica y en el de las inversiones.

La planificacin hidrolgica se realizar  mediante la redaccin 
del Plan Hidrolgico de cada una de las Cuencas y del Plan 
Hidrolgico Nacional.

Se promover  una fuerte inversin en los programas de 
infraestructura de recursos hidrulicos y regados.
Se crear  un programa especfico de modernizacin y adecuacin de 
la infraestructura hidrulica, con la finalidad de optimizar y 
ahorrar en el uso del agua y en la modernizacin de los sistemas 
de distribucin.

En materia de gestin hidrulica, se reforzar  la coordinacin con 
otros departamentos y Administraciones Pblicas, se establecer n 
mecanismos de autofinanciacin y de contabilizacin en las 
Confederaciones.

Poltica Portuaria

La poltica portuaria pretende prestar un servicio pblico que 
desarrolle al mximo los trficos, constituyendo un adecuado 
soporte para la actividad econmica del entorno de cada puerto. 
Para ello se aplicar  un sistema de administracin y gestin 
flexible,  gil y capaz de adaptarse a las caractersticas de cada 
puerto. Se concentrar n ms las competencias que actualmente 
actan y coinciden en el  mbito portuario, desarrollndose una 
adecuada poltica de seguridad de las mercancas, equipajes, 
pasajeros y trabajadores.

3.6.2. Transportes

Aumentar la calidad y la seguridad de la oferta del sistema de 
transportes, adecundolos al marco de la CEE, constituye el 
objetivo de la poltica de los socialistas en este campo. Para 
ello, nos proponemos integrar los distintos modos, alcanzar su 
equilibrio econmico, impulsar su desarrollo tecnolgico y mejorar 
la informacin a los usuarios, orientando y estimulando el uso del 
transporte pblico y el colectivo.

Concretando estos objetivos, llevaremos a cabo las siguientes 
actuaciones:

1.	Transporte por carretera
2.	
Proseguir n las ayudas a la renovacin de flota, crendose los 
oportunos mecanismos de financiacin que, en la medida de lo 
posible, ser n extendidos a los transportes urbanos.

Se incrementar n los medios de inspeccin y control al objeto de 
mejorar la seguridad y la transparencia en el transporte por 
carretera, y el cumplimiento de la normativa de carga por eje.
En materia tarifaria la intervencin administrativa en el 
transporte de mercancas disminuir  paulatinamente, de forma que 
aquellas prcticamente se configuren como tarifas libres. En el 
transporte de viajeros las tarifas se determinar n en funcin de 
los costes reales.

Se favorecer  el movimiento cooperativo entre los transportistas, 
tanto si se trata de cooperativas de explotacin como de 
comercializacin.

2. Transporte Ferroviario

La aprobacin del Plan de Transporte Ferroviario permitir  
disponer del instrumento estratgico de planificacin del sistema 
ferroviario.

Como consecuencia de dicho Plan de Transporte Ferroviario, se 
podrn tomar decisiones en los siguientes aspectos:

- Ejecucin de la Red Bsica con una velocidad de 160-200 
km./h.

- Definicin de los servicios Intercity que deben prestarse 
en toda la Red.

- Definicin de las Redes de cercanas, tanto en lo que se 
refiere a infraestructuras como a servicios, buscando su 
urgente perfeccionamiento.

En el transporte de mercancas, se desarrollar  una poltica 
comercial que permita incrementar notablemente la participacin 
del ferrocarril en este segmento de mercado, Este incremento 
deber  producirse tanto en los transportes intermodales como en el 
transporte internacional.

Desde el punto de vista organizativo, y teniendo en cuenta los 
objetivos generales de racionalizacin del gasto pblico, ser  
preciso desarrollar un sistema ms eficaz de control interno de la 
gestin.

Por otra parte, se desarrollar  la contabilidad analtica, al 
objeto de proceder a una correcta imputacin de gastos a las 
diversas producciones ferroviarias.

3. Transporte Martimo

El Plan de Flota dotar  a Espaa de una flota eficiente y 
competitiva para afrontar con garanta el reto de la futura 
poltica comunitaria en este sector.

En la CEE, Espaa colaborar  en la definicin de la Poltica Comn 
de Transportes Martimos. Bajo el principio elemental de 
preferencia al Pabelln y proteccin de la mano de obra nacional, 
debe participarse activamente en la formulacin de esta poltica 
de defensa activa de las flotas de los Estados miembros, cuya 
ltima finalidad ser  el establecimiento de un mercado 
comunitario.

Igualmente participaremos en todos aquellos proyectos e 
iniciativas que contribuyan a mejorar la seguridad en la 
navegacin, las condiciones de trabajo a bordo, as como la 
proteccin del medio marino y las innovaciones tecnolgicas en el 
diseo de nuevos buques.

Las tareas de gestin en este campo van a estar presididas por la 
puesta en vigor del nuevo diseo de la Administracin martima que 
resulte de los trabajos de la Comisin Interministerial del Mar.
Se pondr  en marcha un dispositivo eficaz y permanente de 
vigilancia y salvamento martimos.

4. Transporte Areo

La normativa sobre navegacin rea se adaptar  a las 
circunstancias actuales en los aspectos administrativo, econmico, 
social y tecnolgico, prestando especial atencin a las tendencias 
que en el  mbito del transporte areo se desarrollan en la 
Comunidad Econmica Europea.

Se asignar  a las compaas areas los mercados y segmentos de los 
mismos donde deban actuar, lo que permitir  su mejor adaptacin a 
los mismos.

En el campo de la navegacin rea, procederemos a:

- Continuar con la poltica de inversiones para dotar al 
espacio areo espaol de un sistema automatizado de control 
de la circulacin rea.

- Seguir la poltica de asignacin de recursos econmicos 
dirigidos al mantenimiento y explotacin de las inversiones 
realizadas.

- Intensificar los programas de formacin del personal en las 
 reas de gestin, tcnica y operativa, en funcin de los 
nuevos procedimientos que implica la introduccin de nuevas 
tecnologas.

3.6.3. Comunicaciones

La poltica socialista en este  mbito se acomodar  a los 
siguientes objetivos:

a) Realizar una planificacin que posibilite la ordenacin 
integrada del sector, la racionalizacin de las inversiones, la 
previsin de la demanda y la extensin de los servicios bsicos de 
comunicaciones a todo el territorio nacional.

b) Reordenar los servicios de comunicacin, regulando las 
condiciones de prestacin, controlando el uso del espacio 
radioelctrico y potenciando una ampliacin de la investigacin y 
el desarrollo.

A tal fin, pretendemos llevar a cabo las siguientes acciones.

a) Programar la actividad del sector mediante un Plan de 
Telecomunicaciones, que integrar  planes de accin de Telefnica, 
de la Red de Enlaces de TVE, los planes experimentales de la Red 
Digital de Servicios Integrados y las Telecomunicaciones 
Espaciales.

b) Reordenacin sectorial, con acciones de ordenacin e inspeccin 
del espectro de frecuencias: OM, FM, SMT, bases tcnicas de TV 
privada, regulacin de antenas de recepcin por satlite y de 
vdeo comunitario. En el mismo sentido, se mantiene el propsito 
de remitir a las Cortes un Proyecto de Ley que regule en Espaa la 
televisin privada.

c) Mejora y modernizacin de los servicios postales, mediante la 
automatizacin de oficinas, ampliacin de servicios -correo 
electrnico, transportes de fondos y postal-expres.

3.7. TURISMO

Espaa tiene una posicin claramente dominante en el mercado 
turstico internacional, lo que ha motivado que el turismo 
constituya un sector de actividad econmica profundamente 
arraigado en la estructura productiva y de servicios de nuestro 
pas. En la actualidad, el turismo se ha consolidado como un gasto 
primordial entre los nuevos hbitos de consumo de los pases 
desarrollados, pero su potencial de crecimiento se considera 
importante al mantenerse los principales factores generadores de 
la actividad.

Por ello, las medidas que se adopten ir n dirigidas a aumentar el 
ingreso medio por visitante, lo que favorecer  al sector como 
instrumento de creacin de empleo y redistribucin de la renta. En 
este sentido, la creacin de oferta nueva ser  planificada y 
tendr  en cuenta la calidad de la misma para asegurar nuestra 
competitividad en el mercado internacional.

El crecimiento del sector turstico deber  ser ordenado, por lo 
que los socialistas adoptaremos las siguientes medidas:
1. Mejorar los servicios en forma gradual y continua, elevando el 
nivel de prestaciones.

2. Captar visitantes y promocionar de forma adecuada la imagen de 
Espaa como destino turstico, asegurando la coordinacin de 
iniciativas y la unificacin de los esfuerzos.

3. Potenciar las iniciativas empresariales que surjan y participar 
en el desarrollo turstico de otros pases, con recursos humanos y 
capitales nacionales, para aumentar la presencia espaola en el 
mercado turstico internacional.

4. La accin socialista se orientar  hacia la mejora de la 
actividad de la Red Nacional de Paradores Nacionales, asegurando 
su autofinanciacin, renovando sus instalaciones y mejorando sus 
servicios.

3.8. SISTEMA FINANCIERO

Deber  mantenerse el proceso de acrecentamiento de la competencia 
entre las entidades financieras, a la vez que se adoptan medidas 
que favorezcan y acenten la tendencia hacia el descenso en los 
tipos de inters por su incidencia positiva sobre determinados 
componentes del gasto, as como tambin por su efecto positivo 
directo respecto de los gastos financieros del Sector Pblico.
Se seguir  insistiendo en la reduccin de los costes de 
intermediacin, que continan siendo ms elevados de lo 
conveniente. Nuestro sistema financiero an presenta una 
inadecuacin de la red bancaria por lo que todas las entidades 
deber n seguir realizando esfuerzos en este terreno.

Se continuar  estimulando a la Banca y a las Cajas de Ahorro a que 
aumenten su participacin en la financiacin del capital-riesgo. 
Se mantendr  el carcter fundamentalmente regional de estas 
ltimas entidades, carcter que se ha acentuado en los ltimos 
anos y que ha contribuido a acrecentar su participacin dentro del 
sistema financiero.

Se tender  a que el proceso de descenso de los coeficientes de 
inversin se acelere en virtud de los Positivos avances obtenidos 
en la financiacin del dficit, la demostrada capacidad por la 
banca pblica para obtener recursos libremente y la mejor atencin 
de las financiaciones prioritarias por parte del mercado. No 
obstante, este descenso se complementar  con la posibilidad de 
establecer convenios de financiacin entre el Gobierno y las 
entidades financieras para atender las necesidades de recursos de 
determinados sectores. El Gobierno velar  porque no se produzcan, 
en el  mbito de las actuaciones financieras de las distintas 
Administraciones Pblicas, reducciones encubiertas de los tipos de 
inters por la va de subvenciones.

Todos los mercados directos ser n estimulados y, en especial, el 
mercado de valores. Este ser  modernizado bajo los principios de 
mercado nico y continuo, transparencia y competencia entre todas 
las instituciones profesionales que participan en l, al tiempo 
que se arbitran los medios para la supervisin de este mercado.
Se impulsar  la homogeneizacin del mercado de renta fija, 
favoreciendo tambin nuevas modalidades de ttulos y la liquidez 
de los mercados secundarios.

Teniendo en cuenta el aumento de competencia que se producir  al 
trmino del perodo transitorio de adaptacin a la CEE, se 
estimular  la capacidad de todas las entidades de crdito para 
adaptarse a esa futura realidad.

Con respecto a los bancos oficiales, se ultimar  el proceso 
desburocratizador y de acercamiento al mercado, prescindiendo de 
nuevos recursos procedentes del Tesoro 9 de coeficientes. Se les 
dotar  de un nuevo marco legal que garantice un funcionamiento 
homogneo con el de las entidades privadas, configurando un grupo 
en torno al Instituto de Crdito Oficial, que ser  transformado en 
sociedad estatal.

Se proceder  a la reforma de la naturaleza jurdica de la Caja 
Postal, de modo que esta abandone su obsoleta naturaleza de 
organismo autnomo.

Se modificar  el marco normativo de las Cajas Rurales, acentuando 
su profesionalizacin y garantizando una gestin ms puramente 
bancaria, a la vez que se democratizar n los procedimientos 
representativos en sus rganos rectores. Deber  mantenerse la 
relacin del Banco de Crdito Agrcola con estas entidades, de 
forma que se coordine su actuacin y que esta resulte favorable a 
la necesaria adaptacin de las explotaciones agrarias al nuevo 
contexto generado por el ingreso en la CEE.

IV. UNA SOCIEDAD MAS JUSTA: Redistribucin DE LA RENTA Y CALIDAD 
DE VIDA

El crecimiento econmico es un bien social si va acompaado de la 
creacin estable de empleo, la construccin de una sociedad ms 
justa y solidaria y un aumento general de la calidad de vida. La 
penalizacin de quienes no, pueden Participar con xito en el 
juego de la competencia por su inferioridad de condiciones debe 
ser objeto de las oportunas correcciones. Igual que no olvidamos 
la dimensin econmica de los problemas sociales, ni los problemas 
funcionales y de eficacia de las Administraciones Pblicas, 
advertimos que el gran problema de nuestro tiempo es conciliar el 
valor libertad y el valor igualdad y renovamos nuestro compromiso 
por un proyecto superador de las desigualdades que genera el 
sistema.

En esta nueva etapa, en la que se abren perspectivas de un mayor 
crecimiento econmico, avanzaremos con mayores mrgenes en la 
construccin de una sociedad ms solidaria, en la que los que 
menos tengan estn ms Protegidos, en la que todos los ciudadanos 
tengan garantizados unos mnimos de prosperidad material y en la 
que se disfrute de una mejor calidad de vida.

En este contexto, el PSOE considera que existe un margen 
suficiente para dirigir una atencin preferente a las polticas de 
bienestar social y calidad de vida en nuestro pas, compatible con 
una reduccin significativa del dficit pblico y de los costes de 
las empresas, con la subsiguiente incidencia en la generacin de 
empleo y en fa modernizacin del aparato productivo.

Para ello es necesario, en primer lugar, orientar las grandes 
lneas de la poltica presupuestaria de modo que se acente el 
papel redistribuidor del sector pblico.

El carcter redistribuidor de la poltica presupuestaria en cuanto 
a los ingresos pblicos se manifestar  en:

a) Avanzar en la eliminacin del fraude fiscal y revisar las 
exenciones y bonificaciones, lo que permitir  conseguir una 
distribucin ms equitativa de la carga fiscal. El aumento de la 
eficacia en la gestin tributaria permitir  alcanzar un volumen de 
ingresos pblicos compatible con el mantenimiento de los tipos 
impositivos.

b) Tratamiento fiscal favorable para las rentas ms bajas y 
flexibilidad en la utilizacin de la imposicin, tanto directa 
como indirecta, con criterios de solidaridad social y 
redistribucin, de tal manera que disminuya la participacin de 
las rentas salariales en el total de los ingresos tributarios.
Desde el punto de vista del gasto pblico y de sus efectos 
redistribuidores el PSOE se propone:

a) Incrementar las transferencias corrientes dirigidas al aumento 
del nivel de la renta familiar y de la calidad de vida, combinada 
con una reduccin de las transferencias corrientes dirigidas a 
financiar las prdidas de las empresas, excepto a las que son 
servicios pblicos, y una fuerte contencin de las transferencias 
de capital destinadas a la reconversin industrial.

b) Seleccionar las inversiones Pblicas por su rentabilidad 
econmica e igualmente por su inters social y asegurar que la 
poltica de subvenciones a los entes territoriales contribuya a la 
igualacin de la calidad de vida para todos los ciudadanos.
El segundo componente del proyecto democrtico del PSOE reside en 
la participacin social como elemento que ayudar  al proceso de 
integracin, modernizacin y mejora de la calidad de vida de la 
sociedad espaola.

El Gobierno acrecentar  los niveles de participacin, como el 
instrumento ms idneo frente a la presin de los corporativismos 
contra el conjunto de la sociedad y contra el Estado.
Es preciso asentar la va de la participacin para que las 
energas de la sociedad no se estanquen en los estrechos lmites 
de la defensa de las posiciones de monopolios, privilegios o 
visiones segmentadas del inters colectivo.

4.1. Educacin UNIVERSIDAD  Y POLTICA CIENTFICA

4. 1. 1. Educacin

La educacin es un instrumento privilegiado para progresar hacia 
una sociedad ms libre, igualitaria y avanzada. Por tal razn, los 
socialistas seguiremos trabajando por una escuela integradora, 
abierta a la promocin de todos sin discriminacin de ningn 
gnero, participativa y capaz de ofrecer una educacin completa al 
ciudadano.

Para la realizacin de estos principios se han dictado ya leyes de 
tanta importancia como la L.O.D.E. y la L.R.U., se ha afrontado la 
lucha contra la desigualdad, se ha promovido la renovacin 
pedaggica, la reforma de las enseanzas en todos sus niveles y la 
dignificacin de la funcin docente. Ahora ha llegado el momento 
de completar importantes realizaciones ya comenzadas y acometer 
nuevas tareas.

La amplitud de la reforma educativa emprendida exige continuidad, 
bien para acabar de desarrollar el diseo general que supone cada 
una de las Leyes aprobadas, bien para profundizar y culminar las 
reformas iniciadas en los niveles de Educacin Bsica y 
Secundaria.

Nos proponemos, a partir de lo ya realizado y para mejorar la 
calidad de la escuela pblica, los siguientes objetivos:

- Modernizar la estructura, contenidos y mtodos de nuestro 
sistema educativo, adaptndolos al nuevo marco poltico, 
social, cultural y econmico resultante de nuestra 
integracin europea y a las exigencias de la transformacin 
tecnolgica.

- Superar las discriminaciones que todava subsisten, 
haciendo posible el efectivo disfrute de los derechos 
proclamados en nuestra Constitucin.

- Reformar el sistema de acceso del profesorado y desarrollar 
las bases de la carrera docente.

- Impulsar un modo de gestionar los centros que conjugue la 
eficacia administrativa y la participacin comunitaria.
1. Escuela para todos

En razn de la singular importancia de la escolarizacin temprana, 
como elemento de integracin social y como compensador de las 
desigualdades de origen ms notorias, nos proponemos:

a) Alcanzar la escolarizacin, bajo criterios pedaggicos, de 
los nios de cuatro a cinco aos.

b) Completar la plena escolarizacin obligatoria de menos de 
diecisis aos.

c) Incrementar los puestos escolares en la edad preescolar de 
tres aos.

d) Aumentar los puestos escolares para satisfacer la demanda 
social en las edades comprendidas entre los diecisis y los 
dieciocho aos.

Objetivo inmediato del Programa socialista ser  la consolidacin 
de una red de centros gratuitos que presten el servicio pblico de 
educacin. Se impulsar  la homogeneizacin de las condiciones 
mnimas en que se imparte la enseanza en todo el Estado y para 
todos los centros que reciben fondos pblicos para su gratuidad, 
con el fin de asegurar una enseanza digna y sin discriminaciones.

2. Escuela participativa y de calidad

La calidad de la enseanza, objetivo prioritario para los 
socialistas en los prximos aos, contribuir  al desarrollo 
individual y social de los nios. Entre las acciones destinadas a 
mejorar la calidad, los socialistas daremos preferencia a:

- Los programas de integracin en la educacin especial.

- Los proyectos y experiencias que abran la escuela al 
entorno fsico y social, en la lnea de una autentica 
educacin ambiental.

- Las experiencias de pedagoga activa que favorezcan la 
autonoma del alumno y el desarrollo de su creatividad.

- La gestin de los centros por la comunidad escolar y la 
efectiva participacin de todos los que intervienen en el 
proceso educativo.

Los derechos fundamentales que la Constitucin garantiza en el 
 mbito de la educacin ser n objeto de actuaciones formativas y de 
sensibilizacin. Se fomentar  una autentica coeducacin que 
permita progresar hacia la igualdad real de oportunidades entre 
hombre y mujer.

3. Combatir las desigualdades

El derecho a la educacin en una sociedad desigual ha de tener un 
carcter fundamentalmente compensador. Nos proponemos desarrollar, 
por tanto, un programa de compensacin de desigualdades en materia 
educativa, consolidando las actividades ya emprendidas en estos 
aos pasados, Dicho proyecto establecer  el  mbito de aplicacin 
de la poltica compensatoria en zonas deprimidas y en favor de 
grupos marginados. Regular  la asistencia educativa en caso de 
infortunio familiar. Arbitrar  frmulas de previsin, crdito 
escolar y asistencia sanitaria a escolares. Crear  un marco de 
prestacin de servicios, de comedores, viajes culturales, 
intercambios y colonias de vacaciones.

Dentro de esta poltica compensatoria tendr  carcter preferente 
la atencin a la escuela rural, mediante nuevas frmulas de 
escolarizacin que permitan incrementar el acceso a los hijos de 
agricultores a estudios medios y superiores.

Se ampliar  el nmero y el importe de las becas y ayudas para 
estudios de enseanzas medias y universitarias. Se intensificar  
el programa de formacin e insercin profesional de los jvenes 
menores de 20 aos que estn desempleados. Se pondr  en marcha un 
amplio programa de formacin continuada en la vida adulta, 
coordinando los recursos de las diferentes administraciones 
Pblicas. Se apoyar n especialmente las experiencias que, como las 
Universidades Populares, favorezcan esta poltica.

3.	Modernizacin de la enseanza

Es preciso que nuestro sistema educativo se adapte a la cultura 
europea y a sus avances, as como a los cambios que origina la 
evolucin tecnolgica y su incidencia sobre el sistema productivo.
Se complementar , as, la reforma de la educacin preescolar, 
siguiendo el modelo de escuela infantil de la enseanza primaria y 
de la enseanza secundaria. Se mejorar  la formacin profesional 
buscando una formulacin mixta que posibilite una formacin 
cultural simultnea junto a la especfica de carcter profesional 
y laboral acorde con las necesidades socioeconmicas.

5. Atencin al profesorado

La atencin al profesorado es un elemento esencial para la reforma 
del sistema educativo. De ah la necesidad de desarrollar las 
bases del estatuto del profesorado, que racionalice los puestos de 
trabajo y renueve los sistemas de seleccin promocin y 
especializacin, adecuando los conocimientos profesionales a cada 
funcin docente. Se llevar  a cabo una poltica de formacin 
permanente del profesorado acorde con las necesidades de las 
reformas y se estimular  el ejercicio de responsabilidades 
directivas, as como la estabilidad y permanencia de los equipos 
docentes.

Se tender  asimismo, gradualmente, a la analoga retributiva del 
profesorado de los centros concertados con el profesorado estatal.

4.1.2. Universidad y poltica cientfica

Las reformas operadas en la estructura y funcionamiento de la 
enseanza universitaria y de la investigacin han diseado el 
marco a partir del cual las distintas Universidades podrn 
desarrollar sus potencialidades desde su autonoma y desde la 
programacin de los objetivos de poltica cientfica.

Los socialistas consideramos a la Universidad como un servicio 
pblico orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad y 
como centro de creacin y transmisin de, saberes. Para ello, y en 
lnea con la modernizacin de la institucin universitaria, 
proponemos los siguientes ejes de actuacin:

- Continuar los esfuerzos en la mejora de la calidad de la 
enseanza universitaria, con la adecuacin de las plantillas del 
profesorado y del personal de administracin y servicios a las 
necesidades docentes e investigadoras.

- La democratizacin del acceso a la Universidad, 
incrementando el nmero y cuanta de las becas y 
desarrollando una poltica de tasas que favorezca a los 
sectores ms necesitados.

- Proseguir en la poltica de apertura y conexin entre la 
Universidad y la sociedad, promoviendo la creacin de nuevas 
enseanzas acordes con las necesidades de una sociedad 
desarrollada y apoyando los Consejos Sociales.

- Acercar la poltica cientfica a la poltica tecnolgica 
industrial, de forma que permita a las Universidades y a los 
institutos cientficos actuar como uno de los elementos 
bsicos del desarrollo tecnolgico. En este campo, las 
actuaciones de las Comunidades Europeas ser n punto de 
referencia a la hora de establecer el marco de nuestra propia 
actuacin.

4.2. VIVIENDA

La accin de gobierno se dirigir  a solucionar, preferentemente, 
el acceso a la vivienda de las familias con menor nivel de renta. 
Asimismo se procurar  un nivel estable y satisfactorio de 
actividad econmica en el subsector, por lo cual consideramos 
conveniente elaborar un nuevo programa de vivienda -a partir del 
actual- para los prximos aos.

Las medidas que permiten el cumplimiento de estos objetivos son 
las siguientes:

1. Un diseo global de todos los instrumentos aplicables, en 
particular los fiscales, los presupuestarios y los de 
financiacin, para que se complementen armnica y eficazmente.

2. La coordinacin entre las polticas de vivienda y suelo. El 
fomento y la consolidacin de los patrimonios pblicos del suelo, 
mejorando sustancialmente su gestin, proveer  el soporte ptimo, 
tanto para las viviendas como para los equipamientos urbansticos 
que estas reclaman. Esto permitir  dedicar una atencin preferente 
a la calidad del entorno residencia.

3. Se impulsar  la actuacin de los agentes promotores de 
viviendas destinadas a los colectivos de ms bajos ingresos, 
prestando especial atencin a que se acte en los pequeos ncleos 
de poblacin.

4. Se intensificar  y diversificar  la personalizacin de las 
ayudas Pblicas, de forma que la cuanta de las mismas est 
claramente ligada a las condiciones personales de los 
destinatarios y en particular a los niveles de renta y composicin 
familiar.

5. Se favorecer  una mayor rentabilizacin social y econmica del 
parque de viviendas existente, tanto pblico como privado, para lo 
que se fomentar n los procesos de rehabilitacin de viviendas.

6. Se fomentar  el uso de viviendas en rgimen de alquiler, tanto 
de las unidades existentes como de las de nueva oferta, 
fundamentalmente respecto a aquellos colectivos sociales que as 
lo requieran.

7. Se financiar n viviendas experimentales, que tiendan a 
introducir mejoras tecnolgicas y una racionalizacin y 
estandarizacin de elementos, con el objeto de mejorar la 
eficiencia del sector y lograr que la industria espaola sea 
competitiva en los mercados internacionales. Se realizar n diseos 
complementarios que faciliten actuaciones piloto para grupos 
especficos de poblacin.

4.3. LA SANIDAD Y LA Proteccin DE LA SALUD

El Sistema Nacional de Salud, regulado por la Ley General de 
Sanidad, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la salud, 
lo que supondr  la consecucin de la universalizacin de las 
prestaciones, a travs de un modelo sanitario integrado y 
coordinado, basado en los principios de promocin, proteccin de 
la salud y prevencin de la enfermedad, as como el acceso de toda 
la poblacin, en trminos de igualdad, a prestaciones y servicios 
financiados pblicamente y participados en su gestin por los 
agentes sociales.
Para cubrir aquellos objetivos, la poltica de salud se orientar  
a conseguir una administracin sanitaria coordinada que utilice 
eficazmente todos los recursos pblicos y asigne al sector privado 
un carcter complementario. Se trata de dotar al conjunto del 
Sistema de mayor eficacia y mejor gasto, teniendo en cuenta los 
colectivos de mayor riesgo y las desigualdades interterritoriales 
de equipamiento de servicios hoy existentes.

Las caractersticas bsicas de la nueva poltica sanitaria se 
manifestar n en las vertientes de:

1. Salud Pblica. Se desarrollar n sistemas de vigilancia, 
anlisis ' estudios e investigaciones epidemiolgicas para la 
prevencin y eliminacin de enfermedades. programas de 
inmunizacin. programas de acciones contra el alcoholismo, la 
drogadiccin y el tabaco, programas de salud maternoinfantil. Se 
establecer n centros de Orientacin Familiar y prevencin de la 
subnormalidad. Se fomentar  la educacin sanitaria sobre la base 
de su incorporacin en la atencin primaria. Se intensificar  la 
vigilancia y control sobre los alimentos y la proteccin sanitaria 
medioambiental.

2. Asistencia Sanitaria.

a) En cuanto a la atencin primaria, se proceder  a la 
reordenacin del Mapa Sanitario a partir del esquema de zonas 
bsicas y  reas de salud y de la articulacin del Sistema en 
los niveles primarios, especializado u hospitalario. Se 
integrar n las funciones de promocin, prevencin, asistencia 
y rehabilitacin con la creacin de nuevos Centros de Salud y 
la remodelacin y adaptacin de los consultorios existentes. 
Los Equipos de Atencin Primaria ir n sustituyendo 
progresivamente al actual trabajo individual y parcelado, de 
manera que la medicina se acerque al paciente sin extraerle 
de su entorno social y afectivo, evitndole desplazamientos y 
esperas intiles.

Se aprovechar n al mximo los recursos sanitarios pblicos, 
tanto materiales como humanos, mediante su integracin 
funciona, evitando duplicaciones.

b) En materia de asistencia hospitalaria, la actuacin de los 
socialistas se concentrar  en los siguientes aspectos:

- Dotar a las regiones menos equipadas de centros de tamao 
medio suficientes para reducir las desigualdades 
interterritoriales existentes.

- Articular un sistema pblico hospitalario, en el que se 
consolidar  el nuevo modelo de gestin emprendido, que 
consiste en la autonoma de gestin y en el control 
financiero y presupuestario por grandes unidades de gasto.

- Arbitrar una poltica de conciertos con el sector privado 
basada en la complementariedad de los servicios y en el 
control permanente de la calidad asistencial.

c) Continuar  el desarrollo y potenciacin de aquellos planes 
especficos que responden a la necesidad de prestar una 
atencin ms intensa a los enfermos. En particular, se 
impulsar n planes de insuficiencia renal crnica, 
hemoterapia, salud mental, rehabilitacin y geriatra. La 
donacin de rganos ser  objeto de sensibilizacin en la 
sociedad.

3. Medicamentos y Productos Sanitarios. Se perfeccionar n los 
controles de calidad de los medicamentos y productos sanitarios y 
se revisar n con criterios teraputicos. Se desarrollar  un 
programa de farmacovigilancia para garantizar el uso correcto de 
los medicamentos y de su dispensa. Se estudiar n medidas que 
permitan la reduccin de la aportacin de los beneficiarlos en 
cuanto a determinados medicamentos bsicos.

4. Investigacin. Se reorientarn y potenciarn las 
investigaciones en ciencias relativas a la salud en funcin de las 
necesidades sanitarias espaolas. Se promover  la formacin de 
recursos humanos en investigacin en salud y un desarrollo de las 
nuevas tecnologas sanitarias.

4.4. SALUD LABORAL

La previsin de enfermedades y accidentes en los centros de 
trabajo contina siendo un elemento importante de atencin, ya que 
supone mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
En esta direccin se continuar  desarrollando una poltica de 
seguridad e higiene en el trabajo basada en el desarrollo de las 
siguientes medidas:

a) Actualizar los aspectos desfasados de la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene, teniendo en cuenta los criterios de la CEE.

b) Regular cuestiones tales como la exposicin a determinados 
agentes fsicos, qumicos o biolgicos, la prohibicin del empleo 
de determinados agentes, o los procedimientos normalizados y 
uniformes para la toma de muestras.

c) Revisar la normativa sobre trabajos prohibidos a mujeres y 
menores, a fin de eliminar, en el primero de los casos, todas las 
formas de discriminacin que no supongan medidas de proteccin 
vinculadas fundamentalmente a la maternidad.

d) Determinar los  mbitos y el alcance de la participacin 
institucional de los interlocutores sociales en materia de 
Seguridad e Higiene, a partir del Consejo General del Instituto de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Respetando la autonoma de los agentes sociales para la 
consecucin de acuerdos en esta materia, se actuar  en dos 
 mbitos:

1.	En las relaciones entre trabajadores y empresarios:

a) Regulacin especfica de la paralizacin del trabajo en 
los supuestos de riesgo.

b) Fijacin de las obligaciones empresariales en materia de 
formacin profesional en sus aspectos preventivos.

c) Regulacin del derecho de los trabajadores a ser 
informados sobre las condiciones de trabajo y de los 
resultados de los anlisis ambientales o reconocimientos 
mdicos.

2. En la participacin de los trabajadores en materia de 
prevencin:

a) Se actualizar  la normativa sobre Comits de Seguridad e 
Higiene, ampliando sus competencias.

b) Se crear  la figura de los Delegados de Seguridad, 
elegidos por los trabajadores para sectores con especial 
riesgo.

c) Se dotar  a los representantes de los trabajadores de 
competencias en materia de introduccin de nuevas tecnologas 
y en lo que pueda afectar a la seguridad e higiene en el 
trabajo.

4.5. PENSIONES

Los socialistas tenemos como objetivo consolidar un sistema de 
pensiones de carcter pblico y suficiente. La consolidacin de 
este modelo recibir  en la prxima legislatura una atencin 
preferente del Gobierno, que atender  a su permanente legitimacin 
ante la opinin pblica mediante el incremento de su eficacia y el 
desarrollo de las prestaciones dentro del marco de los recursos 
disponibles que permita nuestra realidad econmica. La defensa de 
este sistema pblico exige contemplar las formas privadas de 
aseguramiento (Fondos de Pensiones y similares) como estrictamente 
complementarias y nunca como sustitutorias de los mecanismos 
pblicos redistributivos.

El sistema de pensiones espaol otorga bsicamente rentas de 
sustitucin a los ingresos profesionales de los trabajadores por 
cuenta propia o ajena, Este nivel profesional o contributivo est  
slidamente implantado y deber  ampliarse paulatinamente a 
colectivos no integrados actualmente en el mismo. Por otra parte, 
las disfunciones anteriormente existentes han sido objeto de 
soluciones en la anterior legislatura. Los actuales y futuros 
pensiones del sistema contributivo contar n con la garanta del 
mantenimiento global de la capacidad adquisitiva de las pensiones 
y se mantiene el compromiso de la progresiva mejora de aquellas 
pensiones que se encuentran an por debajo del salario mnimo 
interprofesional.

Se tendr  en cuenta el acceso al sistema de pensiones de los 
trabajadores con empleo inestable. El objetivo bsico para los 
prximos cuatro aos ser  completar el diseo del sistema espaol 
de pensiones, de forma que obtengan tambin prestaciones aquellos 
espaoles en situacin de necesidad que no quedan cubiertos por el 
actual sistema profesional o contributivo. Se trata, en 
consecuencia. de organizar un nivel no contributivo de pensiones 
cuyas notas caractersticas seran:

1. Vinculacin a un estado objetivo de necesidad en las 
situaciones de vejez, incapacidad para el trabajo y paro.

2. Reconocimiento de estas prestaciones en base a un derecho 
subjetivo de todos los ciudadanos, y no como medidas de 
beneficencia o puramente asistenciales.

3. Gestin coordinada con las pensiones contributivas.

4. Financiacin presupuestaria.

La plena configuracin de este nivel no contributivo exigir  la 
progresiva sustitucin de las manifestaciones protectoras que hoy 
existen con caractersticas asistenciales, hasta su conversin a 
un sistema unitario e integrado. La intensidad de la proteccin se 
aumentar  gradualmente, a medida que lo permitan los ingresos 
fiscales generales, recabndose el mayor esfuerzo de financiacin 
posible.

La reforma global de la Seguridad Social, forzosamente gradual, y 
la extensin de sus beneficios a todos los ciudadanos en forma de 
prestaciones mnimas y universalizadas, exige el esfuerzo 
solidario de todos. En los prximos aos se incrementar n las 
prestaciones para acercarnos paulatinamente a la situacin de la 
CEE, cuidando que el ritmo de este crecimiento sea compatible con 
la recuperacin y el relanzamiento de la economa espaola.
La mejora de las prestaciones slo ser  posible si simultneamente 
se posibilita el equilibrio econmico-financiero del sistema, la 
distribucin solidaria del esfuerzo contributivo y una disminucin 
de los costes sociales, de forma que estos no penalicen la 
utilizacin del factor trabajo o la competitividad de nuestras 
empresas en el exterior.

Para posibilitar la realizacin armnica de todos estos objetivos, 
se continuar  en los prximos cuatro aos con las medidas de 
adecuacin de la estructura financiera conforme a las siguientes 
lneas:

a) Progresiva sustitucin de cotizaciones por aportaciones del 
Estado.

b) Acercamiento de las bases de cotizacin a los ingresos reales, 
de modo que se realice un esfuerzo similar de cotizacin en los 
distintos regmenes.

c) Riguroso control de los ingresos y gastos de la Seguridad 
Social. Se potenciar  el sistema recaudatorio propio ya 
establecido, con el fin de incrementar la eficacia de la 
recaudacin y evitar los fraudes.

4.6. COBERTURA DEL  DESEMPLEO

El considerable esfuerzo econmico y las importantes ampliaciones 
de cobertura introducidas en esta legislatura han de ser 
completados. Se hace preciso perfeccionar y mejorar los niveles de 
cobertura, bajo la concepcin de que las medidas de proteccin por 
desempleo deben constituir tambin un elemento importante para 
facilitar la insercin de los desempleados en el mercado de 
trabajo.

Una poltica progresista de apoyo a los desempleados debe tomar en 
consideracin los efectos econmicos que sufren estos trabajadores 
y el problema desde su propia raz: el de su marginacin de la 
actividad productiva, con todas las negativas consecuencias 
sociales y personales que ello acarrea. Por ello, es de vital 
importancia instrumentar medidas positivas que favorezcan su 
insercin laboral.

El colectivo de los jvenes demandantes de primer empleo sufre con 
la mayor gravedad los ndices de desempleo. La cobertura econmica 
para este colectivo se realizar  a travs de cursos de Formacin 
Profesional dotados de la correspondiente beca, y mediante la 
garanta de contratos en prcticas y formacin con subvencin 
salarial.

Los parados de larga duracin, cuya necesidad de recualificacin 
profesional es fundamental para su reinsercin en el mercado de 
trabajo, ser n atendidos preferentemente mediante programas de 
formacin y cualificacin profesional. Durante la asistencia a los 
cursos percibir n una ayuda econmica equivalente a la prestacin 
asistencial por desempleo.
Para la financiacin de estas acciones se utilizar n los recursos 
procedentes del Fondo Social Europeo. En los programas que se 
presenten al F.S.E. tendr n preferencia los colectivos 
mencionados.

La pervivencia de situaciones de desproteccin econmica en grupos 
de desempleados no susceptibles de ser cubiertos por medidas 
positivas y en los que en muchos casos se une adems la 
circunstancia de tener responsabilidades familiares, exige un 
atento estudio que permita su permanente identificacin para 
proceder a la ampliacin de la cobertura para estos colectivos. 
Para ello se actuar  en la lnea marcada por las medidas de 
cobertura introducidas como consecuencia del Acuerdo Econmico y 
Social.

Se prestar  una atencin especial al colectivo de trabajadores 
eventuales agrarios. Adems de las medidas ya existentes, se 
intensificar n las actuaciones a travs del Plan de Empleo Rural y 
de los conciertos del INEM y se utilizar  la formacin profesional 
como vehculo de insercin en otros sectores de la economa. En el 
 mbito de los trabajadores del mar se extender  la cobertura por 
desempleo a aquellos pescadores que faenen en embarcaciones entre 
10 y 20 TRB, previa elaboracin de un censo riguroso en 
colaboracin con las Cofradas de Pescadores.

El importante esfuerzo presupuestario dedicado a la proteccin de 
los desempleados y la conciencia social de que estos recursos son 
utilizados en ocasiones por aquellos que no los necesitan, exige 
una permanente atencin al fraude. Para ello se extremar n las 
medidas de inspeccin y vigilancia, prestando especial atencin a 
aquellos fraudes que se producen con connivencia entre empresario 
y trabajadores.

4.7. SERVICIOS SOCIALES

Se propiciar  un sistema concertado de Servicios Sociales que 
garantice unas prestaciones bsicas para todos los ciudadanos. Se 
primar n las acciones preventivas frente a las situaciones de 
necesidad, acompaadas de actividades de carcter asistencial y 
rehabilitadoras, todo ello sin perjuicio de las competencias de 
las distintas administraciones Pblicas. Las prestaciones bsicas 
del sistema se desarrollar n en torno a los siguientes ejes:

1. Informacin y orientacin sobre derechos y recursos sociales 
existentes.

2. Prevencin y reinsercin social, mediante programas dirigidos 
a colectivos con problemas de desarraigo o con conflictos de 
integracin social.

3. Prestacin de ayuda a domicilio, para facilitar la permanencia 
en el hbitat familiar y convivencial, evitando internamientos 
innecesarios.

4. Prestacin de alojamiento, manutencin y convivencia en 
centros adecuados para las personas que carezcan de medios 
familiares.
Los servicios sociales se ajustar n su actividad a los anteriores 
objetivos, desarrollando diversos programas especficos, entre los 
que hay que destacar:

a) Bienestar de la infancia carente de ambiente familiar.

b) Bienestar de la Tercera Edad, ampliando la red de centros 
convivenciales hoy existentes (centros de da, residencias 
asistidas y mixtas), viviendas tuteladas y turismo social. Se 
promover  la participacin de los usuarios en todos los centros y 
las competencias del Consejo Estatal de la Tercera Edad. Se 
completar n los programas de implantacin de la Cartilla 
Sanitaria, y se iniciar n los servicios de geriatra en el Sistema 
Nacional de Salud.

c) Bienestar de minusvlidos fsicos, psquicos y sensoriales, 
apoyando a las organizaciones no gubernamentales que hoy trabajan 
en el sector.

d) Promocin de las minoras tnicas y sociales, con especial 
atencin al colectivo gitano, respecto al que se impulsar n las 
acciones que surjan desde su propio seno, se apoyar n sus 
organizaciones naturales, respetando su autonoma e identidad en 
todas las acciones de promocin.

e) Prevencin y reinsercin de toxicmanos, marginados y 
delincuentes.

f) Programas para impedir las situaciones de emergencia social.

g) Incremento de la eficiencia de las Fundaciones y entidades 
tuteladas por el Estado.

h) Apoyo a las organizaciones no gubernamentales de autoayuda y 
voluntariado social.

4.8. CONSUMO

El desarrollo y proteccin de los derechos de los ciudadanos como 
consumidores es un importante instrumento para mejorar la calidad 
de vida y el bienestar social. La poltica de consumo de los 
socialistas se apoya en el protagonismo de los ciudadanos, para lo 
cual se fomentar n las asociaciones.

Se avanzar  decididamente en los objetivos y medios sealados por 
la Ley General de Defensa de Usuarios y Consumidores, 
particularmente en cuanto afecta al arbitraje y reparacin de 
daos, para potenciar la modernizacin, la exigencia de calidad y 
el esfuerzo de innovacin y mejora del aparato productivo de 
bienes y servicios.

Se revisar  el conjunto de instrumentos legales y reglamentarios, 
mejorando la actuacin controladora y sancionadora de la 
Administracin y se homologar  a la legislacin de la Comunidad 
Econmica Europea todo cuanto afecte a los bienes y servicios de 
uso y consumo espaoles.

Se actuar  con una decidida voluntad de avanzar en la coordinacin 
de actuaciones entre las distintas administraciones y se 
fomentar n los servicios directos al ciudadano, desarrollando 
campanas coordinadas de informacin que permitan una adecuada 
orientacin de los consumidores y usuarios.
Se incrementar n los canales de participacin de las asociaciones 
para que puedan ejercer su derecho de representacin, audiencia y 
consulta, para lo cual se estimular  la formacin continuada de 
sus cuadros y dirigentes, al tiempo que se introducir  la 
educacin para el consumo en la escuela y en la educacin de 
adultos.

4.9. MEDIO AMBIENTE

El Gobierno socialista continuar  combatiendo las causas y los 
efectos de la degradacin ambiental como un elemento indispensable 
de la calidad de vida de los espaoles.
La integracin de Espaa en la CEE nos plantea el reto de 
adecuarnos a la Poltica Comunitaria del Medio Ambiente. La 
aplicacin de la normativa y el desarrollo de las actividades 
comunitarias en la materia nos ofrece el marco ms adecuado para 
realizar una poltica ambiental eficaz. Para responder a este reto 
nos proponemos:

- Establecer los adecuados mecanismos administrativos, que nos 
permitir n conocer ms detalladamente la situacin ambiental 
espaola y articular nuestras capacidades de intervencin.

- Impulsar la coordinacin en el conjunto de las administraciones 
Pblicas, a fin de posibilitar una poltica ambiental estatal.
Tenemos el decidido propsito de mejorar la gestin ambiental para 
contribuir a la correccin de los dficit existentes, as como 
para impulsar las necesarias medidas preventivas y lograr una 
calidad ambiental que contemple:

1. La atmsfera, mediante el control de emisiones e inmisiones de 
contaminantes especficos, lluvias  cidas y potenciando la 
proteccin radiolgica. Habrn de realizarse las inversiones 
oportunas en las zonas de atmsfera contaminada.

2. Contaminacin de aguas: se fijar n los estndares de calidad. 
se impulsar  la poltica de aguas y los planes de saneamiento. se 
limitar n las acciones degradantes sobre el litoral.

3. Residuos: Se completar n los Planes Directores de Residuos 
Slidos y se impulsar  el tratamiento de residuos industriales, 
txicos, peligrosos y radioactivos y el fomento del reciclado.

4. Conservacin de la naturaleza: Se completar  la red de espacios 
protegidos y la definicin de un nuevo marco normativo que 
posibilite una intervencin eficaz en defensa de la naturaleza, 
para impedir, entre otros fenmenos, la erosin del suelo y la 
prdida de recursos naturales.

5. Impulso de la informacin e investigacin: se avanzar  hacia 
una contabilidad de recursos naturales y se impulsar  una poltica 
cientfica y de investigacin que posibilite una mejora del medio 
ambiente.

6. Participacin ciudadana: se reforzar  la participacin 
ciudadana y, especialmente, la de aquellos movimientos que 
promuevan la mejora ambiental y la conservacin de la naturaleza.
En la accin de gobierno se avanzar  asimismo hacia la integracin 
de los par metros ambientales en la planificacin, promocionando 
energas menos contaminantes, facilitando el equilibrio 
territorial y el uso racional de los recursos naturales.

4.10. COSTAS

La poltica de costas se ha intensificado considerablemente en 
estos ltimos cuatro aos, tanto mediante una poltica de 
presupuestos dirigida a crear nuevas playas y a regenerar las que 
por la accin marina o por la accin urbanstica del hombre haban 
sufrido una degradacin o destruccin, como creando demarcaciones 
administrativas en cada una de las provincias costeras, dotadas de 
personal tcnico y de responsables que garanticen el xito en la 
accin de preservar nuestra costa y playas.

Los objetivos que se proponen para producir la expansin de esta 
accin poltica y administrativa son los siguientes:

a) Crear aquellas playas que la demanda social y turstica exige 
en nuestro litoral, cuando existe viabilidad geolgica y tcnica, 
regenerando y defendiendo las que han sufrido impactos naturales o 
han sido degradadas por la invasin urbanstica, consolidndolas 
como un elemento medioambiental y como un bien social para el 
disfrute de todos.

b) Continuar con la construccin de paseos martimos peatonales 
para facilitar el disfrute de los paisajes marinos.

c) Garantizar el uso pblico del mar y sus riberas y del resto del 
dominio pblico martimo-terrestre, sin ms excepciones que las 
derivadas de razones de inters pblico, regulando una utilizacin 
racional de estos bienes, en trminos acordes con la naturaleza y 
el respeto al paisaje, que permita conseguir y mantener un elevado 
nivel de calidad de las aguas del mar y de las arenas de las 
playas.
d) Continuar desarrollando los objetivos y trabajos contemplados 
por el Programa del Banco de Datos Oceanogrficos, para facilitar 
su utilizacin en el desarrollo de estudios y proyectos.

4.11. SEGURIDAD VIAL

UN objetivo importante en el desarrollo  de un Estado moderno 
viene determinado por la realizacin de una eficaz poltica en 
materia de seguridad vial, dada su importancia para la calidad de 
vida de la sociedad.
Este objetivo se realizar  de forma acorde con las actuaciones de 
mejora en la red de carreteras, mediante las siguientes 
actuaciones:

1. Mejora y modernizacin de la regulacin del trfico, deteccin 
de "puntos negros" y de las deficiencias que repercuten en la 
seguridad. Para ello, se potenciar  el Plan de Regulacin de 
travesas y el Plan de Mejora de la sealizacin y balizamiento de 
carreteras comarcales y locales.

2. Elevacin del grado de informacin, asistencia y vigilancia, 
para proporcionar el mejor nivel posible de seguridad y atencin a 
los usuarios.

3. Puesta en marcha de equipos de investigacin de accidentes que 
determinen las circunstancias de todo orden que ms inciden en la 
produccin de los mismos, con objeto de adoptar las medidas 
correctoras pertinentes.

4. Potenciar el nivel de Formacin y Educacin Vial, con especial 
atencin a la formacin en EGB, Servicio Militar y tercera edad, 
as como el desarrollo de adecuadas campaas informativas y de 
divulgacin.

5. Mejora de los mtodos de atencin al pblico y de tramitacin 
administrativa, agilizando y simplificando las gestiones que ha de 
llevar a cabo el ciudadano.

4.12. Proteccin CIVIL

Una sociedad en continuo proceso de modernizacin necesita 
desarrollar un constante aumento de su capacidad para prevenir los 
riesgos extraordinarios derivados de fenmenos naturales o del 
propio crecimiento y para hacer frente a sus efectos negativos.
La ley de Proteccin Civil aprobada constituye el marco al que se 
ajustar  la gestin del Gobierno socialista, mediante su 
desarrollo normativo, planificador y operativo.

Los objetivos que nos proponemos desarrollar son los siguientes:

- Lograr una plena correspondencia entre el grado de desarrollo 
tecnolgico de nuestro pas y los niveles de seguridad.

- Estimular la sensibilidad de la sociedad espaola a la 
Proteccin Civil, incrementando la solidaridad entre los 
ciudadanos y compaginndola con la respuesta eficaz de las 
Administraciones Pblicas. A este fin, se fomentar  el 
voluntariado entre la poblacin, estableciendo medidas jurdicas 
adecuadas a la figura de los voluntarios civiles.

- Conseguir una efectiva coordinacin entre las distintas 
Administraciones Pblicas competentes en materia de proteccin 
civil, hasta lograr un dispositivo instalado en la prevencin, con 
capacidad de respuesta eficaz y r pida.

4.13. CULTURA

Facilitar el acceso de todos a la cultura seguir  siendo objetivo 
fundamental de la accin del Gobierno. Nuestra poltica cultural 
consistir  en el apoyo al desarrollo de los servicios pblicos 
culturales, a las iniciativas que surgen de la sociedad, en la 
coordinacin y el di logo entre los distintos niveles 
administrativos y en la difusin exterior de nuestra cultura en 
toda su diversidad y en sus diferentes lenguas y tradiciones.
Se celebrar n acuerdos de cooperacin con las Comunidades 
Autnomas y Ayuntamientos para consolidar una red de servicios 
pblicos culturales que, a partir de la diversidad cultural de 
Espaa, posibilite el intercambio de bienes culturales y el acceso 
igualitario de todos los ciudadanos a la cultura, sea cual sea su 
condicin social o lugar de residencia.
Se velar  por la armona y la defensa de los intereses legtimos 
que deben caracterizar las relaciones entre el sector privado y el 
sector pblico en el desarrollo de la vida cultural. Se apoyar , 
con criterios de inters general, el desarrollo de Fundaciones y 
Asociaciones Culturales, as como las iniciativas empresariales en 
el  mbito de la cultura.

La presencia de la cultura espaola en el mundo se reforzar  con 
los instrumentos institucionales y econmicos que aseguran la 
coordinacin y la eficacia en este importante aspecto. Ello supone 
conseguir que nuestras industrias culturales cuenten con una 
estructura operativa de cara al exterior, as como impulsar nuevos 
centros de difusin de nuestra cultura y de nuestra lengua.
Se impulsar  el desarrollo de los servicios bibliotecarios y se 
estimular  a las industrias del libro propiciando un sistema 
plural y estable de edicin y distribucin. Se impulsar  la 
presencia del libro espaol en Amrica, pases de la CEE y otras 
 reas culturales.

La Administracin apoyar  la estabilidad y el fortalecimiento del 
cine espaol.

Se regular  el mercado audiovisual, tutelando la competencia con 
otros soportes y medios de difusin pblicos y privados. Se 
estimular  la presencia de nuestro cine en los mercados 
internacionales.

Se culminar  el programa de auditorios pblicos iniciados con las 
administraciones autonmicas y locales. Los socialistas nos 
proponemos estimular y apoyar la enseanza y la difusin musical, 
con el fin de elevar el conocimiento de este arte entre el pueblo 
espaol. Se desarrollar n los medios para garantizar las 
actividades musicales en todo el territorio nacional. Se 
potenciar  mediante acuerdos de edicin la posibilidad de difundir 
la obra fonogrfica espaola, tanto clsica como contempornea.
El programa de recuperacin de espacios escnicos iniciado en 
estos aos supone contar en adelante con una red permanente de 
salas teatrales que permitir  potenciar formas de produccin 
estabilizadas. De la misma manera, se potenciar  la concertacin 
de programas continuados de compaas, cooperativas o cualquier 
forma de asociacin privada. La necesidad de contar con 
profesionales en cada uno de los colectivos que integran el sector 
implicar  el desarrollo de programas especficos de formacin.
Ser  tambin tarea del Gobierno la proteccin del patrimonio 
histrico mediante una adecuada dotacin presupuestaria y de 
personal. Igualmente se desarrollar n los sistemas de vigilancia y 
conservacin del patrimonio y su difusin cultural y se llevar  a 
cabo una poltica de estmulo a las donaciones y depsitos de 
obras de arte.

4.14. DEPORTES

La poltica deportiva en la prxima legislatura ir  dirigida a la 
consolidacin y el desarrollo de las orientaciones y proyectos 
puestos en marcha en los aos anteriores, mejorando la difusin y 
extensin del deporte y la extensin de su prctica a todos los 
ciudadanos que lo deseen, con la finalidad de que disminuyan las 
distancias que an nos separan de los pases ms avanzados de la 
CEE.

Teniendo en cuenta la nueva situacin originada por el traspaso de 
competencias a las Comunidades Autnomas, las lneas fundamentales 
de poltica deportiva ser n las siguientes:

- Estimular la prctica deportiva, tanto en sus aspectos 
formativos como recreativos, en todos los  mbitos sociales.

- Asegurar la posibilidad de dicha prctica, apoyando a os 
agentes que la promueven.

- Apoyar y promover el deporte de alta competicin, con vistas a 
los Juegos Olmpicos de 1992.

- Apoyar los procesos de democratizacin y participacin en todas 
las estructuras deportivas.
De acuerdo con dichas orientaciones y atendiendo a la importancia 
o el inters de determinadas  reas, se cumplir n las siguientes 
tareas:

1. Efectiva implantacin de la prctica deportiva en el proceso 
educativo, en todos sus niveles.

2. Creacin o mejora de instalaciones deportivas escolares, a 
travs de un plan nacional de instalaciones que tenga en cuenta la 
informacin suministrada por el censo de las existentes.

3. Ampliacin y perfeccionamiento de los profesionales de la 
Educacin Fsica, as como creacin de nuevos I.N.E.F.

4. Delimitacin de  mbitos y funciones de las entidades y 
Administraciones deportivas.

5. Para preparar los Juegos Olmpicos de 1992, actuaremos:
- Promocionando los deportes olmpicos y de la alta 
competicin.
- Creando el Centro de Alto rendimiento, Investigacin y 
Medicina Deportiva.
- Adoptando medidas para la estabilidad y el futuro de los 
deportistas de alta competicin.

4.15. MIGRACIONES

La poltica del Gobierno tomar  en consideracin las 
peculiaridades de la nueva situacin econmica y social y la 
modificacin de la situacin legal de los trabajadores espaoles 
en los pases comunitarios, as como la poltica que la propia CEE 
establezca en materia de migraciones.

Asimismo, se actuar  en relacin con los espaoles residentes en 
pases no pertenecientes a la CEE, estableciendo convenios 
bilaterales o mejorando las condiciones de los actualmente 
existentes.

Las medidas ms importantes de la prxima legislatura, adems del 
conjunto de las recogidas en el resto de este Programa que sean 
aplicables a los espaoles residentes en el exterior, ser n las 
siguientes:

1. Garantizar los derechos individuales y colectivos de los 
emigrantes espaoles. Para ello se incrementar  la informacin y 
orientacin de quienes proyecten emigrar, se primar  la asistencia 
tcnica y econmica para traslados e instalaciones y se efectuar  
un control sobre ofertas y condiciones de contratacin y empleo en 
el extranjero. Se garantizar , muy especialmente, el ejercicio del 
derecho al voto de los residentes en el exterior.

2. Alcanzar la igualdad de trato en cuanto a la libertad de 
circulacin, reagrupamiento familiar, no discriminacin en las 
condiciones de vida, trabajo y seguridad social y la 
participacin, tanto individual como colectiva, de nuestros 
emigrantes.

3. Garanta de un umbral mnimo de proteccin, traducido en 
ayudas, repatriaciones, asistencia a familiares, acogida en 
residencias a emigrantes que retornen en situacin precaria.

4. Integracin social y educativa.  Atendiendo al fomento de la 
lengua y cultura espaola en los sistemas escolares de los pases 
de acogida, se mejorar  la oferta cultural espaola a la formacin 
profesional y la educacin compensatoria para retornados en paro o 
en edad escolar.

5. Elaborar una poltica inmigratoria, precisando los perfiles 
cualitativos y cuantitativos de la poblacin inmigrante en Espaa 
y regularizando su situacin laboral y social, y fomentar su 
integracin en la sociedad espaola.

6. Incrementar los cauces de participacin, dotando a las 
organizaciones democrticas y representativas de facultades de 
asesoramiento y consulta, tanto a nivel del Estado como en los 
pases de acogida.

4.16. POLTICA DE DESARROLLO TERRITORIAL

La poltica de desarrollo territorial se configura como un 
instrumento al servicio de un mayor crecimiento econmico y una 
mayor justicia social.
El PSOE se propone impulsar una poltica integrada de desarrollo 
territorial al servicio de tales objetivos. Esta tarea se hace ms 
necesaria en el contexto de la entrada en la CEE, ya que esta 
supone el acceso a Fondos comunitarios cuyo destino es la 
redistribucin de la renta desde un punto de vista territorial.
Las lneas generales de accin que el PSOE propone son las 
siguientes:

a) Detectar los problemas que el territorio espaol vaya 
presentando en materia de desarrollo econmico, igualdad de acceso 
a los servicios pblicos y a la calidad de vida.

b) Definir y ejecutar programas de accin de un neto carcter 
territorial, que atiendan a la resolucin de tales problemas. 
Deben ser programas integrales en los que se considere tanto el 
desarrollo econmico como el desarrollo del entorno, sea natural o 
sea construido.

c) Coordinar a partir del respeto mutuo a las competencias de cada 
administracin, y afirmar la cooperacin voluntaria entre estas y 
la prctica de la programacin articulada, lo que constituyen 
requisitos necesarios para la implantacin de una poltica 
integrada de desarrollo territorial que comprenda el desarrollo 
urbano, el desarrollo rural y la poltica regional.
La integracin y articulacin de los Planes de Desarrollo Regional 
constituye el instrumento ms adecuado para llevar a cabo esta 
tarea de coordinacin, con el fin de desarrollar una poltica 
territorial que incluya todas las acciones a realizar por las 
diferentes Administraciones Pblicas en cada Comunidad Autnoma, 
con el objetivo de conseguir un desarrollo territorial equilibrado 
y armnico.

Poltica regional.

Los socialistas proponemos, como objetivos de la poltica 
regional, la reduccin de las diferencias regionales de renta, la 
promocin de las  reas menos desarrolladas, la correccin de la 
tendencia al empobrecimiento en las  reas declinantes y la 
adecuacin en las condiciones de competitividad en todo el 
territorio, facilitando similares oportunidades de acceso a los 
bienes y servicios a todos los espaoles.

Para lograr estos objetivos, la poltica del Gobierno se adaptar  
a las siguientes orientaciones:

a) Los planes sectoriales de  mbito nacional, como los relativos a 
carreteras, al sector energtico o a la vivienda, incorporar n a 
sus planteamientos la dimensin territorial.

b) El Programa de Inversiones Pblicas garantizar  una adecuada 
distribucin regional de las mismas mediante su asignacin 
territorial.

c) Los incentivos regionales ser n un instrumento importante para 
la correccin de los desequilibrios econmicos interterritoriales, 
delimitando claramente las ayudas con finalidad territorial de las 
que persiguen fines sectoriales.

d) Las Sociedades de Desarrollo Industrial (SODI) ser n un 
instrumento al servicio de la poltica regional, dotndose a este 
instrumento de verdadera operatividad para promover las 
oportunidades de inversin y de empleo a nivel territorial.

Desarrollo rural

El PSOE se propone llevar a cabo una poltica integral de 
desarrollo rural a travs de acciones que dinamicen las 
iniciativas locales y haciendo compatible el crecimiento econmico 
y social en estas  reas con la gestin racional de los recursos y 
la proteccin del medio ambiente. Se desarrollar n sus recursos 
naturales y humanos, fomentando la coordinacin de las actuaciones 
de todas las administraciones, incrementando las dotaciones de 
infraestructura y de servicios sociales que permitan una mejora de 
las condiciones de vida y una expansin de sus actividades 
productivas.

La poltica rural incidir  fundamentalmente sobre  reas concretas, 
en funcin de programas definidos en razn de sus problemas 
especficos como son las reas de Montaa, reas Fronterizas o 
reas de Industrializacin con Iniciativas Locales, coincidentes 
con las consideradas en la Comunidad Econmica Europea.
Desarrollo urbano
La poltica de modernizacin de nuestra sociedad y nuestra 
economa exige impulsar los objetivos, estrategias e instrumentos 
de planificacin y de intervencin pblica en el medio urbano.
Esta poltica se llevar  a cabo en un marco de participacin 
poltica, gestin descentralizada y apoyo decidido a las 
Administraciones Locales, con atencin preferente a las  reas 
urbanas en declive, deterioradas o infradotadas. A tal fin, los 
socialistas proponemos:

a) Realizar un esfuerzo de integracin de las actuaciones de las 
distintas Administraciones, reforzando la coordinacin de las 
inversiones, la racionalizacin y agilizacin de los convenios 
destinados a potenciar las actuaciones locales en infraestructura 
y equipamiento, respetando al mismo tiempo el patrimonio 
arquitectnico y urbanstico.

b) Impulsar en las  reas problemticas acciones integrales de 
actuacin pblica, tanto de carcter metropolitano o 
supramunicipal como intramunicipal, en temas tales como renovacin 
integral de infraestructura y edificacin, urbanizacin, 
reactivacin econmica y recuperacin social.

V. DOS COLECTIVOS PRIORITARIOS:  MUJER Y JUVENTUD

Las diferencias de oportunidades, las desigualdades y la 
marginacin se proyectan intensamente sobre las mujeres y los 
jvenes, dos colectivos hacia los que se dirigir , decidida y 
prioritariamente, la accin compensadora del Gobierno.
Nuestro objetivo de construir una sociedad ms vertebrada y 
progresista obliga a tomar en consideracin el hecho de que muchos 
espaoles, por la sola razn de su sexo o edad, se sitan en una 
posicin ms desvantajosa para su insercin social o para su 
desarrollo personal. Estos colectivos sufren con especial gravedad 
las consecuencias de la crisis econmica y la pervivencia de 
valores, actitudes y estructuras que empujan hacia su marginacin 
en la vida social.

La correccin de esta desigualdad de base exige un esfuerzo 
suplementario en la accin global del Gobierno, que ataque 
decididamente las races y el origen de estos problemas y que 
posibilite el eficaz funcionamiento de las medidas compensadoras 
mediante la coordinacin de todos los programas y la participacin 
solidaria del conjunto de la sociedad.

5.1. MUJER

La poltica de los socialistas dirigida a las mujeres se basa en 
el profundo convencimiento de que es preciso impulsar el cambio de 
valores necesario para construir una sociedad ms libre, ms justa 
y ms igualitaria para las mujeres y para los hombres.
Los valores, las actitudes y las estructuras sociales, que en la 
sociedad espaola se tienen que ir transformando, exigen polticas 
a medio y largo plazo que pasan por transformaciones constantes en 
el  mbito de la educacin y por la incorporacin de la mujer al 
trabajo.

En los prximos cuatro aos, asumiremos dos compromisos generales:

- Potenciar una mayor participacin de las mujeres en todos 
los niveles de responsabilidad.

- Desarrollar una accin positiva a corto plazo para corregir 
las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres 
en la sociedad espaola.

La experiencia del trabajo realizado en los ltimos cuatro aos, 
as como el nuevo marco comunitario en el que nuestras polticas 
deben insertarse, demandan la continuacin de una poltica 
integral para la mujer, coordinada y dotada de los medios 
necesarios para su realizacin.

5.1.1. Igualdad en la educacin

Continuaremos los esfuerzos para desarrollar una poltica 
educativa dirigida a la igualdad de oportunidades a travs de las 
escuelas mixtas y cuyos objetivos fundamentales sean la 
coeducacin, la educacin en la igualdad y la educacin en la 
participacin.

Para ello nos proponemos garantizar e impulsar el acceso de las 
mujeres a todas las formas de enseanza y de formacin, 
posibilitando que las jvenes tengan las opciones escolares y 
profesionales que les permitan acceder a un empleo diversificado y 
a la independencia econmica. Las medidas que se adoptar n son las 
siguientes:

a) Acciones de sensibilizacin dirigidas a todos los agentes 
que intervienen en el proceso educativo (responsables 
educativos, inspectores de educacin, profesores, padres y 
alumnos) para que sean conscientes de la conveniencia de una 
educacin basada en la igualdad de oportunidades y en la 
vigilancia que evite rasgos discriminatorios en la misma.

b) Revisin constante del material didctico que se utiliza 
en las aulas. Se deber  impulsar y potenciar la elaboracin 
progresiva de materiales que persigan los objetivos de 
igualdad y participacin.

c) Realizacin de campaas dirigidas a orientar a la mujer y 
la joven hacia estudios profesionales con futuro.

d) Se habilitar n recursos para promover la participacin de 
las mujeres en los programas de alfabetizacin y programas de 
formacin permanente de adultos, tanto en las grandes 
ciudades y ncleos industriales como en zonas rurales y 
deprimidas.

e) Se impulsar  la presencia y participacin activa de las 
mujeres en los centros de investigacin y desarrollo 
cientfico y tcnico.

5.1.2. Igualdad en el empleo,  en la cualificacin  y en las 
condiciones  de trabajo

La poltica de los socialistas promover  la incorporacin de la 
mujer al trabajo. La independencia personal pasa fundamentalmente 
por la independencia econmica.

Facilitaremos la incorporacin de las jvenes a su primer empleo, 
la incorporacin de desempleadas a nuevos trabajos generados por 
la reindustrializacin, la atencin especial a los colectivos 
marginados del mercado de trabajo, el diseo constante de 
programas de formacin ocupacional con futuro y la informacin 
sobre todas las salidas, insistiendo en aquellas en las que el 
empleo y la formacin sean ms tiles para las jvenes. Para 
conseguir estos objetivos:

a) Se potenciar  y apoyar  a travs de ayudas tcnicas y 
econmicas la participacin de las mujeres en la generacin 
de autoempleo y la creacin de empresas locales de inters 
social y colectivo, as como de cooperativas y grupos 
artesanales.

b) Se intensificar n las medidas de apoyo a la contratacin 
de mujeres, insistiendo en aquellos colectivos con mayores 
dificultades.

c) Los programas que se dirigir n al Fondo Social Europeo 
para estmulo a la contratacin establecer n un porcentaje 
cada vez ms cercano entre hombres y mujeres y cuidar n que 
la mujer se incorpore en los sectores donde hoy est  
infrarrepresentada, as como en los sectores de futuro 
industrial para nuestro pas.

d) En relacin con la formacin ocupacional, las campaas de 
informacin y orientacin considerar n la problemtica de las 
mujeres en su incorporacin al trabajo.

e) Se cuidar  que no se devalen los sectores industriales y 
los puestos de trabajo ocupados principalmente por mujeres.
Se proceder  a la eliminacin, en nuestro ordenamiento, de las 
normas nacionales e internacionales que supongan formas de 
discriminacin contra la mujer, protegiendo a la funcin social de 
la maternidad/ paternidad.

5.1.3. La sanidad y la mujer
Los programas de salud especficos para la mujer hay que 
orientarlos hacia la prevencin y la educacin. El objetivo bsico 
ser  el de alcanzar una maternidad libre, responsable y 
adecuadamente atendida, para lo que es preciso asegurar:

- Servicios de Planificacin Familiar insertos en los de 
atencin primaria de la red sanitaria pblica, y capaces de 
desarrollar una funcin educativa e informativa para todos 
los sectores de poblacin, especialmente en las  reas rurales 
y en los extrarradios de las grandes ciudades.

- Servicios de Atencin Materno-infantil insertos en los de 
atencin primaria de la red sanitaria pblica, con funciones 
educativas y preventivas.

- La modificacin de las normas y baremos hoy existentes para 
facilitar el acceso voluntario y responsable a los mtodos 
quirrgicos anticonceptivos.

- Atencin ginecolgica suficiente desde los servicios de 
atencin primaria para la prevencin del cncer genital y 
mamario.

- Se mejorar , amplindolo a dos semanas ms, el descanso por 
maternidad del perodo subsidiado por la Seguridad Social.

- La garanta de una correcta aplicacin de la Ley 
despenalizadora del aborto en determinados supuestos se 
fomentar  mediante la ventanilla nica y especializada para 
la informacin, y se ampliar  por la va de los conciertos el 
nmero de centros autorizados para realizar este tipo de 
operaciones.

5.1.4. Una sociedad ms justa para la mujer

El cambio propiciado por los socialistas en los cuatro ltimos 
aos ha representado un importante avance en la modernizacin de 
la justicia. La reforma parcial del Cdigo Penal ha permitido 
poner fin a situaciones obsoletas, e incluso contradictorias con 
el principio de igualdad recogido en nuestra Carta Magna.

No obstante, siguen persistiendo situaciones que es necesario 
abordar con cambios ms profundos en nuestro ordenamiento jurdico 
mediante nuevas leyes y reformas de los Cdigos Civil y Penal que 
permitan avanzar en la modernizacin de nuestra sociedad, 
adecundola a la situacin de los pases de la Comunidad Europea.
En la reforma del Cdigo Penal es necesario considerar situaciones 
especiales que hay que tipificar como delitos o que, estando 
tipificados en grados mnimos, la aplicacin del derecho vigente 
no lleva realmente al cumplimiento de las penas. Este es el caso 
del abandono de familia, impago de pensiones derivadas de 
separacin o divorcio, malos tratos a mujeres y proxenetismo, 
especialmente cuando ste se realiza con menores.

En la reforma del Cdigo Civil se buscar  un perfeccionamiento del 
rgimen jurdico del matrimonio, desarrollando las medidas 
necesarias para que no haya demoras en la tramitacin de las 
medidas provisionales en los casos de separacin y divorcio y 
buscando instrumentos para el pago de pensiones y alimentos.
En ambos Cdigos se substituir  la terminologa utilizada por una 
ms acorde con los conceptos de igualdad y libertad entre sexos.
Se debern propiciar en cambio actitudes de la sociedad que 
superen la inhibicin que an existe ante las situaciones de malos 
tratos mediante acciones como:

- Campaas de informacin a toda la poblacin y a los 
colectivos ms afectados sobre sus derechos.

- Impartir cursos de formacin a los cuerpos de seguridad 
dirigidos a una mayor sensibilizacin sobre estas materias, 
con el fin de que puedan dar un trato adecuado a los mismos.

- Incorporar mujeres policas para atender estos problemas 
especficos.

- Crear un banco de datos sobre las agresiones a mujeres que 
permita conocer la realidad del problema para buscar 
soluciones eficaces.

5.2. JUVENTUD

Los problemas de los jvenes adquieren caracteres tan graves y 
estructurales que debe darse una orientacin definitiva hacia una 
poltica integral de juventud, cuyo objetivo fundamental sea 
favorecer el proceso de su insercin en la vida social y 
profesional.

Los campos prioritarios de la nueva poltica de juventud ser n la 
informacin sobre las oportunidades sociales, la reforma 
educativa, el fomento de ocupaciones y empleo, la accin cultural 
y la lucha contra la marginacin y las toxicomanas.
Los jvenes tienen planteada una problemtica global que ha de 
resolverse con planes de accin integral en una perspectiva de 
medio y largo plazo, y que exige una poltica del Gobierno en su 
conjunto, Los organismos de juventud llevar n a cabo una labor de 
planificacin, coordinacin y dinamizacin de dicha poltica e 
impulsar n la conjuncin de los programas de actuacin de las 
diferentes Administraciones Pblicas.

5.2.1. La Informacin sobre las oportunidades sociales
Se desplegar  un importante esfuerzo de informacin y divulgacin, 
que site a los jvenes en mejor posicin para aprovechar los 
distintos recursos sociales. Para ello se' apoyar  la lnea de 
trabajo que vienen desarrollando los Centros de Informacin para 
la Juventud, dotndoles de medios tcnicos y econmicos, de forma 
que lleguen a la mayora de los jvenes las iniciativas, servicios 
y recursos que estn generando las distintas Administraciones.

5.2.2. Intensificar la reforma educativa
Con el objetivo de preparar a los jvenes para las cualificaciones 
que impone el desarrollo tecnolgico, se apoyar n las innovaciones 
pedaggicas y sociales de la Reforma de las Enseanzas Medias, los 
planes de Educacin Compensatoria, las experiencias de la 
educacin en alternancia, los planes de interrelacin de Formacin 
y Empleo, la coordinacin entre sistema educativo y la Formacin 
Profesional y Ocupacional.

Se promover  un programa de especializacin de jvenes 
postgraduados en empresas de tecnologa avanzada, y se 
perfeccionar  el sistema de concesin de becas y ayudas de 
estudio, que beneficie a los jvenes de clases desfavorecidas, 
simplificando los trmites y plazos y privilegiando las frmulas 
de becas-salarios por sus mejores resultados sociales.

5.2.3. Fomentar el empleo de los jvenes
La poltica de fomento de empleo ser  el vector principal de la 
nueva poltica de juventud. Abrir un futuro profesional es la 
nica opcin para comprometer a la juventud en la sociedad y 
evitar las graves consecuencias de su marginacin del sistema 
productivo.

Para dar una respuesta adecuada es preciso contar con una mano de 
obra tcnicamente capacitada ante el reto de las nuevas 
tecnologas, al tiempo que es necesario que las partes sociales 
introduzcan en sus acuerdos medidas que favorezcan el acercamiento 
de los jvenes a las empresas.

Se potenciar n las Iniciativas Locales de Empleo y la 
participacin de los Ayuntamientos en aquellas que se desarrollen 
en los municipios. Por otra parte. ha de alcanzarse el mximo 
aprovechamiento de las posibilidades de formacin y contratacin 
del Fondo Social Europeo.

Mejorar las actuales perspectivas depender  del mejor 
aprovechamiento de todo un conjunto de esfuerzos ya iniciados.
Las medidas de Formacin Ocupacional, el Plan de Formacin e 
Insercin Profesional, el fomento de las cooperativas de jvenes, 
los programas de contrataciones en Prcticas y para la Formacin, 
la concertacin de frmulas de distribucin del trabajo 
disponible, la emergencia de las manifestaciones de la economa 
sumergida son, entre otros, caminos que hay que ensanchar y que 
han venido demostrando su utilidad.

Se trata de trabajar por un objetivo difcil, pero ser  posible 
alcanzarlo si las Administraciones, empresarios, sindicatos y el 
conjunto de la sociedad son capaces de establecer, como objetivo 
prioritario, medios de insercin profesional a la generacin que 
ms gravemente est  sufriendo las consecuencias de la crisis 
econmica y del bloqueo del mercado de trabajo.

5.2.4. Mejorar las condiciones  del Servicio Militar
El Servicio Militar debe contribuir a la insercin social del 
joven, mejorando sus posibilidades al reincorporarse a la vida 
civil. Para ello es preciso corregir el aislamiento social de los 
soldados y mejorar las condiciones y la seguridad en la prestacin 
del Servicio Militar.

Se articular  una accin interministerial dirigida a aprovechar el 
tiempo de Servicio Militar para compensar las desigualdades y 
reforzar los niveles formativos y culturales de los soldados.
Por otra parte, se proceder  al desarrollo de la Ley de la 
objecin de conciencia y la prestacin social sustitutoria.

5.2.5. Impulsar la accin cultural

Se continuar  la poltica de apoyo y fomento de las iniciativas 
culturales en todos los niveles de la sociedad, apostando por la 
democratizacin de la cultura, promoviendo la creacin cultural y 
la participacin de todos los jvenes.

Se ultimar  un plan nacional de equipamientos socioculturales 
polivalentes, consiguiendo un mayor aprovechamiento de los 
edificios pblicos para fines culturales. Elemento fundamental de 
esta poltica ser  el apoyo a las manifestaciones culturales 
propias de los jvenes, especialmente aquellas que contengan un 
claro carcter renovador. Se facilitar n las manifestaciones que 
ms vivamente interesan a la juventud como la educacin ambiental, 
la cooperacin internacional y para la paz, y las actividades 
deportivas y el turismo juvenil.

5.2.6. Incrementar  las oportunidades de la  juventud rural
Los problemas de los jvenes del campo se acentan notablemente y 
adquieren caracteres propios. Para corregir estos desequilibrios 
se trabajar  por un desarrollo rural integrado.
Se desarrollar  un importante programa de informacin a los 
jvenes y se potenciar  la escuela en el medio rural, mediante la 
dotacin de suficientes medios materiales y humanos. Se apoyar n, 
por su importancia estratgica, los Centros de Formacin 
Profesional y Capacitacin Agraria, para lo cual ser n dotados 
adecuadamente.

El Gobierno atender  muy especialmente la instalacin directa y 
personal de aquellos jvenes que deseen establecer una explotacin 
agraria, adecuando la actual legislacin con figuras como la del 
coheredero o similares y creando las ayudas financieras y los 
avales precisos que permitan acceder a las lneas de crdito 
oficial.

Se desarrollar  un plan de creacin de equipamientos polivalentes 
a nivel comarcal que corrija los actuales desequilibrios y 
aproxime el medio rural al nivel de desarrollo de equipamientos 
del medio urbano.

Dadas las oportunidades que surgen de nuestra incorporacin a la 
CEE, se incrementar n las campaas de informacin que permitan a 
nuestra juventud rural aprovechar los fondos y las iniciativas de 
las organizaciones de la Comunidad.

5.2.7. Luchar contra la marginacin
La juventud, como colectivo especialmente agredido por la crisis 
socioeconmica, sufre un proceso de marginacin cuya solucin 
exige una intervencin decidida contra las causas que la motivan. 
El problema del abuso de drogas entre algunos sectores de la 
juventud ilustra suficientemente el nivel del problema de la 
marginacin.

Es imprescindible promover un Plan General de Prevencin que 
articule los servicios especializados de las diferentes 
Administraciones Pblicas en los campos de la educacin, la 
sanidad, los servicios sociales, la cultura y la accin policial. 
Conforme al Plan Nacional recientemente aprobado por el Gobierno, 
tendr  un carcter prioritario la prevencin primaria y la 
neutralizacin de los factores estructurales que generan la 
marginacin, as como la reinsercin social de los toxicmanos.
Se incrementar  la oferta de servicios pblicos especializados, se 
perfeccionar  el control de los centros privados subvencionados, 
se intensificar  la represin del trfico para reducir la oferta y 
se endurecer n los tipos penales para los grandes traficantes, 
llegndose a la confiscacin de los beneficios derivados del 
comercio de drogas ilcitas.

La sociedad en su conjunto debe asumir su responsabilidad en la 
gnesis de estos fenmenos. Hay que propiciar un cambio de 
actitudes para evitar la estigmatizacin y el agravamiento de la 
marginacin social de jvenes con problemas. Es necesario que 
dentro de la polica judicial existan equipos especializados en 
jvenes que trabajen en estrecha relacin con las organizaciones 
que trabajan en el sector. La participacin activa de los 
ciudadanos es decisiva para hacer ms eficaz el funcionamiento de 
las iniciativas Pblicas y respaldar el trabajo ordinario de los 
equipos profesionales.

5.2.8. Fomento  del asociacionismo y la  participacin

Las asociaciones juveniles con esquemas democrticos y 
participativos son la forma ms adecuada para canalizar el 
potencial transformador de los jvenes. Es preciso, por ello, 
apoyar y promover el asociacionismo juvenil y plantear mtodos ms 
 giles de relacin entre Administraciones y jvenes.
Se reformar  el obsoleto rgimen jurdico vigente en materia de 
asociacionismo, de tal forma que se facilite en el futuro la 
creacin de nuevas asociaciones y entidades juveniles. Se dar  el 
mximo respaldo a los procesos participativos abiertos en el medio 
escolar y universitario. Se incrementar n los apoyos tcnicos y 
financieros a las asociaciones juveniles para que estas puedan 
perfeccionar y ampliar sus propios proyectos de trabajo.
El PSOE considera que, por medio de la integracin social y del 
desarrollo de su propia iniciativa asociativa, la juventud ha de 
llegar a participar de un modo activo en la resolucin de los 
problemas colectivos de nuestra sociedad.

VI. SEGURIDAD PARA PROTEGER LA LIBERTAD

Cuatro aos de gestin socialista han supuesto una labor de 
desarrollo de la Constitucin, de reforma de la Administracin de 
Justicia, de modernizacin del ordenamiento jurdico y de garanta 
de la seguridad ciudadana que puede ser calificada de histrica.
Hoy el ciudadano espaol cuenta con un sistema de derechos y 
libertades semejante al de cualquier pas de Europa Occidental, 
protegido por un sistema acabado y perfeccionado.

La convivencia democrtica implica que los derechos y libertades 
de la persona y de los grupos en que se integra tienen que 
ejercerse de forma real y efectiva. Por ello, para incrementar la 
seguridad pblica y la convivencia ciudadana, como condiciones 
para la efectividad de tales derechos y libertades, el Gobierno 
cumplir  un programa de actuaciones con los siguientes objetivos.

- Desarrollar el nuevo modelo policial.

- Disear un sistema penal ms eficaz.

- Continuar la lucha contra el terrorismo y el trfico de 
drogas.

- Impulsar la cooperacin internacional en la lucha contra la 
criminalidad.

6.1. DESARROLLO DEL NUEVO  MODELO POLICIAL

Los socialistas concebimos la actuacin de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad como un servicio pblico dirigido a la proteccin de 
la convivencia en libertad, base de nuestro sistema democrtico. 
Aprobada la Ley Orgnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que 
establece las lneas bsicas del modelo policial espaol, el 
Gobierno la desarrollar  en sus aspectos orgnico, de personal, de 
medios y do servicios.

1. En el aspecto orgnico, se levar n a cabo las previsiones 
sobre delimitacin territorial y funcional contenidas en la Ley, 
revisando y adecuando la distribucin y el despliegue de las 
distintas unidades policiales, de manera que se asegure la 
racionalidad y eficacia en las actuaciones, eliminando 
concurrencias y duplicidades.
Se definir n las plantillas de los Cuerpos estatales y de sus 
unidades y se propiciar  la Constitucin y buen funcionamiento de 
sus rganos de coordinacin, as como las Juntas de Seguridad en 
Comunidades Autnomas y entes locales.

2. En cuanto a la poltica de personal, se desarrollar n los 
sistemas de seleccin, formacin, ascensos, destinos y rgimen 
retributivo, de forma que se compaginen las peculiaridades de la 
funcin policial con la concepcin general del rgimen estatutario 
de las Administraciones Pblicas.

Las actitudes y comportamientos democrticos de los funcionarios 
de las Fuerzas de Seguridad se ajustar n a los principios 
deontolgicos y estatutarios establecidos en la Ley Orgnica.

3. Respecto a las dotaciones materiales, se continuar  en la 
lnea de adecuacin de los edificios e instalaciones, as como de 
los medios Informativas y materiales con la integracin de los 
distintos sistemas de comunicacin y con la racionalizacin de los 
medios de gestin.

4. En relacin a los servicios, se impulsar  la especializacin 
de los mismos para combatir la criminalidad en sus variadas 
manifestaciones, creando aquellos que atiendan a las nuevas y 
sofisticadas formas delictivas, preferentemente en materia 
econmica, delincuencia organizada e internacional.
Se extender  y reforzar  la presencia policial en las calles, 
potenciando su funcin preventiva.

Se agilizar n los mtodos de trabajo de las oficinas Pblicas, 
reduciendo el tiempo que ha de aguardar el pblico para recibir 
respuesta e informacin.

Se reglamentar  la seguridad privada, en sus funciones y medios 
(detectives y vigilantes privados), como complemento de la 
seguridad exigible y debida por las distintas Administraciones 
Pblicas.

6.2. UN SISTEMA PENAL MS EFICAZ

En esta ltima dcada, se constata en la sociedad espaola, de 
modo similar a la mayora de los pases industrializados, la 
presencia de dos fenmenos que afectan a la convivencia social: el 
incremento de la delincuencia y la aparicin de nuevas formas de 
criminalidad. Las transformaciones sociales y econmicas dan lugar 
a nuevos comportamientos lesivos para la sociedad, a los cuales 
debe hacerse frente mediante una respuesta eficaz del sistema 
penal.

Ante estas nuevas y complejas formas delictivas, los socialistas 
nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:

- Adecuar la respuesta judicial al aumento de criminalidad.

- Conseguir la adecuada proporcionalidad entre pena y dao 
causado.

- Otorgar una mayor proteccin a las vctimas del delito.

6.2. 1. Una respuesta judicial adecuada

El principio de ejemplaridad de la justicia penal se fortalece 
cuando los acusados son juzgados con rapidez. Para ello se 
continuar  adecuando los procesos penales al tipo de criminalidad 
con que se enfrentan. As, con relacin a aquellos delitos que. 
contemplados aisladamente, sean de carcter menor, pero que 
provocan alarma social por su frecuencia, se establecer  un 
procedimiento  gil que ofrezca a los ciudadanos la seguridad del 
cumplimiento de la Ley.

Al mismo tiempo, se impulsar n los mtodos y procedimientos en 
relacin con el sistema probatorio, a travs de la pronta 
intervencin de los Fiscales, para la mejor confeccin de la 
prueba y la posterior calificacin de los hechos.
6.2.2. Una mayor proporcionalidad entre la pena y el dao causado
Constituye condicin indispensable de un sistema penal en una 
sociedad democrtica la proporcionalidad entre la pena y el dao 
causado, as como la igualdad en la aplicacin de la ley penal. 
Ello obliga a actuar en una triple direccin:

a) De un lado, acomodar a la realidad actual comportamientos 
que hoy ya no exigen reproche de ndole penal. En este 
sentido, los socialistas proponemos la despenalizacin de los 
supuestos de daos con motivo de la circulacin de vehculos 
a motor, por entender que son ms adecuadas a tales supuestos 
las nuevas sanciones administrativas. Esta despenalizacin 
ir  acompaada de las reformas sustantivas y procesales que 
hagan posible la plena y r pida reparacin del dao causado.

b) De otro, deber n agravarse las penas de determinadas 
conductas que, por su alarma social o su incidencia en los 
sectores ms dbiles de la poblacin, producen graves 
rupturas de la convivencia y del disfrute pacfico de la vida 
cotidiana. Un principio que regir  estas reformas ser  el de 
la igualdad material ante la ley, evitando que puedan 
prevalecer en la prctica distintos tratamientos en funcin 
del origen social o de la posicin econmica del autor de 
dichas conductas.

Por ello, se acentuar  tanto la persecucin de los delitos 
menores, que por su volumen restringen el uso por los 
ciudadanos de sus espacios de libertad, como de los delitos 
de carcter socioeconmico, incluidos aquellos que estn 
ocultos en el complejo entramado que rodea el trfico 
mercantil a gran escala.

c) Por ltimo, se efectuar n las reformas necesarias que 
garanticen que nadie pueda eludir el cumplimiento de las 
penas impuestas ni obtener reducciones o beneficios de 
condena mediante una desvirtuacin del principio de 
tratamiento individualizado.

6.2.3. Una mayor proteccin a las vctimas del delito
El Partido Socialista se propone iniciar las medidas tendentes a 
considerar como gasto social los daos extraordinarios causados a 
los ciudadanos por actividades criminales. Esta tarea, ya 
emprendida en el  mbito de los daos ocasionados por la actividad 
terrorista, ha de ampliarse de forma rigurosa, aunque selectiva, 
cubriendo, en una primera fase, los daos de carcter ms grave, 
pero afianzando la conviccin social de que est  funcin, 
establecida en otros pases, debe ser paulatinamente ejercida por 
el Estado, en caso de irresponsabilidad de los autores, como una 
efectiva manifestacin del principio de solidaridad.

6.3. CONTINUAR LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

En este terreno, el esfuerzo del Gobierno socialista ser  el de la 
continuidad en la poltica que ha venido realizando y que ha 
producido una evidente mejora de la situacin.
Se continuar  dotando de medios personales y materiales a los 
rganos dedicados a la lucha antiterrorista, y mejorando la 
formacin y especializacin de sus funcionarios.
Se aumentar  la coordinacin en la lucha contra el terrorismo, en 
la que adems se dar  prioridad al incremento del nivel de 
informacin, como elemento necesario para una accin eficaz y 
selectiva.

Se seguir  fomentando la ms estrecha colaboracin con todos los 
pases y, de una manera singular, con los de nuestro  mbito ms 
prximo. La mayor participacin de Espaa en asuntos 
internacionales obligar  a prestar una mayor atencin al fenmeno 
terrorista de races no especficamente espaolas.
Se fomentar  el apoyo ciudadano a la lucha contra el terrorismo, 
as como la poltica de aislamiento de los terroristas, 
propiciando, en relacin al terrorismo de ETA, la mayor 
colaboracin con las instituciones vascas. Se continuar , 
asimismo, con la va de la reinsercin social de aquellas personas 
que voluntariamente abandonen las actividades terroristas.

6.4. LA Persecucin DEL TRAFICO DE DROGAS

La reciente aprobacin del Plan Nacional sobre Drogas abre nuevas 
perspectivas para avanzar hacia la solucin de tan grave problema 
social, reduciendo el mercado de drogas existente en Espaa.
A tal fin se prevn las siguientes acciones dirigidas a evitar la 
oferta ilegal de drogas:

- Agravacin de las penas para los traficantes de drogas, 
especialmente en el supuesto de que pertenezcan a 
organizaciones que se dedican a dicho trfico.

- Modificacin de la regulacin del decomiso, considerndose 
instrumentos del delito los bienes muebles, inmuebles, 
aeronaves, barcos as como el dinero invertido producto del 
beneficio del trfico.

- Aumento de las multas, que no ser n inferiores al provecho 
obtenido por el trfico.

- Afectacin de dichas multas al tratamiento y 
desintoxicacin de toxicmanos.

- Sanciones a los responsables de establecimientos abiertos 
al pblico en los que se realicen actos de promocin y 
facilitacin del trfico de drogas.

- Institucionalizacin de la Fiscala Especial para la 
Prevencin y Represin del Trfico de Drogas.

- Colaboracin en programas internacionales de sustitucin de 
cultivos en los pases productores de drogas.

6.5. LA Cooperacin  INTERNACIONAL  CONTRA LA CRIMINALIDAD

Los Tribunales de Justicia y la polica espaola han tenido que 
abordar el problema de la brusca internacionalizacin de la 
criminalidad, evidenciada tanto por el nmero creciente de 
extranjeros implicados en la aplicacin de la ley penal como por 
la emergencia de una criminalidad transnacional organizada.
Por estas razones, adems de la especfica cooperacin que en 
materia de terrorismo y trfico de drogas existe entre los 
diferentes Estados, se continuar  propugnando en los 
correspondientes organismos internacionales un poltica criminal 
que tenga en cuenta esa nueva dimensin transnacional de la 
criminalidad y que fomente para su prevencin y represin la 
coordinacin necesaria, especialmente entre los Estados con 
similares problemas.

Se prestar , tambin, la mayor atencin a una poltica criminal de 
prevencin y persecucin de los delitos, tendente a cubrir todos y 
cada uno de los aspectos fundamentales de cooperacin policial y 
de auxilio judicial internacional, tales como la informacin 
policial, el auxilio judicial, la extradicin, la transmisin o 
continuacin de los procesos penales por jurisdicciones 
extranjeras y la ejecucin de sentencias penales de otros pases.

VII. UNA Administracin MODERNA

En un sistema democrtico, la Administracin debe constituirse en 
una realidad al servicio de la actividad de los ciudadanos y de 
los grupos en que estos se integran.

La Administracin debe concretar su poltica teniendo en cuenta:

1. La consolidacin de los cambios emprendidos y la 
racionalizacin, eficacia y profesionalizacin de la 
actuacin administrativa.

2. la adaptacin del funcionamiento administrativo a los 
modernos procesos de toma de decisiones y de rentabilizacin 
de las tareas burocrticas, en el momento en que se produce 
nuestra integracin en la CEE.
Concebimos, as, una Administracin que pueda satisfacer las 
necesidades de la sociedad tecnolgica y est capacitada para ser 
un motor en el proceso de ejecucin de las polticas 
transformadoras de la realidad social. Los socialistas pretendemos 
que la Administracin pase a ser una fuente de soluciones para el 
ciudadano.

7.1. Consolidacin DE LAS  REFORMAS EMPRENDIDAS

7.1.1. Profesionalidad, imparcialidad y participacin de los 
funcionarios pblicos

La reforma de la Funcin Pblica ya emprendida dota a nuestra 
Administracin de un nuevo concepto de la profesionalidad e 
imparcialidad, basado en la despatrimonializacin de los cargos 
pblicos y en el establecimiento de una carrera administrativa, 
mediante la promocin de los ms capaces.

En este momento la profesionalidad e imparcialidad ha de 
profundizarse a travs de la preparacin de los funcionarios para 
afrontar los nuevos retos que suponen su contacto con el resto de 
las Administraciones europeas, el papel del Gobierno de la nacin 
tras la efectiva Constitucin del Estado de las Autonomas y el 
uso de las nuevas tecnologas informticas y de gestin. De esta 
forma se configurar  un colectivo de profesionales dotados de los 
elementos necesarios para actuar al servicio de los objetivos 
marcados por los responsables polticos.

Una consecuencia de la profesionalidad e imparcialidad ya 
alcanzadas por el funcionariado es el establecimiento definitivo 
de un marco de representacin sindical que permita su 
participacin en las decisiones que les afecten y en la 
determinacin de sus condiciones de empleo. La implantacin de 
estos derechos sindicales ser  una de las actuaciones prioritarias 
en la prxima legislatura.

A las medidas ya adoptadas en materia de Funcin Pblica habr  que 
aadir las siguientes:

1. Perfeccionar el sistema selectivo de los funcionarios, 
garantizando el acceso a la Funcin Pblica en condiciones de 
igualdad mediante un sistema de becas y ayudas.
Se tender  progresivamente a la potenciacin del sistema de 
Escuelas de Funcionarios para obtener el nmero y la calidad 
precisa de funcionarios de acuerdo a los puestos de trabajo que 
deban desempear en la Administracin.

2. Potenciar la formacin y reciclaje de los funcionarios, ya que 
la consecucin de una Administracin democrtica y eficaz en el 
entorno europeo en el que ha de actuar ser  un objetivo asumido 
por el Instituto Nacional de Administracin Pblica. Para ello se 
le dotar  de los recursos econmicos suficientes para el reciclaje 
masivo de funcionarios en materias como idiomas, informtica o 
atencin al ciudadano.

3. Fomento de la movilidad de los funcionarios.
En la direccin marcada por la Ley de Medidas para la Reforma de 
la Funcin Pblica, se continuar  en la lnea de simplificacin y 
reestructuracin de los Cuerpos y Escalas hasta su reduccin al 
nivel adecuado para el cumplimiento de un mejor servicio a los 
ciudadanos.

La promocin interna de los funcionarios seguir  siendo un 
objetivo del Gobierno, posibilitando la carrera administrativa de 
los mismos, de acuerdo con los principios de mrito y capacidad.

4. Rigurosidad en la aplicacin de las incompatibilidades.
La aplicacin de la Ley de Incompatibilidades seguir  
constituyendo un objetivo primordial de moralizacin y eficacia de 
la Funcin Pblica.

5. Liberalizacin de la Administracin Pblica.
Deber  abrirse la posibilidad para que se desempeen en rgimen de 
contrato laboral aquellos servicios cuya prestacin no exija 
especialmente la condicin de funcionario pblico. Se tender  a la 
racionalizacin de la estructura de negociacin colectiva de la 
Administracin con su personal laboral.

7.1.2. La eficiencia de la Administracin
El Gobierno dotar  a los responsables de los grandes servicios 
administrativos de mayor capacidad de decisin en materia de 
gasto, eliminando controles innecesarios y aumentando 
paralelamente la responsabilidad de los gestores.
Junto al control del gasto pblico, los responsables 
administrativos deber n preocuparse por la gestin eficaz de los 
programas que tienen encomendados. Se sentar n progresivamente las 
condiciones para la construccin de un verdadero control de 
gestin en el sector pblico.
En esta materia se fijar n los siguientes objetivos:

- Reforma del actual sistema presupuestario del sector pblico, 
para agilizar el procedimiento financiero de la Administracin.

- Modificacin del sistema de contratacin de obras y servicios, 
eliminando los controles innecesarios y garantizando una adecuada 
relacin coste/eficacia.

- Agilizacin en la tramitacin de los expedientes de 
expropiacin, mediante la revisin del mecanismo expropiatorio.

7.2. Adaptacin A EUROPA Y A  LOS NUEVOS  INSTRUMENTOS DE Gestin

7.2.1. Reorganizacin de la  Administracin Central y  Perifrica 
del Estado

Es preciso iniciar el diseo y organizacin de la Administracin 
Perifrica para lograr una mayor eficacia en la prestacin de los 
servicios. La integracin de todos los servicios dependientes de 
la Administracin Central en las Delegaciones del Gobierno y 
Gobiernos Civiles constituir  el principio bsico de la 
organizacin de la actividad del Estado en el  mbito provincial.
Los Delegados del Gobierno ejercer n la coordinacin de los 
Gobernadores Civiles de las provincias de su  mbito y estos, como 
mximos representantes del Gobierno en la provincia, deber n 
convertirse definitivamente en vas de comunicacin de las 
orientaciones programticas del Gobierno y en los directores de su 
ejecucin.

Se considerar , pues, necesario profundizar en un nuevo modelo 
organizativo y funciona de la Administracin del Estado con las 
siguientes caractersticas:

a) Su contenido comprender  la organizacin y funcionamiento del 
Gobierno y el Estatuto de sus miembros, la organizacin de la 
Administracin del Estado, tanto de sus servicios centrales como 
de los perifricos y del exterior, las formas especiales de 
gestin administrativa y el sistema de responsabilidades de las 
Administraciones Pblicas.

b) Se potenciar n los servicios de atencin al ciudadano 
respondiendo a los principios de eficacia e inmediatez.

c) Se pondr  nfasis en las actividades de planificacin y 
programacin en la coordinacin y colaboracin con otras 
Administraciones. en la estadstica, documentacin y sistemas 
informticos y en las tcnicas de evaluacin de eficacia de los 
servicios.

7.2.2. Modernizacin y nuevos Instrumentos de gestin
La implantacin a gran escala de las modernas tecnologas 
informticas y de telecomunicaciones ser  necesaria para la 
modernizacin de las Administraciones Pblicas. Esos cambios en 
los medios instrumentales que la tcnica moderna pone a nuestra 
disposicin homologar n nuestra Administracin con las ms 
avanzadas de los pases europeos.

El parque informtico de nuestra Administracin y el elemento 
humano que lo emplea se encuentran, con la poltica seguida en los 
ltimos aos, en un nivel razonable de cualificacin. El gran reto 
consiste en que esos ya cuantiosos medios tcnicos de que dispone 
nuestra Administracin se utilicen fundamentalmente para facilitar 
a los ciudadanos sus relaciones con el aparato administrativo. Los 
ciudadanos tienen derecho a que esas modernas tecnologas sirvan 
directamente a su comodidad y a la r pida y eficaz solucin de sus 
problemas.

Las nuevas tecnologas deben aadir una forma nueva de gestionar 
en la Administracin, abriendo nuevas posibilidades a la 
contabilidad analtica, a las tcnicas de control y a la ejecucin 
del Presupuesto por programas.

En esa perspectiva, las actuaciones fundamentales ser n las 
siguientes:

- Informatizacin de todos los procesos de gestin de la 
Administracin que afecten a los ciudadanos, para lograr una mayor 
eficacia y agilidad en la gestin y resolucin de los expedientes.

- Elaboracin de mecanismos de control y salvaguardia de los 
derechos y libertades de los ciudadanos que permitan la gestin 
informatizada mediante la progresiva creacin de bases de datos 
personales.

7.3. LOS SERVICIOS AL CIUDADANO COMO OBJETIVO ESENCIAL DE LA 
Modernizacin ADMINISTRATIVA

7.3.1. La atencin al ciudadano, principal objetivo

Iniciado por el Gobierno Socialista el proceso de racionalizacin 
de la funcin pblica, las reformas posteriores deben orientarse a 
mejorar las relaciones con el ciudadano, que ha de convertirse en 
el principal protagonista de las reformas.
Los objetivos principales en este campo son: la simplificacin de 
trmites y procesos administrativos, el incremento de la eficacia 
y celeridad de los mtodos de trabajo y las profundas reformas en 
materia de informacin y atencin al ciudadano. Todo ello exige la 
coordinacin de las diferentes Administraciones y de sus 
Organismos.

Las actuaciones ser n las siguientes:

a) Realizacin de una campaa nacional de racionalizacin 
administrativa y supresin de trmites, en coordinacin con las 
Comunidades Autnomas, Corporaciones Locales y la Administracin 
de Justicia.

b) Se utilizar n adecuadamente los edificios administrativos, 
concentrando, siempre que ello sea posible, los servicios de cada 
Departamento en edificios nicos.

c) Proporcionar mejores Servicios de informacin para los 
ciudadanos. Se crear n Oficinas nicas Provinciales de Informacin 
Administrativa y Asistencia al ciudadano en los Gobiernos Civiles 
y se reorganizar n las existentes en la Administracin Central.

d) Puesta en prctica de un Plan General de Cursos para 
especializar a funcionarios en las tcnicas de informacin y 
relaciones Pblicas.

e) Elaboracin y desarrollo de un plan de publicidad institucional 
para informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones.

f) Se fomentar  el asociacionismo de los usuarios de servicios 
pblicos, como cauce para la difusin de la informacin de los 
derechos de los ciudadanos y del funcionamiento de los servicios.

g) Estudio de nuevas soluciones, como la del establecimiento de la 
"Ventanilla nica" para facilitar los trmites.

h) Se tender  progresivamente a suprimir la obligacin de los 
ciudadanos de presentar documentos acreditativos de datos que ya 
obran en poder de la propia Administracin.
Como objetivo final se estudiar  la elaboracin de un nuevo 
procedimiento administrativo comn para todas las Administraciones 
Pblicas.

7.3.2. Sectores prioritarios de actuacin

La Administracin debe convertirse en eficaz instrumento de la 
poltica de transformacin social, y para ello es necesario 
abordar reformas, en ocasiones muy amplias.

Es un criterio prudente y eficaz profundizar en estas reformas de 
manera prioritaria en unos sectores determinados para que luego 
puedan ser, en su caso, generalizadas a partir de la experiencia 
adquirida y de los resultados alcanzados.
Los socialistas entendemos que estos sectores deben obedecer a una 
exigencia de la sociedad espaola y de los principios que inspiran 
nuestra poltica: creacin de riqueza para el pas, mejora de los 
servicios asistenciales, plena efectividad de los derechos y 
libertades de los ciudadanos y asistencia a los ciudadanos 
espaoles fuera de nuestras fronteras.

7.3.2.1. Reformas administrativas para agilizar el desarrollo 
econmico

La actual distribucin de competencias entre las distintas 
Administraciones Pblicas obliga a realizar mltiples gestiones 
que resultan en exceso gravosas y que pueden suponer un freno a la 
iniciativa personal y empresarial.

Continuando con la poltica ya iniciada por el Gobierno, se 
adoptar n las medidas necesarias para remover las trabas 
burocrticas que impiden la creacin y funcionamiento de las 
empresas.

Para ello se proceder  a elaborar un programa cuya lnea 
fundamental ser  la prestacin de servicios de informacin y 
asistencia a los empresarios, especialmente aquellos encaminados a 
incorporar a la pequea y mediana empresa y a las cooperativas y 
sociedades laborales a los nuevos sistemas de produccin y gestin 
empresarial.

7.3.2.2. Potenciacin  de la eficacia de los  servicios 
asistenciales
Dentro de los servicios asistenciales consideramos prioritario 
centrar la actuacin de la Administracin en los que cuentan con 
una mayor demanda social.

1. Empleo
Se mejorar  el funcionamiento de las oficinas de empleo, avanzando 
en la integracin de las  reas de empleo, desempleo y formacin 
profesional.
Para ello se seguir  profundizando en el proceso de mecanizacin 
de los procesos administrativos de gestin de la colocacin, 
preparando las bases para integrarlas en el Sistema Europeo de 
Gestin de Colocacin (SEDOC).
Se continuar  el proceso de desconcentracin de la gestin de los 
programas de empleo, mediante la progresiva creacin de un banco 
de datos integrados para una mejor atencin al ciudadano.

2. Seguridad Social

Se establecer  un programa que contendr  las siguientes medidas:

- Simplificar la documentacin exigida y revisar los procesos de 
reconocimiento y liquidacin de las prestaciones solicitadas por 
los beneficiarios, para acortar los plazos de concesin de las 
mismas.

- Proporcionar la ms completa informacin a los interesados en 
las notificaciones de la resolucin de los expedientes para 
facilitar la mejor defensa de sus derechos e intereses legtimos.

- Completar los programas de mecanizacin de los Servicios de 
Afiliacin, Inscripcin y Recaudacin para disponer de un 
conocimiento actualizado e inmediato de la poblacin protegida y 
de las empresas cotizantes, as como de un control riguroso de las 
cuotas devengadas.

- Agilizar los trmites para el acceso a las prestaciones y a los 
centros de los colectivos de Tercera Edad y Minusvlidos., as 
como en materia de subvenciones, acortando los plazos para los 
cobros.

3.Sanidad

Se fijar n los siguientes objetivos:

- Reconocimiento efectivo y difusin de los derechos de los 
usuarios.

- Desarrollo de los mecanismos de participacin comunitaria en las 
instituciones sanitarias Pblicas, como los Centros de Salud y los 
hospitales.

- Consolidacin de los servicios de informacin y atencin al 
paciente en la asistencia hospitalaria y extrahospitalaria.

- Mejora de las condiciones ambientales de los centros sanitarios.

- Desarrollo de medidas que reduzcan las listas de espera.

7.3.2.3. Una Administracin de Justicia acorde a una sociedad 
desarrollada

El Gobierno Socialista ha orientado su gestin a la consecucin de 
un diseo de organizacin judicial y de Justicia ajustado a los 
par metros constitucionales y a las necesidades de la sociedad 
espaola hoy.

La consolidacin de este modelo exige actuaciones para conseguir:

1. Una justicia eficaz
Se proceder  a establecer una nueva distribucin territorial de 
nuestros juzgados y tribunales que permita un mayor 
aprovechamiento de los recursos, aproximando la justicia al 
ciudadano.

En esta direccin se establecer  un nuevo modelo de oficina 
judicial que potencie los servicios comunes y la haga ms eficaz.
Pieza clave para modernizar la oficina judicial la constituye la 
implantacin de sistemas informticos. Fiel a esta consideracin, 
el Gobierno continuar  la poltica iniciada de incrementar las 
dotaciones destinadas a este objeto.

Este conjunto de medidas se complementar  con aquellas que traten 
de lograr una mayor transparencia y contacto directo con los 
ciudadanos, y que eviten corruptelas y prcticas abusivas.

2. Una justicia fiable y segura

Para hacer efectivo este objetivo se actuar  de la forma 
siguiente:

a) Las resoluciones judiciales deber n producirse con rapidez e 
imparcialidad y su contenido material hacerse efectivo con la 
mxima prontitud.

b) Se arbitrar n medidas que garanticen la efectividad de la 
Justicia en aquellos rdenes jurisdiccionales en los que se ven 
afectados los sectores de poblacin ms necesitados.

c) Se establecer n unidades de Polica Judicial especializadas, 
que permitan mayor rigor y rapidez en la investigacin y 
esclarecimiento de los delitos.

3. Una justicia ms democrtica, participativa e igual para todos
El Gobierno proceder  al desarrollo de la Ley Orgnica del Poder 
Judicial y, en particular, de aquellas instituciones que permitan 
hacer efectiva la participacin de los ciudadanos en el mundo 
judicial.

Los principios de participacin y de igualdad en la justicia 
obligan a arbitrar una serie de medidas, y para ello el Partido 
Socialista desarrollar  una poltica orientada a:

- Aplicar la normativa sobre suspensin de tasas judiciales, 
mediante la que se establece la gratuidad de la justicia.

- Reconocer legitimacin ante los tribunales a entidades como los 
Sindicatos, Instituciones Profesionales y Asociaciones ciudadanas 
dedicadas al fomento y a la defensa de intereses colectivos.

- Regular el procedimiento de arbitraje en materia de consumidores 
y usuarios.

- Agilizar la resolucin de los conflictos de atribuciones entre 
los rganos jurisdiccionales y los que integran las 
Administraciones Pblicas y llevar a cabo una profunda 
reorganizacin de los Tribunales Militares, acomodndolos a las 
exigencias actuales.

4  Un sistema penitenciario  que haga efectivo el fin  
resocializador  de la pena.

En este  mbito nos proponemos:

a) Continuar transformando nuestras viejas prisiones en centros 
con el suficiente equipamiento.

b) Estricta separacin entre preventivos y penados, y entre 
jvenes y adultos, que evite el contagio delicitivo.

c) Garanta de seguridad personal de presos y funcionarios a 
travs de mecanismos de control y medidas de proteccin en los 
Centros penitenciarios.

d) Se prestar  una especial atencin a los servicios de 
clasificacin, como presupuesto imprescindible para la 
individualizacin del tratamiento penitenciario.

e) Mejorar la asistencia postpenitenciaria para facilitar la 
reinsercin social y evitar la reincidencia.

7.3.2.4. Reforma del servicio exterior

El Servicio Exterior se ha caracterizado por un desajuste 
adicional que agrava las insuficiencias generales de la 
Administracin. Al aumentar los campos de accin de la poltica 
exterior espaola, las necesidades de este sector de la 
Administracin han crecido en mayor medida que las 
disponibilidades. Esto dificulta la necesidad elemental de 
traducir en poltica exterior cotidiana las decisiones tomadas por 
el Gobierno.

Adems, la incorporacin de Espaa a la CEE y su pertenencia a la 
Alianza Atlntica plantean la necesidad de corregir esta situacin 
y dotar de mayor eficacia al Servicio Exterior. Por consiguiente, 
los socialistas proponemos llevar a cabo las siguientes 
actuaciones:

- Potenciar la figura del Jefe de Misin como coordinador de 
todos los departamentos de las representaciones diplomticas 
de Espaa.

- Aumentar el nmero de funcionarios dedicados al Servicio 
Exterior, con las remodelaciones que sean precisas, en la 
lnea de reducir la pluralidad de Cuerpos.

- Reorganizar el despliegue de las Representaciones y los 
efectivos en el exterior.

- Modernizar y ampliar la infraestructura patrimonial y los 
sistemas de comunicaciones.

- Potenciar el funcionamiento de las unidades de 
planificacin poltica y evaluacin.

- Reagrupar progresivamente las diversas dependencias de las 
Embajadas en sedes nicas, con el fin de alcanzar mayor 
eficacia en la gestin y prestar mejor servicio.

VIII. LA Consolidacin DEL ESTADO DE LAS  AUTONOMAS: Coordinacin 
Y  Cooperacin DE LAS ADMINISTRACIONES  PUBLICAS

8.l. LA Consolidacin INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE LAS AUTONOMAS

En el momento de acceder los socialistas al Gobierno de la Nacin, 
el diseo del Estado de las Autonomas contenido en la 
Constitucin se encontraba en una fase de desarrollo muy primaria. 

Junto al escaso desarrollo del modelo, habla la falta de creencia 
de algunas fuerzas polticas en el significado histrico, 
poltico, cultural, econmico y social que conlleva la 
construccin y consolidacin del Estado de las Autonomas. Sin 
embargo, los socialistas ramos conscientes de su l era el 
desarrollo a efectuar del sistema constitucional de organizacin 
territorial del Estado y de cu l era el sentimiento real de la 
sociedad espaola de ver cumplidos los anhelos de autonoma y 
autogobierno de las distintas regiones y nacionalidades. Ello nos 
exiga desde el primer momento el poner en funcionamiento el 
entramado poltico, institucional y administrativo de todas y cada 
una de las Comunidades Autnomas.

La superacin del Estado autoritario y centralizado -no exenta de 
resistencias endmicas del sistema anteriores un hito 
trascendental en nuestra historia constitucional. Hoy podemos 
decir que, gracias al empeo de la mayora de los espaoles, se ha 
logrado construir una Espaa vertebrada a partir del autogobierno 
de las nacionalidades y regiones, habindose dado soluciones 
positivas a las tensiones que en el proceso se han dado.
La institucionalizacin de las Comunidades Autnomas por asuncin 
de sus competencias, en funcin de los ritmos sealados en sus 
respectivos Estatutos, como consecuencia de las transferencias del 
Estado, dotadas de los correspondientes medios personales y 
materiales, ha sido una etapa fundamental en el proceso de 
construccin del Estado de las Autonomas. El trabajo realizado 
permite ahora poner el acento principal del proceso en consolidar 
el funcionamiento normal y cotidiano de las distintas 
Administraciones Pblicas permitiendo que desde el ejercicio de 
sus respectivas competencias se consiga la realizacin prctica de 
los principios constitucionales de solidaridad, lealtad y unidad.
Consolidar el funcionamiento obliga a un esfuerzo de todas las 
instituciones para establecer con nitidez cul es el papel 
poltico que a cada Administracin corresponde realizar en el 
entramado institucional, y a determinar que responsabilidad asume 
una u otra Administracin Pblica en la gestin de los intereses 
colectivos para que esta se realice de la forma ms eficaz, con 
mejor calidad, con un menor coste. Estamos convencidos de que as 
se legitimar  la nueva estructura del Estado.

8.2. LA Coordinacin Y LA  Cooperacin ENTRE LAS  ADMINISTRACIONES  
PUBLICAS

Avanzar en esta direccin no es una tarea fcil, pues exige una 
interrelacin constante e intensa entre las distintas 
Administraciones (estatal, autonmicas y locales). Para ello, slo 
las actitudes de colaboracin sirven para mejorar la eficacia de 
la actividad de los poderes pblicos. En este sentido, el Gobierno 
piensa continuar aplicando criterios de coordinacin y 
colaboracin con las Administraciones autonmicas y locales.
La existencia de mltiples campos concurrenciales en la actuacin 
de los diferentes niveles de gobierno obliga a una constante 
coordinacin y concertacin de polticas sectoriales. Ahora bien, 
cuando se trate de definir y ejecutar polticas nacionales slo el 
Gobierno de la Nacin est  legitimado democrticamente para ello. 

No obstante, una vez definidos los objetivos bsicos de la 
poltica nacional, de acuerdo con los mecanismos e instrumentos 
previstos en la Constitucin, el Gobierno debe hacer el esfuerzo 
de integrar y coordinar, desde el respeto a las respectivas 
competencias, polticas plurales que eviten una colisin con los 
objetivos nacionales as como el despilfarro de recursos, la 
duplicidad de intervenciones y la merma de la eficacia en la 
actividad de los poderes pblicos.

8.2.1. El sistema de coordinacin Interadministrativa

Este objetivo no es nuevo en la poltica socialista. El Gobierno 
en estos cuatro aos ha diseado, a travs de su legislacin 
sectorial, un sistema de coordinacin interadministrativa y ha 
puesto en marcha diversos mecanismos de colaboracin y 
cooperacin. Nuestra accin ir  encaminada a garantizar una 
coherencia global del sistema y a corregir las posibles 
disfunciones que en su desarrollo se puedan producir.
A tal efecto se configurar  un esquema de coordinacin y 
cooperacin regido por los siguientes principios:

1. Completar la regulacin de los distintos sectores de actividad 
pblica, asignando en cada caso las funciones a la administracin 
que pueda responder en mejor grado a las necesidades sociales, En 
este sentido deber  contarse con las competencias de direccin y 
programacin que tengan atribuidas las Comunidades Autnomas, as 
como con la capacidad de gestin y la agilidad de las 
Corporaciones Locales. Esa regulacin deber  contener la creacin 
de instrumentos de coordinacin que posibiliten la integracin de 
las polticas de los distintos entes territoriales.

2. Potenciar los rganos de encuentro interadministrativo 
existentes, y especialmente las conferencias sectoriales, a fin de 
intensificar la participacin de todos los entes territoriales 
afectados.

3. Propiciar la definicin conjunta de los objetivos a alcanzar a 
nivel estatal en general, y en cada una de las Comunidades 
Autnomas en particular.

4. Estimar los recursos financieros que cada nivel de gobierno 
deba emplear para la materializacin de las tareas de cooperacin.

Se arbitrar n los mecanismos ms simples y eficaces de ejecucin 
de las acciones previstas, determinando los rganos responsables 
de la gestin para procurar la mejor utilizacin de los recursos 
administrativos. Para ello se tendr  especialmente en cuenta el 
papel a desarrollar por las Corporaciones locales como 
administracin ms prxima al ciudadano, que facilite un 
funcionamiento con las menores trabas burocrticas posibles, 
racionalizando y simplificando trmites.
Constituir  un objetivo primordial el establecimiento de 
actuaciones administrativas concurrentes para el desarrollo de los 
sectores de la actividad social, cultural y econmica menos 
favorecidos. realizando campaas de promocin y accin concertada, 
estableciendo apoyos, programas de asistencia tcnica, divulgacin 
y formacin.

8.2.2. La Informacin, una pieza fundamental del sistema
Consideramos como exigencia ineludible para llevar a cabo esta 
poltica de coordinacin y cooperacin conseguir un fluido 
intercambio de informacin, para lo cual se establecer  una 
sistematizacin de los procedimientos para el suministro de datos 
y la elaboracin de estadsticas.

8.2.3. La coordinacin econmica y financiera
En el marco de esta poltica de coordinacin, el Consejo de 
Poltica Fiscal y Financiera potenciar  las funciones que ya tiene 
asignadas por la LOMA, sobre coordinacin de las polticas 
econmicas y financieras de los distintos niveles de gobierno y 
mantendr  una estrecha relacin con los rganos de coordinacin 
sectorial en el diseo de las distintas polticas.

8.2.4. La poltica de la CEE y el Estado de las Autonomas
La incorporacin de Espaa a las Comunidades Europeas constituye 
un hecho de especial magnitud que pone de manifiesto la necesidad 
de coordinacin de las polticas regionales con la poltica 
nacional. La coordinacin, lealtad, confianza y solidaridad de los 
distintos poderes pblicos permitir  el correcto desarrollo y 
aplicacin de la poltica comunitaria en Espaa, de cuyo 
cumplimiento es garante el Estado, sin que suponga merma alguna al 
sistema de organizacin territorial.

A tal efecto, se configurar n los oportunos mecanismos de 
coordinacin que permitan examinar en conjunto:

- Los programas de planificacin sectorial y su relacin con 
el desarrollo territorial, as( como el estudio de los 
criterios sobre reparto de subvenciones y ayudas y la 
articulacin de las mismas.

- Las previsiones que hayan de suministrar las Comunidades 
Autnomas respecto de los proyectos de planes y programas 
estatales en los distintos sectores de la actividad pblica.
De igual modo, se establecer  un sistema de relaciones 
institucionales que permita canalizar los intereses territoriales 
respectivos en el diseo y desarrollo de la poltica comunitaria.

8.2.5. La cooperacin bilateral

Asimismo se mantendr n los mecanismos de cooperacin bilateral. En 
concreto se continuar  con la realizacin de convenios de 
colaboracin entre el Estado y las Comunidades Autnomas para la 
concertacin de programas tipo.
Se mejorar n los mecanismos de comunicacin que permitan evitar la 
aparicin de conflictos de competencia.

8.2.6. La Incorporacin de las Corporaciones Locales al sistema de 
coordinacin
Un funcionamiento eficaz del Estado de las Autonomas requiere la 
incorporacin de las Entidades Locales al esquema de coordinacin. 

Para ello, se pondr n en marcha las soluciones de cooperacin y 
coordinacin que contempla la Ley Reguladora de las Bases del 
Rgimen Local. Igualmente, en la medida de lo posible, los 
organismos de coordinacin deber n incorporar a los tres niveles 
de gobierno (Estado, CCAA, CC LL). En las tareas de ejecucin de 
programas conjuntos debe valorarse la agilidad en la actuacin de 
las Corporaciones Locales.

8.2.7. La coordinacin Interna de la Administracin del Estado
El despliegue de esta actividad de coordinacin sectorial con los 
niveles territoriales obliga a que la Administracin del Estado 
adapte su estructura a estas funciones de coordinacin y 
programacin. Para ello, se potenciar n los mecanismos que 
impulsen y coordinen la actividad estatal de relacin con el resto 
de las Administraciones Pblicas, de tal forma que se consiga 
englobar todo el esquema de coordinacin y cooperacin en una 
accin de conjunto de la poltica gubernamental, en la que se 
fijen las directrices generales de las polticas sectoriales y 
territoriales y se asegure su cumplimiento.

8.3. Financiacin  DE LOS ENTES  TERRITORIALES

8.3.1. Financiacin autonmica

La aplicacin del sistema provisional de financiacin de las CCAA 
ha permitido descentralizar ordenadamente un apreciable volumen de 
gasto pblico sin que, pese a la aparicin de determinadas 
disfunciones, se hayan presentado casos de conflictividad 
importantes.

Las prescripciones legales contempladas en la propia Constitucin, 
los Estatutos de Autonoma y la LOFCA prevn la configuracin de 
un sistema definitivo. Para ello, se continuar  con el proceso de 
negociacin multilateral con las Comunidades Autnomas.
Los principios constitucionales de autonoma, solidaridad y 
suficiencia son irrenunciables como inspiradores del sistema 
definitivo de financiacin autonmica.
Este sistema debe garantizar a cada Comunidad Autnoma el volumen 
actual de financiacin ' de tal modo que pueda continuar prestando 
adecuadamente los servicios asumidos y, por otra parte, debe tomar 
en consideracin factores demogrficos, geogrficos, econmicos e 
institucionales.

La bsqueda de la suficiencia y la estabilidad puede lograrse a 
partir de un sistema realista que, respetando su capacidad 
netamente redistribuidora, intente corregir las diferencias 
estructurales entre CCAA, y evitar la aparicin de las 
disfunciones observadas en la aplicacin del sistema provisional.

8.3.2. Haciendas Locales
Una vez promulgada la Ley de Bases de Rgimen Local, se completar  
la reforma en esta materia mediante una revisin de la regulacin 
actual de los tributos locales que permita:

a) Una simplificacin y modernizacin del sistema tributario 
local.

b) Un adecuado margen de autonoma en la fijacin de los 
tipos impositivos, atribuyendo a las Entidades Locales la 
responsabilidad en sus decisiones econmicas.

c) La asuncin progresiva por las Entidades Locales que 
posean capacidad para ello de la responsabilidad sobre la 
correcta gestin de sus tributos.
Paralelamente, se desarrollar  un sistema de fijacin de las 
participaciones de las Corporaciones Locales en los tributos del 
Estado que asegure que las decisiones de ingresos y gastos se 
ajusten a criterios de equilibrio financiero y racionalidad, sin 
que se produzcan bruscas oscilaciones en los tributos propios.
El Estado potenciar  sus vas de colaboracin con las 
Corporaciones Locales, para asegurar tanto la eficaz prestacin de 
sus servicios como la eficiencia de su gestin. Realizar  un 
esfuerzo de cooperacin para la dotacin de las infraestructuras 
requeridas por los servicios municipales fundamentales en todo el 
territorio nacional. Esto contribuir  al logro de una efectiva 
igualdad en las condiciones de vida de sus habitantes, as como a 
promover el desarrollo rural y urbano con un fuerte protagonismo 
de las colectividades locales. Esta colaboracin se realizar  
tanto a travs de la poltica estatal de territorializacin de 
inversiones como por subvenciones y crdito oficial concedido en 
condiciones adecuadas a las peculiaridades de este sector.

IX. PAZ, SEGURIDAD Y Cooperacin INTERNACIONAL: EL FORTALECIMIENTO 
DE LA Posicin DE ESPAA EN EL MUNDO

La aplicacin de las propuestas y medidas contenidas en el 
programa electoral del Partido Socialista de octubre de 1982 ha 
trado consigo la cristalizacin de un proyecto global de poltica 
exterior del que nuestro pas careca. Este proyecto ha permitido 
que la posicin de Espaa en el concierto internacional se haya 
reforzado en estos cuatro aos, en los que se ha logrado:

- Incorporar a Espaa a las Comunidades Europeas.

- Sentar bases slidas de entendimiento con nuestros pases 
vecinos, con los que se han establecido importantes acuerdos 
de cooperacin, entre ellos en materia antiterrorista.

- Contribuir eficazmente a la distensin y al di logo entre 
el Este y el Oeste, especialmente con la aportacin espaola 
al acuerdo final de la reunin de Madrid de la Conferencia de 
Seguridad y Cooperacin en Europa, logrado en septiembre de 
1983.

- Aumentar nuestra presencia en Iberoamrica y nuestro 
compromiso en pro de la paz, la libertad, la defensa de los 
derechos humanos y el logro de mayores cotas de bienestar y 
progreso para sus pueblos, mediante mecanismos de 
cooperacin.

- Avanzar en el proceso de universalizacin de nuestras 
relaciones internacionales a travs del establecimiento de 
relaciones diplomticas con el Estado de Israel.

- Progresar sustancialmente en el desbloqueo del contencioso 
sobre Gibraltar al haberse incluido las cuestiones de 
soberana en las negociaciones entre Espaa y el Reino Unido 
sobre el futuro del Pen.

- Abrir nuevos horizontes y  reas de actuacin para la accin 
exterior de Espaa en los pases de la cuenca del Pacfico, 
en particular Japn, China, Filipinas e Indonesia. as como 
en el frica Sudsahariana.

- Finalmente, se han definido las lneas bsicas de la 
poltica de paz y seguridad para nuestro pas, refrendada por 
el pueblo espaol el 12 de marzo de 1986.
En conclusin, se han puesto los cimientos de una poltica de 
Estado, y se han adoptado las grandes opciones de nuestra accin 
exterior, sobre las que habr  que profundizar en los prximos 
aos, procurando los medios materiales y los mecanismos necesarios 
para llevarlas a la prctica.

Los socialistas consideramos que esta poltica de Estado deber  
contar, en sus grandes lneas, con un amplio consenso entre las 
fuerzas polticas con representacin parlamentaria, para lograr la 
continuidad de la labor emprendida, y garantizar la credibilidad y 
el prestigio de Espaa ante la Comunidad de Naciones.
Para continuar fortaleciendo la posicin de Espaa en el mundo es 
preciso:

1. Garantizar la integridad territorial la soberana nacional y la 
seguridad de Espaa, participando en el esfuerzo conjunto de la 
seguridad occidental y cooperando con los pases ms afines en 
favor de la distensin, el desarme, la solucin pacfica de los 
conflictos y el fomento de la confianza entre los pueblos.

2. Contribuir al fortalecimiento econmico y a la modernizacin de 
Espaa mediante el desarrollo del comercio exterior y la 
cooperacin econmica y tcnica internacional.

3. Difundir la cultura espaola en el mundo y fomentar el 
conocimiento por los espaoles de otras culturas.

4. Defender los intereses de los espaoles en el extranjero, 
procurando tambin que cumplan con la legalidad correspondiente al 
actuar en otros pases.

5. Trabajar en favor de un orden internacional ms pacfico y 
seguro, libre y justo, en el que se superen las enormes 
desigualdades existentes, la extendida violacin de los derechos 
humanos individuales y colectivos, la utilizacin de la fuerza 
militar en las relaciones internacionales y las amenazas para la 
supervivencia de la humanidad.

6. Contribuir a un nuevo orden econmico internacional, 
intensificando los mecanismos de cooperacin y participando en la 
lucha contra el subdesarrollo contra la dependencia econmica 
entre naciones.

7. Desarrollar una accin que favorezca el fortalecimiento de los 
organismos internacionales, fundamentalmente las Naciones Unidas, 
para evitar la violacin de las normas del derecho internacional y 
el recurso al uso de la fuerza.

9.l. LA POLTICA DE PAZ Y  SEGURIDAD

El 12 de marzo de 1986, el pueblo espaol refrend una propuesta 
que ser  en el futuro el marco de referencia de la poltica 
espaola de Paz y Seguridad. A partir de ella, se terminar  de 
perfilar el modelo especfico de presencia de Espaa en el seno de 
la Alianza, partiendo de la decisin de no participar en la 
estructura militar integrada, sin detrimento de los intereses 
generales de los dems pases aliados.

La prohibicin de instalar, almacenar o introducir armas nucleares 
en nuestro territorio respeta y cumple el espritu y los objetivos 
del Tratado de No Proliferacin Nuclear (TNP), yendo incluso ms 
all  de los mismos al incluir la prohibicin tanto de las armas 
propias como de las ajenas. Un avance sustancial en la reduccin 
de los arsenales nucleares existentes que diera cumplimiento a los 
fines del Tratado, podra ser considerado como un elemento 
favorable para la adhesin de nuestro pas al mismo.
La reduccin progresiva de la presencia militar de Estados Unidos 
en Espaa constituye una tarea inmediata que deber  abordar el 
Gobierno de la Nacin, en cumplimiento de lo establecido en los 
trminos del referndum.

El diseo global de nuestra poltica de Paz y Seguridad se 
complementar  en los siguientes aspectos:

a) Intensificar los esfuerzos de negociacin con el Reino Unido, 
en la lnea marcada por la Declaracin de Bruselas de 24 de 
noviembre de 1984, para seguir avanzando, en el marco de la 
cooperacin en el seno de la Comunidad Europea y de la Alianza 
Atlntica, en el desbloqueo del contencioso de Gibraltar.

b) Reforzar el pilar europeo de la seguridad, contribuyendo a 
dotar a Europa de mecanismos adecuados y concertados para la mejor 
defensa de sus intereses y necesidades especficas. Para ello:

- Se iniciar  el proceso para el ingreso de Espaa en la 
Unin Europea Occidental (UEO), en los trminos y 
circunstancias ms adecuados.

- Se realizar n esfuerzos para conseguir dotar a la Comunidad 
Europea, en el marco de la cooperacin poltica, de una 
poltica exterior y de seguridad comn.

- Se completar  la poltica, ya iniciada, de establecimiento 
de una red de convenios bilaterales de cooperacin en materia 
de defensa con los pases de Europa Occidental, que 
contribuya a proporcionar un mayor  mbito de autonoma 
europea en materia de defensa.

La contribucin de Espaa a la paz y seguridad internacionales
En el marco de las relaciones Este-Oeste el Gobierno favorecer  la 
recuperacin del proceso de distensin y el fomento de un clima de 
confianza que facilite, a su vez, el control de armamentos y el 
desarme.

La consecucin de estos objetivos requerir :

- Seguir trabajando activamente en los foros de desarme en los que 
Espaa est  presente (Conferencia de Desarme de Estocolmo y todos 
los foros derivados de la Conferencia de Seguridad y Cooperacin 
en Europa).

- Propiciar la conclusin de Convenios Internacionales sobre 
Prohibicin General de Ensayos Nucleares y Armas Qumicas y 
Bacteriolgicas.

- Propugnar el respeto a los Acuerdos sobre control de armas 
estratgicas (SALT 1 y SALT 11) y el Tratado antimisiles 
balsticos (ABM).

9.2. LA Construccin DE LA UNIDAD EUROPEA

Al haberse incorporado Espaa a la CEE, asume plenamente su papel 
en la construccin de la Unidad Europea. En el marco de la 
cooperacin econmica, dirigir  sus esfuerzos a:

- Organizar el mercado interno con criterios de cohesin 
econmica, buscando un reequilibrio de la CEE mediante el 
reforzamiento de las medidas que tiendan al desarrollo de las 
regiones meridionales y perifricas.

- Dar una respuesta concertada a la actual crisis econmica, para 
que sea posible mantener las conquistas sociales que han hecho de 
Europa un  rea de bienestar y avance social.

- Establecer un pacto europeo por el empleo que coordine polticas 
y comportamientos.

- Realizar una poltica comn en materia de tecnologa avanzada e 
investigacin, articulando una coordinacin que ayude a la 
investigacin de base y al fomento de los grandes proyectos 
tecnolgicos, con el fin de superar el retraso y la dispersin de 
esfuerzos en este terreno.

- Impulsar la cooperacin de Europa con los pases en vas de 
desarrollo en el marco de la Convencin de Lome, intensificando la 
ayuda a los mismos y tratando de ampliar dicho marco para 
contemplar las relaciones con Latinoamrica.

Espaa propiciar  tambin una cooperacin poltica dirigida a que:

- El Parlamento Europeo impulse la construccin de la Europa 
Comunitaria.

- Las Conferencias intergubernamentales y las reuniones de los 
Ministros de Asuntos Exteriores intensifiquen la bsqueda de 
frmulas polticas comunes.
Espaa fomentar  la puesta en prctica de una poltica exterior y 
de seguridad comn, que permita a Europa dotarse de una voz y de 
una voluntad nica.
Esta poltica, para ser eficaz, requerir  tambin relaciones 
bilaterales ms estrechas, tanto con los pases comunitarios como 
con el resto de los pases europeos. En concreto, Espaa:

a) Profundizar  las relaciones con Francia e Italia, en la lnea 
marcada por los respectivos acuerdos y declaraciones conjuntas.

b) Reforzar  las relaciones con Portugal.

c) Mantendr  unas relaciones constructivas y de intercambios 
recprocos con los pases de la Europa del Este.

d) Potenciar  el papel del Consejo de Europa para fortalecer su 
funcin de garante de la legitimidad democrtica de los pases 
miembros y de defensor de los derechos humanos.
Por otra parte, el Gobierno proceder  al desarrollo del Acuerdo 
sobre asuntos econmicos entre Espaa y la Santa Sede, llevando a 
cabo la revisin del sistema de financiacin de la Iglesia 
Catlica. Tambin establecer  acuerdos similares con otras 
confesiones religiosas.

9.3. RELACIONES CON IBEROAMRICA

La incorporacin de Espaa a las Comunidades Europeas ofrece 
nuevas perspectivas a las relaciones espaolas con Iberoamrica. 
La accin exterior del Gobierno profundizar  las relaciones con 
los pueblos iberoamericanos, y tratar  de contribuir a la solucin 
de los problemas ms graves y sensibles que tienen hoy planteados: 

la conquista de la paz, de los derechos humanos y las libertades y 
de su desarrollo econmico, progreso y bienestar.
El Gobierno seguir  esforzndose para contribuir a la solucin 
pacfica de la crisis centroamericana mediante frmulas globales 
de di logo, cuyo punto de referencia sigue siendo la accin del 
Grupo Contadora.

Esta contribucin a la paz debe contemplarse tanto desde la 
vertiente poltica de apoyo y solidaridad con los esfuerzos 
pacificadores como desde la perspectiva de la cooperacin 
econmica y financiera, ya que democracia y desarrollo en 
Centroamrica son necesidades complementarias que se refuerzan y 
condicionan mutuamente.

Se redoblarn los esfuerzos por la defensa a ultranza de los 
derechos humanos y las libertades, respaldando los procesos de 
democratizacin emprendidos, y propiciando la recuperacin de las 
libertades y la vigencia de los derechos humanos en Chile y 
Paraguay.

Se coadyuvar  al progreso y bienestar de los pueblos 
latinoamericanos, apoyando por la va comercial y financiera, y 
dentro de nuestras posibilidades y recursos, sus esfuerzos para 
solucionar el grave problema de la deuda exterior, que ahoga las 
posibilidades de desarrollo de los pueblos, amenaza la paz social 
y constituye un potencial peligro para la estabilidad democrtica 
en muchos pases que han reconquistado recientemente sus 
libertades.

Se establecer n planes de cooperacin en distintos  mbitos, dando 
prioridad a la cooperacin cultural, cientfica y tecnolgica, 
sobre la base del inters mutuo y la complementaridad.
Espaa promover  la realizacin de consultas multilaterales entre 
los pases iberoamericanos sobre temas regionales y globales de 
inters comn, para la cooperacin en foros internacionales y para 
fomentar el di logo Europa-Amrica Latina.
Igualmente favorecer  las iniciativas que tiendan a la progresiva 
integracin regional, impulsando la participacin espaola, con el 
estatuto que se estime oportuno, en las instituciones 
latinoamericanas.

Es preciso adems fomentar los intereses nacionales compartidos 
que dan sentido -sobre todo en el horizonte del V Centenario del 
Descubrimiento- a la idea de una Comunidad Iberoamericana de 
Naciones.

9.4. POLTICA MEDITERRNEA: FRICA Y ORIENTE Prximo

Por razones histricas, culturales y de proximidad geogrfica, 
debemos prestar atencin preferente a la zona del Mediterrneo, en 
la que las tensiones y conflictos existentes constituyen una 
amenaza para la paz y la estabilidad de los pases ribereos y, en 
consecuencia, para la seguridad de la zona.

El Gobierno desarrollar  una labor activa para la solucin 
pacfica de los conflictos, y promover  el respeto a las normas 
del Derecho Internacional.

Deben arbitrarse mecanismos de cooperacin en los  mbitos 
econmico, cultural y de proteccin del medio ambiente, que 
contribuyan a establecer un entramado de intereses mutuos que 
estreche y fortalezca las relaciones entre los pueblos 
mediterrneos y coadyuve al entendimiento mutuo y a la paz.
Sobre estas bases, nuestra accin exterior en el Magreb se 
dirigir  prioritariamente a proseguir la poltica global de 
cooperacin con todos los pases de la zona.

En la bsqueda de la paz y la estabilidad, Espaa contribuir  a la 
solucin del conflicto del Sahara Occidental apoyando las 
Resoluciones de las Naciones Unidas que consideran el conflicto 
del Sahara como un tema de descolonizacin pendiente que no 
concluir  hasta que el pueblo saharaui tenga la oportunidad de 
expresarse vlidamente sobre su futuro en un referndum de 
autodeterminacin con garantas internacionales.

Respecto a Oriente Prximo, Espaa apoyar , tanto en el plano 
bilateral como en los foros internacionales, aquellas iniciativas 
de paz que tiendan a la solucin del conflicto sobre la base de la 
garanta de los derechos histricos del pueblo palestino y del 
derecho del Estado de Israel a vivir dentro de fronteras seguras y 
reconocidas.

En esta lnea de actuacin, el Gobierno se guiar  por los trminos 
de la Declaracin unilateral hecha Pblica con motivo del 
establecimiento de relaciones diplomticas con Israel. Se 
formalizar  la presencia de la OLP en Espaa.
Espaa desarrollar  una contribucin activa en apoyo de las 
iniciativas y esfuerzos de paz que tengan por objeto poner fin a 
la guerra entre Irn-Irak.

Por lo que se refiere al frica Sudsahariana, la poltica exterior 
espaola debe mantener la cooperacin ya existente con Guinea 
Ecuatorial, y tratar de incrementar los intercambios ya iniciados 
con Angola, Camern, Gabn, Cabo Verde y Mozambique.

La relacin bilateral de Espaa con los pases africanos debe 
complementarse en los foros internacionales, manteniendo el apoyo 
a la independencia de Namibia y la condena a la prctica de la 
discriminacin racial por el rgimen sudafricano, aplicando las 
sanciones decretadas por las Naciones Unidas y la Comunidad 
Europea.

9.5. LA Cooperacin  INTERNACIONAL PARA EL  DESARROLLO

Los socialistas mantenemos nuestro compromiso de luchar contra la 
injusta situacin de millones de seres humanos que padecen hambre 
y contra el subdesarrollo y sus consecuencias en numerosos pases 
del Tercer Mundo. Teniendo en cuenta nuestra capacidad y 
posibilidades econmicas, la poltica espaola de cooperacin para 
el desarrollo estimular  el establecimientos de mecanismos 
internacionales que posibiliten el crecimiento de estos pases, 
dentro del respeto a su soberana e idiosincrasia.

Espaa mantendr  en la FAO una posicin de equilibrio entre su 
compromiso europeo, como miembro de la CEE, y el apoyo a las 
justas reivindicaciones de las naciones en vas de desarrollo.
En este  mbito, se prestar  atencin preferente a los pases 
iberoamericanos, y aumentar  la presencia de Espaa en frica 
fortaleciendo la cooperacin en aquellas  reas en las que nuestra 
tecnologa pueda adaptarse a las necesidades de dichos pases. 
Asimismo, se establecer n programas de ayuda que les permitan 
satisfacer sus necesidades bsicas y crecer econmicamente.
Se orientar  a los objetores de conciencia hacia la realizacin 
del servicio civil sustitutorio como cooperantes en pases en vas 
de desarrollo.

Se adoptar n medidas a asegurar la coordinacin de la ayuda al 
desarrollo que prestan los poderes pblicos y las organizaciones 
no gubernamentales.

Se proveer n recursos crecientes, acordes con el desarrollo 
econmico espaol, para el cumplimiento de los objetivos 
mencionados, con el fin de alcanzar un presupuesto de Ayuda 
Oficial al desarrollo equivalente al que destinan a la cooperacin 
al desarrollo los pases del Comit de Ayuda al Desarrollo de la 
O.C.D.E.

9.6. UNA POLTICA DE DEFENSA  PARA LA PAZ Y SEGURIDAD  DE ESPAA

Los socialistas nos proponemos proseguir los esfuerzos para 
conseguir unas Fuerzas Armadas ms eficaces y operativas, que 
cuenten con un alto grado de capacidad disuasoria y adecuadas a 
las necesidades de la defensa nacional y a sus funciones 
constitucionales. La poltica de defensa, destinada a garantizar 
la integridad territorial, la soberana nacional y la seguridad de 
Espaa, se enmarcar  en la poltica de Paz y Seguridad refrendada 
por el pueblo espaol.
En este terreno, se emprender n las siguientes acciones de 
carcter general:

a) Continuar fortaleciendo la conciencia nacional para desarrollar 
la voluntad de defensa de los espaoles ante cualquier amenaza a 
sus libertades, a su independencia y a la paz. Para ello:

- Se disear  un sistema de defensa civil que permita la 
proteccin de la poblacin y de los bienes pblicos y 
privados ante hipotticas situaciones de emergencia, y que 
garantice el funcionamiento de los servicios que sean 
imprescindibles en situaciones excepcionales.

- Se mejorar n los canales de comunicacin de las Fuerzas 
Armadas con los sectores sociales e institucionales, para 
conseguir mayor acercamiento y colaboracin.

b) Se consolidar  el Ministerio de Defensa, integrador de los tres 
ejrcitos, como instrumento para la aportacin racional y 
coordinada a nuestro sistema de defensa de los recursos humanos, 
materiales e institucionales necesarios.

c) Se completar  el Plan General de Defensa y se mantendr  
continuamente actualizado el Plan Estratgico Conjunto, a travs 
de las revisiones previstas en el ciclo de poltica de Defensa.
Por otra parte, el Gobierno continuar  con el proceso de 
modernizacin y mejora de la operatividad de las Fuerzas Armadas. 

Para ello:

a) Se continuar  con el desarrollo de una adecuada poltica de 
armamento y material, de tal modo que nuestras Unidades se 
encuentren dotadas de los sistemas de armas y medidas de combate 
que les garanticen una mayor eficacia operativa, una mayor 
autonoma y un mejor aprovechamiento de los recursos.

b) Se mejorar  el despliegue de las Unidades con un Plan General 
de Infraestructura, con unos rganos centrales del Ministerio de 
Defensa orientados a liberar a los Jefes de los Estados Mayores de 
tareas burocrtico - administrativas, y fortaleciendo unos 
cuarteles generales operativos que les auxilien en el mando y 
direccin de los Ejrcitos.

Para mejorar la situacin personal y profesional de los miembros 
de las FF.AA. se pondr n en prctica las siguientes actuaciones:
a) La configuracin de un marco bsico estatutario de la funcin 
militar, que abarque todo lo relativo a la profesin y sirva de 
encuadre global a una poltica de personal que integre una 
reestructuracin de los cuerpos y escalas y adapte los efectivos 
existentes a las necesidades. Dentro de este marco se tendr  en 
cuenta:

- La actualizacin de la normativa sobre calificacin, 
clasificacin y ascensos del personal militar, sobre la base 
de criterios de idoneidad y respetando el principio de 
igualdad de oportunidades para la obtencin de los requisitos 
y condiciones exigidos para el ascenso.

- La adopcin de un sistema de provisin de destinos que 
conjugue su mayor eficacia con la atencin al desarrollo 
profesional y personal de sus componentes.

b) La continua mejora de la racionalidad y calidad de la enseanza 
militar en el marco de las realidades nacionales, para lo que se 
llevar  a cabo una reestructuracin de los Centros de Enseanza 
Militar, mejorando la calidad del profesorado y de las enseanzas 
impartidas.

c) La formacin y seleccin continuada de los miembros de los tres 
Ejrcitos a lo largo de la carrera militar.
d) La culminacin del proceso de integracin y homologacin del 
personal civil del Ministerio de Defensa.
Se resolver  definitivamente la situacin de quienes en su da 
fueron expulsados de las Fuerzas Armadas por su pertenencia a la 
extinta UMD.

X. EPLOGO

Se han expuesto hasta aqu las lneas generales de actuacin y el 
conjunto de medidas que integran el proyecto del Partido 
Socialista para los prximos aos. Ha llegado el momento de 
destacar que todo ello implica una exigencia de continuidad, el 
avance hacia el futuro por un camino ya emprendido, pues responde 
a las mismas convicciones bsicas que han inspirado la poltica 
llevada a cabo en la legislatura que acaba de finalizar.

Tales convicciones se resumen, en ltimo trmino, en la exigencia 
de hacer plena realidad en Espaa un nuevo concepto de la 
responsabilidad poltica. Es preciso recordar como en la tradicin 
poltica espaola el poder pblico siempre tendi a degenerar en 
un fin en s mismo, en algo cuyo ejercicio vena a ser un nico 
ttulo de legitimidad. Lo que anunci el programa socialista en 
1982 era, por el contrario, una utilizacin instrumental y 
mediadora del poder, esto es, su consideracin de instrumento para 
llevar a cabo una transformacin del Estado y de la sociedad en 
Espaa, o, si se prefiere, una tarea de regeneracin del Estado 
para modernizar nuestra sociedad. Como puede apreciarse en este 
nuevo programa de 1986, se mantiene, e incluso se refuerza, esa 
misma voluntad y orientacin que animaron nuestros proyectos 
iniciales.

Nuestro convencimiento siempre ha sido, en efecto, que la 
justificacin ltima del Estado en una sociedad democrtica 
consiste en su funcin creadora de las condiciones para hacer 
efectivas la libertad, la igualdad y el bienestar de los 
ciudadanos.

Desde esta perspectiva, tanto los logros de estos primeros aos de 
gestin socialista como nuestras pro puestas para la nueva 
legislatura pueden resumirse en un avance sustancial hacia el 
objetivo de una sociedad abierta en Espaa: abierta hacia el mundo 
exterior, y en concreto hacia las posibilidades de un futuro comn 
con los pases europeos ms avanzados. abierta hacia las 
posibilidades de la revolucin tecnolgica que toma cuerpo en 
estos ltimos aos del siglo XX y hacia lo que esta significa de 
superacin y progresos vitales. abierta, en suma, para las 
posibilidades que deriven de la iniciativa y capacidad creadora de 
cada ciudadano en el despliegue de su personalidad.

La finalidad no es otra que la de consumar para Espaa un proceso 
ya avanzado de equiparacin respecto al reducido conjunto de 
pueblos que ocupa hoy la vanguardia de la cultura, la libertad y 
el progreso material, as como de la lucha por la igualdad y la 
justicia.

